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El tsunami que se viene...‏



Extracto de la charla dada por Lucía Santa Cruz, 
consejera de Liberta yDesarrollo, 
en Seminario de Coyuntura 
27 de noviembre de 2013

“En el programa de Bachelet, desde un punto de vista conceptual, 
lo que se postula es la reconstrucción de la sociedad, 
del sistema político y económico, a partir de una idea rectora única 
—característica principal de los totalitarismos— en aras de la cual 
se sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes 
en una sociedad diversa y plural: la igualdad. 

Igualdad que se obtendría a través de la acción coercitiva 
del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación.”

Así comentaba ayer la consejera de Libertad y Desarrollo, 
Lucía Santa Cruz, el programa de la abanderada de la Nueva Mayoría, 
ante cerca de 80 empresarios, altos ejecutivos y líderes de opinión. 

El crudo análisis político, al que “El Mercurio” tuvo acceso, 
llamó la atención de los asistentes al seminario de coyuntura 
que realiza LyD dos veces al año 
en forma reservada junto a sus suscriptores, 
y que está precedido de un análisis económico, 
que suele estar a cargo del economista 
y ex ministro Hernán Büchi.

Santa Cruz advirtió que el modelo de desarrollo 
que ha traído menos pobreza y mayores oportunidades 
hoy está “gravemente amenazado” y afirmó 
que, tal como dijo Karol Cariola, 
“el programa de Bachelet es el primer escalón 
en el establecimiento del socialismo en Chile”. 

Y explicó que “bajo el concepto del Estado social de derechos 
ningún aspecto de la institucionalidad económica, social y política 
escapa al intento de reforma radical basada en la expansión 
de la esfera del Estado: la previsión, la salud, las isapres, 
la legislación laboral, la operación de los mercados, etc.”.

Así, uno de los puntos que profundizó 
en su intervención fue el de la educación. 

“¿Qué se esconde tras el eslogan 
‘educación pública, gratuita y de calidad?’”, 
dijo respecto de una de las medidas que promueve Bachelet. 

Y así respondió: “El programa de gobierno en materia educacional 
implica el reforzamiento de la provisión estatal de la educación 
en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional. 

El ‘fin del lucro en todo el sistema educativo’ 
es meramente un eufemismo para ocultar 
la destrucción de gran parte 
de la educación particular subvencionada, 
al establecer que no se otorgarán 
subvenciones públicas a aquellos colegios 
que persiguen retribución económica, 
los cuales representan nada más y nada menos 
que el 88% de los colegios subvencionados, 
dentro de los cuales el 93% cobra menos de 15 mil pesos”.

En ese sentido, agregó: 
“La gratuidad me temo que finalmente lo que pretende 
es estandarizar la educación universitaria, 
condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado 
y se transforma así en un instrumento 
para el control estatal de gran parte del sistema educacional”.

Otro de los puntos que abordó fue que, en su opinión, 
el programa incluye un “cambio radical” en el concepto de propiedad. 

“La Nueva Constitución, junto con reconocer formalmente 
el derecho a la propiedad privada, agrega que la Constitución 
‘debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga 
y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. 

En esa línea, se requiere reconocer que la función social 
del derecho a la propiedad privada y a la herencia, 
delimitará su contenido, de conformidad a la ley’. 

En este sentido, los límites al derecho de propiedad 
y a la herencia quedan sujetos al simple arbitrio de una ley. 

En otras palabras de tener rango constitucional 
pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría temporal”.

Desde esa perspectiva, afirmó que buscar que se reconozca 
el “dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable 
e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros 
y del espectro radioeléctrico” implicaría que, por ejemplo, 
en la minería se pueda “imponer desde royalties 
al margen de los impuestos hasta descalabrar 
completamente el régimen institucional de la minería, 
la fortaleza de sus instituciones 
y la permanencia del Decreto Ley 600”.

“Cambio radical” a concepto de democracia

La historiadora apuntó también al régimen político, 
sosteniendo que ese programa implica 
un cambio radical en el concepto de democracia. 

“Elimina los contrapesos al poder de las mayorías, 
como, por ejemplo, algunos de los derechos 
inalienables de las democracias liberales representativas, 
como el derecho a la propiedad; 
limita la libertad de expresión al establecer 
que ‘una ley determinará los límites 
a la concentración de la propiedad 
de los medios de comunicación social, 
tanto monomedial como multimedia, 
así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, 
y la distribución del avisaje público, 
de modo de garantizar el pluralismo informativo 
y el libre acceso a la información’. 

Todo ello en lo que es una clara interferencia 
en las bases económicas que garantizan 
la autonomía y libertad de los medios de comunicación”.

En su crítica establece además que se busca ampliar 
“el espectro de las materias que quedan sujetas 
al arbitrio del Estado llegando al extremo de proponer 
‘la acción permanente del Estado debe instar 
a la modificación de los patrones socioculturales de conducta 
que mantienen estereotipos, prejuicios y prácticas 
basadas en la idea de inferioridad 
o superioridad de algunos de los sexos’”. 

Y, al mismo tiempo, que 
se “limita el poder de los representantes elegidos 
sustituyéndola por formas de democracia directa: 

‘El Estado reconoce el derecho 
a la participación ciudadana 
en la generación de políticas, 
definición de prioridades y gestión de las mismas’”, 
concluyó citando el texto del programa.

Respecto de la institucionalidad, Santa Cruz afirmó 
que “se ha dicho que las reformas constitucionales 
se harán por la vía institucional. 

Esto no es garantía de que no se vayan 
a lograr si no alcanzan los quórums 
pues se establece que la potestad constituyente 
derivada reside esencialmente en el Congreso Nacional, 
pero dictamina, y eso es lo relevante, 
que las diferencias entre el Congreso Nacional 
y el Presidente de la República que se traduzcan 
en un desacuerdo sobre el contenido 
de la reforma constitucional, 
en cualquiera de sus trámites constitucionales, 
deberán ser sometidas a referéndum constituyente 
de forma que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.

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