Fragilidad ante los incendios forestales

El siniestro en Torres del Paine revela la necesidad de que el Estado resguarde mejor el patrimonio natural y endurezca las sanciones. 

03/01/2012 - 08:47 Editorial Diario La Tercera

HOY SE CUMPLE una semana desde que se inició el incendio que hasta ahora ha arrasado con más de 13 mil hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine en la región de Magallanes. El episodio abre una serie de interrogantes respecto de la capacidad que tiene el Estado chileno para responder de forma oportuna y adecuada a un evento de esta naturaleza, especialmente considerando que hace siete años ocurrió, en este mismo lugar, un hecho de similares características, originado por un descuido de un turista de origen checo. Aquel siniestro destruyó una superficie aun mayor, afectando gravemente la biodiversidad del lugar, que por sus características es única en el mundo, cuya particularidad fue reconocida por la Unesco, al declararlo reserva de la biosfera. 

En esa oportunidad se discutió ampliamente la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para enfrentar siniestros de esta envergadura, sobre todo porque  es recurrente que en períodos estivales ocurran incendios de este tipo. Asimismo, se planteó la necesidad de aumentar los recursos para dotar con más y mejor equipamiento a los organismos encargados de enfrentar  estos episodios y se argumentó la necesidad de endurecer las penas para quienes intencionalmente o por negligencia provoquen focos de incendio. Sin embargo, este nuevo incidente parece indicar que se avanzó muy poco en estas materias. 

Si bien en esta ocasión el gobierno reaccionó decretando zona de catástrofe y adoptando una serie de medidas para combatir las llamas, la difícil topografía del parque, las adversas condiciones climáticas marcadas por fuertes vientos y la escasez de equipamiento y personal calificado en este tipo de sucesos han dificultado las labores de control del fuego. Esto ha obligado al Ejecutivo a solicitar la ayuda internacional de países vecinos y de entidades especializadas en abordar incendios de alta complejidad, lo que en cierta medida demuestra la precariedad de los sistemas de emergencia existentes para responder a tiempo y eficazmente ante una situación de esta magnitud. 

Es poco entendible que ante la repitencia anual de incendios en distintos puntos del país durante esta época (como el que también está ocurriendo en la región del Biobío), el Estado no cuente con el soporte suficiente para afrontar eventos de esta envergadura, deficiencias que se traducen, en este caso particular, en cuantiosos e irreparables daños a la naturaleza. A ello se suman las ingentes pérdidas que podrían afectar a la industria del turismo en esa zona, ya que en estas fechas presenta un incremento importante de visitantes, especialmente extranjeros. 

Aunque la tarea más importante para el gobierno ahora es controlar el incendio que afecta al Parque Torres del Paine, es fundamental que se evalúe la forma más eficaz, técnica y económica  de prevenir y enfrentar este tipo de siniestros en ese y otros lugares remotos, dadas las especiales características que reúne y la necesidad de preservar su belleza natural. Además, es necesario que se revise la legislación vigente, en este caso la Ley de Bosques, con el propósito de endurecer las sanciones a los responsables de estos delitos, que en la actualidad van sólo desde una multa de hasta 4 UTM, o sanciones penales que no superan los 541 días de prisión. Es de esperar que en esta oportunidad el debate no se postergue nuevamente.