El apoyo político y social a un cambio del sistema electoral binominal ha tomado fuerza inusitada los últimos meses. El reciente acuerdo de las direcciones políticas de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana parecen viabilizar por primera vez en 22 años una mayoría parlamentaria capaz de ponerle término. En los cuatro gobiernos de la Concertación se presentaron proyectos para cambiar el sistema, pero la mayoría parlamentaria no se consiguió. Reabierto ahora el debate, la alternativa que parece concitar más apoyo para su reemplazo es un sistema electoral proporcional corregido o moderado.
Opuesto a ello, el partido más beneficiado por el subsidio del binominal, la UDI, ha debido retomar los argumentos que utilizó la dictadura —que apoyaron— para justificarlo. Se vuelve a sostener que el quiebre de la democracia en Chile fue efecto de un sistema multipartidista que la representación proporcional potenció. Esta situación se habría corregido por el sistema binominal, al organizar una fórmula partidista, supuestamente funcional a una política moderada y estable.
Cada vez es más claro, para analistas, políticos y opinión pública, que la Ley 18.700 estableció un sistema electoral binominal con el objeto de favorecer la sobre representación parlamentaria de la segunda mayoría electoral. La reacción de la UDI muestra palmariamente quiénes —dentro de la derecha— han sido en los últimos años los sectores beneficiados. Esta es la verdadera razón por la cual se oponen a su reemplazo.
Pero el multipartidismo no se ha reducido: la Ley 18.700 autoriza pactos electorales, lo que permite a los partidos más pequeños obtener representación parlamentaria y, aún cuando éstos se prohibieran, el multipartidismo tendería a imponerse por la vía de pactos por omisión. De esta forma, el número de partidos que actualmente poseen representación parlamentaria no se diferencia significativamente de la situación del período 69-73.
Como otra razón de defensa del binominal se señala que la moderación y la estabilidad eran consecuencia de una competencia bipolar entre dos grandes bloques, Derecha y Concertación. Sin embargo en los hechos, las grandes diferencias, en escaños, se producen al interior de las propias coaliciones, donde las fuerzas más “centristas” fueron reemplazadas en el liderazgo por las más “polares”. En el caso del bloque de derecha la hegemonía UDI sobre Renovación Nacional es innegable y en la Concertación sólo la ruptura del llamado eje progresista ha impedido hasta ahora el aislamiento definitivo de la Democracia Cristiana. Se olvida además que el quiebre de la democracia en Chile fue facilitado por una estructura bipolar de competencia que exacerbó el conflicto político en vez de moderarlo.
Aunque se aceptara el argumento de la moderación de la política, es obvio que ella no es fruto exclusivo del sistema electoral, sino de factores más complejos: capacidad de cooperación entre las fuerzas de centro y de izquierda como producto de la lectura crítica del colapso democrático; los enormes cambios políticos, económicos e ideológicos acaecidos a nivel mundial en los últimos años, como la disolución de la URSS y el término de la Guerra Fría; el que sectores significativos del electorado nacional se hayan ubicado en el centro de las líneas de conflicto político, rechazando posturas intransigentes o confrontacionales —ello, provocado por la experiencia traumática de la dictadura militar y el temor a una involución autoritaria—; el hecho de que la economía chilena exhiba más de veinte años de crecimiento del PIB, y equilibrio macroeconómico, al cual se han sumado aumentos significativos del gasto social y de las remuneraciones reales.
Buscando reaccionar al impacto producido por el acuerdo de las directivas de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana, la “retórica de la reacción” que dirige la UDI y la monocolor prensa escrita nacional, vuelve a explayarse sobre el grave peligro que, según ellos, corre la sociedad chilena si se cambia el sistema electoral binominal por algún tipo de representación proporcional, presentándosela como una amenaza para la gobernabilidad, dadas las dificultades que ella tendría para conformar mayorías parlamentarias de apoyo al ejecutivo.
Pero en Chile no ha existido mayoría parlamentaria bajo el binominal, pues éste no fue nunca el objetivo de dicho sistema electoral. Por el contrario su propósito es sobre representar a la segunda fuerza electoral y facilitar el empate institucional. Así, el binominal chileno no es mayoritario analizado desde los principios:
● de decisión. Para ello se requeriría que la regla de atribución de escaños permitiera a la lista más votada obtener los dos cargos que se disputan en cada distrito o circunscripción. En Chile la lista ganadora necesitaría doblar los votos de su contendora
● de representación. El objeto político de las fórmulas electorales mayoritarias es permitir que un partido político o coalición forme una mayoría parlamentaria, aún cuando no haya tenido la mayoría absoluta de los votos. En Chile ocurre precisamente lo contrario.
Por otra parte, la fragmentación partidista, es presentada como un efecto mecánico de la representación proporcional y también como causa directa de la polarización del sistema de partidos. No se tiene a la vista lo que ha ocurrido empíricamente los últimos veinte años en la inmensa mayoría de las democracias europeas y latinoamericanas, caracterizadas por el aumento del número de partidos y, simultáneamente, la despolarización ideológica.
También se omite en el análisis que muchas democracias con sistemas multipartidistas y representación proporcional —Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, Bélgica y Holanda— no sólo son estables, sino que además económica y socialmente eficaces y puntean tanto en PIB per cápita como en Índices de Desarrollo Humano.
Además, el análisis de la representación proporcional se realiza con el mismo simplismo: es juzgada sin matices, como si todos los sistemas electorales fueran sistemas proporcionales puros, no se analizan sistemas empíricos de representación proporcional, ni se considera que la inmensa mayoría de las democracias actuales poseen sistemas electorales de representación proporcional y sólo el 23% sistemas mayoritarios. Tampoco se recogen las teorías y/o la experiencia empírica de la formación de coaliciones, lo cual es fundamental si se quiere hablar seriamente de la incidencia de los diseños institucionales en la constitución de mayorías de gobierno.
Todos estos antecedentes reafirman que lo que entienden importantes sectores de la derecha por estabilidad institucional y moderación política es más bien el inmovilismo y la incapacidad de cambio social y político, producto de un sistema electoral que institucionaliza el empate en el sistema político, imponiendo severas limitaciones a la vigencia efectiva del principio democrático de la mayoría.
Si algo positivo ya ha sido logrado por el acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, es que cada vez es más claro, para analistas, políticos y opinión pública, que la Ley 18.700 estableció un sistema electoral binominal con el objeto de favorecer la sobre representación parlamentaria de la segunda mayoría electoral. La reacción de la UDI muestra palmariamente quiénes -dentro de la derecha- han sido en los últimos años los sectores beneficiados. Esta es la verdadera razón por la cual se oponen a su reemplazo y no los simplistas análisis que invocan para mantener dichos beneficios.
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