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Inserción - Grupo de Académicos de la Universidad de Chile en torno al aporte estatal en una eventual Reforma de la Educación Superior
[Más de mil académicos de la Universidad de Chile
conozco o ubico a varios de ellos, por ejemplo
como Patricio Cordero, Carlos Conca, Nelson Zamorano, Miguel Kiwi,
José Miguel Picquer, Michael BaschCecilia Hidalgo, Romilio Espejo,
Mario Hamuy, Bernardo Subercaseaux, Óscar Landarretche (padre e hijo),
Francisco Brugnoli, Lorenzo Berg, Juan Guillermo Tejeda,
Federico Schopf, Grínor Rojo entre otro(a)s
publicaron una declaración como inserción
en el diario El Mercurio, el domingo 19 de junio de 2011
con el siguiente texto]:
Los académicos de la Universidad de Chile nombrados a continuación
declaramos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública,
la misión y naturaleza de las universidades estatales
y su rol insustituible en la creación y transmisión de conocimiento
desde una perspectiva de bien público.
Frente al recién iniciado debate nacional
sobre una reforma de Educación Superior
son varios los temas preocupantes,
como el inclumplimiento de la ley
que prohíbe el lucro en la educación superior
y la deficiente calidad de la educación universitaria,
en muchos casos.
Desde nuestra perspectiva, nos parece necesario destacar
dos condiciones de base que son fundamentales
y por lo tanto ineludibles en este debate.
En comparación con otras naciones,
las universidades estatales chilenas
reciben el más bajo aporte del Estado,
llevando a una creciente privatización de sus funciones
y evidentes dificultades para cumplir su misión.
Cualquier reforma al sistema universitario,
debe contemplar una regularización de esta situación
que sea sostenible en el largo plazo,
mediante el aumento sustancial
del Aporte Basal del Estado a sus universidades,
única forma en que éstas puedan cumplir
las tareas que les son propias
en la creación y transmisión del conocimiento
que constituye un pilar fundamental
en el desarrollo de la sociedad.
La misma comparación internacional
evidencia que el aporte familiar al financiamiento
de la educación superior (73% del total)
es exagerado comparado
con la media de los países
de la OCDE (16%), planteando
una situación muy difícil
para el presupuesto familiar
e hipotecando el futuro
de una generación joven
al someterla a un fuerte endeudamiento
que condiciona su desarrollo
familiar y profesional.
Es necesario revertir
esta grave situación
mediante un incremento
sustantivo del financiamiento estatal.
En virtud de la trascendencia
de los dos puntos anteriores,
nos parece necesario que,
para entrar en una discusión seria
sobre una reforma de la educación superior,
se parta de la consideración de un aumento
significativo del aporte del Estado.
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