En octubre recién pasado se cumplieron 20 años desde la entrada en vigencia de la Ley 19.253, que fija los elementos fundamentales del marco legal e institucional hacia los pueblos indígenas. Por otra parte, hace poco más de 4 años entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT, que ha introducido un cambio significativo en el tejido de expectativas, demandas y derechos de los indígenas, por una parte, y de las obligaciones del gobierno por la otra.
Mientras tanto, la Región de la Araucanía y parte sensible de la Región del Biobío siguen estando afectadas por un grave clima de tensión social y deterioro de la convivencia. Más allá de las buenas intenciones que han animado a las autoridades de todas las administraciones, la situación no parece mejorar.
Una conclusión intuitiva surge nítida de este escenario: no podemos seguir haciendo lo mismo. Hace rato que existe un importante consenso político respecto a los cambios estructurales que requiere la institucionalidad indígena. El esquema dual de la Conadi –agencia estatal y canal de representación indígena a la vez- está agotado. El gobierno central no cuenta con un organismo de alto nivel que permita la visibilidad e interlocución que requiere un grupo que representa un 11% de la población. Y los pueblos indígenas tampoco cuentan con una instancia que los represente a nivel nacional -a todos sin excepción- en forma autónoma del aparato estatal.
Pero estos cambios requieren de mucho diálogo y acuerdos con los propios pueblos indígenas. No sólo porque el Convenio 169 exige que les sean consultados. Más importante aún, porque sólo un diálogo profundo permitirá que la nueva institucionalidad que surja de él sea el resultado de un proceso genuino de acercamiento y entendimiento. Debemos prepararnos, porque para avanzar vamos a requerir todos de mucha paciencia, escucha y generosidad.
Dos fantasmas acechan este proceso. Por un lado, la cuestión indígena tiene aristas tan sensibles que la administración de turno siempre está expuesta a la tentación de privilegiar el manejo de la coyuntura, “apagar los incendios” y simplemente navegar. Por otro, las carencias institucionales y la expresión pública de las frustraciones acumuladas en muchos grupos de los pueblos indígenas constituyen también una tentación para la oposición de turno en orden a buscar pequeñas ganancias político-electorales a costa de los problemas del momento, que siempre vendrán.
Dos fantasmas acechan este proceso. Por un lado, la cuestión indígena tiene aristas tan sensibles que la administración de turno siempre está expuesta a la tentación de privilegiar el manejo de la coyuntura, “apagar los incendios” y simplemente navegar. Por otro, las carencias institucionales y la expresión pública de las frustraciones acumuladas en muchos grupos de los pueblos indígenas constituyen también una tentación para la oposición de turno en orden a buscar pequeñas ganancias político-electorales a costa de los problemas del momento, que siempre vendrán.
El futuro gobierno, y también la futura oposición, tienen entonces un doble desafío: remontar vuelo por sobre estas pequeñeces para buscar los acuerdos que permitan proponerle al país una política de Estado hacia los pueblos indígenas, y acometer lo anterior manteniendo y profundizando el diálogo con los pueblos indígenas iniciado por la actual administración. A este desafío debemos sumarnos todos con generosidad: sociedad civil, gremios, academia, empresas, organismos internacionales, etc. Nuestro país lo merece.
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