El problema con nuestras universidades es que de un tiempo a esta parte, todo en ellas es plata.
por Alfredo Jocelyn-Holt - Diario La Tercera 9/11/2011 - 04:00
ES MUY grave lo que revela el informe del Consejo para la Transparencia sobre universidades públicas. Sus autoridades no cumplen con los requisitos legales de transparencia exigidos. Salvo en un 20% promedio general, muy por debajo de otras instancias estatales, simplemente se resisten a dar cuenta de su gestión administrativa.
La Universidad de Chile, la más antigua y estratégica del país, no provee información financiera alguna sobre sus movimientos económicos, auditorías y remuneraciones; sólo muy parcialmente da cuenta de su presupuesto y participación en otras entidades. Ello no obstante, su rector objeta la opacidad de las universidades privadas (la canalización de recursos con afán de lucro a través de operaciones oscuras y sociedades relacionadas), y resiente que estas privadas pidan al Estado "les entregue recursos de todos los chilenos, sin fiscalización de la Contraloría, para que ellas puedan mejorar aún más su negocio".
La inconsecuencia es flagrante. Se exige de otros lo que no se está cumpliendo ni legal ni en espíritu por quienes presumen para sí una supuesta ejemplaridad al respecto. Se reclama una mayor responsabilidad del Estado para con sus instituciones académicas (mayores aportes basales), pero no se está dispuesto a decir cómo gastan lo que ya reciben. Se quejan amargamente de estar siendo "privatizadas", "desnaturalizando su misión pública", pero actúan tal y cual.
Es un hecho de que la disposición legal que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro no se cumple. La burlan no sólo instituciones privadas, también y, más grave aún, las públicas. Con razón Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado, se ha quejado de vuelta retrucando que las universidades públicas sirven de "marcas" para negocios propios de sus profesores. En efecto, cualquiera que sepa algo de cómo funcionan, percibe que las universidades se manejan como empresas, que obtienen entradas cuantiosas no fiscalizadas, ni incluso internamente (ojo con las fundaciones), por proyectos, consultorías y servicios; éstos sin ningún valor académico, intelectual o cultural según criterios de siempre, que tratándose de instituciones antiguas estratégicas, sí importan, ya que comprometen su reputación.
Lo grave aquí es que se esté usando la universidad para otros fines que los tradicionales. Han sido demasiadas las irregularidades y operaciones asociadas a ventas de activos, a dudosos manejos administrativos, a quiebras de empresas vinculadas, a triangulaciones, y a proyectos no materializados (un rector de la Usach ya cayó preso, y Laguna Carén de la U. de Chile aun exige explicación), como para exceptuar a universidades públicas de requisitos más que atendibles.
El problema con nuestras universidades es que de un tiempo a esta parte, todo en ellas es plata. No existe otro tema que aranceles, becas, créditos, proyectos, concursos, rankings, tomas, paros, movilizaciones, admisiones especiales (para corregir inequidades sociales). La universidad chilena no piensa ni habla de otra cosa. Todo lo cual apunta a un solo común denominador: platas. Y por lo visto, invisibles, fuera del escrutinio público, y sin que se sepa adónde van a parar. No seamos ingenuos.
La Universidad de Chile, la más antigua y estratégica del país, no provee información financiera alguna sobre sus movimientos económicos, auditorías y remuneraciones; sólo muy parcialmente da cuenta de su presupuesto y participación en otras entidades. Ello no obstante, su rector objeta la opacidad de las universidades privadas (la canalización de recursos con afán de lucro a través de operaciones oscuras y sociedades relacionadas), y resiente que estas privadas pidan al Estado "les entregue recursos de todos los chilenos, sin fiscalización de la Contraloría, para que ellas puedan mejorar aún más su negocio".
La inconsecuencia es flagrante. Se exige de otros lo que no se está cumpliendo ni legal ni en espíritu por quienes presumen para sí una supuesta ejemplaridad al respecto. Se reclama una mayor responsabilidad del Estado para con sus instituciones académicas (mayores aportes basales), pero no se está dispuesto a decir cómo gastan lo que ya reciben. Se quejan amargamente de estar siendo "privatizadas", "desnaturalizando su misión pública", pero actúan tal y cual.
Es un hecho de que la disposición legal que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro no se cumple. La burlan no sólo instituciones privadas, también y, más grave aún, las públicas. Con razón Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado, se ha quejado de vuelta retrucando que las universidades públicas sirven de "marcas" para negocios propios de sus profesores. En efecto, cualquiera que sepa algo de cómo funcionan, percibe que las universidades se manejan como empresas, que obtienen entradas cuantiosas no fiscalizadas, ni incluso internamente (ojo con las fundaciones), por proyectos, consultorías y servicios; éstos sin ningún valor académico, intelectual o cultural según criterios de siempre, que tratándose de instituciones antiguas estratégicas, sí importan, ya que comprometen su reputación.
Lo grave aquí es que se esté usando la universidad para otros fines que los tradicionales. Han sido demasiadas las irregularidades y operaciones asociadas a ventas de activos, a dudosos manejos administrativos, a quiebras de empresas vinculadas, a triangulaciones, y a proyectos no materializados (un rector de la Usach ya cayó preso, y Laguna Carén de la U. de Chile aun exige explicación), como para exceptuar a universidades públicas de requisitos más que atendibles.
El problema con nuestras universidades es que de un tiempo a esta parte, todo en ellas es plata. No existe otro tema que aranceles, becas, créditos, proyectos, concursos, rankings, tomas, paros, movilizaciones, admisiones especiales (para corregir inequidades sociales). La universidad chilena no piensa ni habla de otra cosa. Todo lo cual apunta a un solo común denominador: platas. Y por lo visto, invisibles, fuera del escrutinio público, y sin que se sepa adónde van a parar. No seamos ingenuos.
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