Es clave que el Estado retome el camino de asignar los recursos públicos según reglas impersonales y no según el nivel de presión que cada grupo puede realizar.E ESPERA el pronto anuncio por parte del Gobierno de un conjunto de medidas para ir en apoyo de la región de Aysén, en respuesta a las manifestaciones efectuadas en esa zona durante las dos últimas semanas. Su contenido deberá ser analizado con detención porque sentará un precedente relevante hacia futuro respecto al tratamiento que debe darse a las demandas locales.
Al igual como ocurrió hace un poco más de un año con Magallanes, los reclamos de una serie de organizaciones sociales de Aysén -respaldados por alcaldes, parlamentarios y otras autoridades de la zona-, se refieren al alto costo de la vida y al incumplimiento de una serie de compromisos en materia de mejoramiento en diversas áreas, como salud y educación. Lo que se pide básicamente es un tratamiento especial consistente en subsidios estatales al combustible, diferenciación del salario mínimo o simplemente mayores recursos fiscales para la zona.
Para fundamentar estos beneficios a zonas extremas se dan básicamente dos argumentos: uno es que el país le debe a quienes habitan esa zona una retribución, ya que ellos ayudan a consolidar la soberanía; el otro es que la zona es discriminada por el centralismo que le priva de los recursos que le corresponderían.
En lo primero, ciertamente beneficia al país la instalación y permanencia de personas en zonas extremas o fronterizas donde es necesario consolidar la soberanía o donde se requiere incentivar el poblamiento para potenciar un desarrollo armónico del país. Por lo mismo, es indispensable establecer en forma general y no discriminatoria los criterios para determinar el aporte necesario y la forma de distribuirlo. Lo que no puede ocurrir es que se haga según el nivel de presión que ejerza cada zona, ya que eso puede dejar a muchos sectores injustamente postergados y generar un espiral sin fin de peticiones.
Por su parte, en lo que se refiere a la discriminación en la entrega de recursos fiscales, se trata de un reclamo al que pueden sumarse fácilmente todas las regiones en contra de la Metropolitana. El punto es determinar la forma como los recursos deben ser repartidos y que los ciudadanos reconozcan legitimidad a ese mecanismo. Una forma equivocada de resolver este problema es dejarlo entregado a las presiones de cada grupo -sea por zonas del país, por etnias o gremios- y transformar al gobierno en un árbitro que llega a controlar esas demandas cuando la presión social o política llega a un límite intolerable.
Esto lleva a que la política se transforme no en la competencia por administrar el gobierno en beneficio del bien común, sino en la lucha por controlar el poder que permite repartir el botín del presupuesto estatal en beneficio de quienes sustentan a quien se encuentra detentando ese poder. La historia de los países del tercer mundo que se debaten en la pobreza está plagada de ejemplos sobre los efectos de esta forma de administrar un país. No es el camino que exitosamente siguió Chile en los últimos cuarenta años, donde se buscó privilegiar las reglas impersonales y la evaluación objetiva de iniciativas que involucran recursos públicos, para priorizar las necesidades más urgentes.
El sistema político y económico sólo puede evitar transformarse en el arbitrador de una lucha entre grupos de interés por acceder a los recursos que canaliza directa o indirectamente el Estado, si la forma en que se distribuyen dichos recursos responde a un criterio reconocible como legítimo, general y justamente aplicado. Lamentablemente la sujeción a esta regla se ha debilitado a través de los últimos gobiernos, lo que se refleja, por ejemplo, en una mayor prioridad a demandas de grupos de interés que se presentan como "de la clase media" en desmedro de la atención a la extrema pobreza, o, en un caso puntual, en que para lograr el financiamiento de las millonarias pérdidas causadas por el Transantiago haya sido necesario establecer aportes equivalentes a regiones. Concordante con ese debilitamiento, la respuesta dada por el actual gobierno a las manifestaciones en Magallanes puede haber "bajado" la presión, pero ciertamente no clarificó que se hubiese actuado según un criterio general, técnicamente defendible, equitativo y posible de extender al resto del país.
La actual presión de algunos dirigentes políticos y parlamentarios para disminuir la injerencia del Ministerio de Hacienda en la asignación de los fondos públicos es otro síntoma del deterioro de la capacidad de llevar adelante buenas políticas públicas, al que incluso han contribuido miembros del gobierno.
Ciertamente en muchos casos la negociación es una herramienta útil para determinar lo que corresponde otorgar a una zona o grupo determinado -por ejemplo la compensación por externalidades negativas causadas por nuevos proyectos-, pero la única forma de llevar esto a buen término es que se haga sobre la base de un marco de referencia general. De igual modo, esto no significa omitir el rol que corresponde a los representantes de los ciudadanos -alcaldes,
parlamentarios-, pero lo concentra en transmitir la realidad de lo que ocurre en cada zona y velar porque le sea otorgado lo que corresponde, más que sólo sumarse a medidas de presión.
El país está aquí frente a una definición relevante acerca de la forma como se conducirán los asuntos públicos en el futuro. Más allá de la opinión que se puede dar sobre las propuestas que se presentarán para responder a las demandas de Aysén, lo que corresponde preguntar cuáles son los criterios que las sustentan y que permiten defender un tratamiento especial para sus beneficiarios, más que la sola necesidad de superar un conflicto que causa preocupación a un Gobierno que aparece errático ante este tipo de asedios.
Para fundamentar estos beneficios a zonas extremas se dan básicamente dos argumentos: uno es que el país le debe a quienes habitan esa zona una retribución, ya que ellos ayudan a consolidar la soberanía; el otro es que la zona es discriminada por el centralismo que le priva de los recursos que le corresponderían.
En lo primero, ciertamente beneficia al país la instalación y permanencia de personas en zonas extremas o fronterizas donde es necesario consolidar la soberanía o donde se requiere incentivar el poblamiento para potenciar un desarrollo armónico del país. Por lo mismo, es indispensable establecer en forma general y no discriminatoria los criterios para determinar el aporte necesario y la forma de distribuirlo. Lo que no puede ocurrir es que se haga según el nivel de presión que ejerza cada zona, ya que eso puede dejar a muchos sectores injustamente postergados y generar un espiral sin fin de peticiones.
Por su parte, en lo que se refiere a la discriminación en la entrega de recursos fiscales, se trata de un reclamo al que pueden sumarse fácilmente todas las regiones en contra de la Metropolitana. El punto es determinar la forma como los recursos deben ser repartidos y que los ciudadanos reconozcan legitimidad a ese mecanismo. Una forma equivocada de resolver este problema es dejarlo entregado a las presiones de cada grupo -sea por zonas del país, por etnias o gremios- y transformar al gobierno en un árbitro que llega a controlar esas demandas cuando la presión social o política llega a un límite intolerable.
Esto lleva a que la política se transforme no en la competencia por administrar el gobierno en beneficio del bien común, sino en la lucha por controlar el poder que permite repartir el botín del presupuesto estatal en beneficio de quienes sustentan a quien se encuentra detentando ese poder. La historia de los países del tercer mundo que se debaten en la pobreza está plagada de ejemplos sobre los efectos de esta forma de administrar un país. No es el camino que exitosamente siguió Chile en los últimos cuarenta años, donde se buscó privilegiar las reglas impersonales y la evaluación objetiva de iniciativas que involucran recursos públicos, para priorizar las necesidades más urgentes.
El sistema político y económico sólo puede evitar transformarse en el arbitrador de una lucha entre grupos de interés por acceder a los recursos que canaliza directa o indirectamente el Estado, si la forma en que se distribuyen dichos recursos responde a un criterio reconocible como legítimo, general y justamente aplicado. Lamentablemente la sujeción a esta regla se ha debilitado a través de los últimos gobiernos, lo que se refleja, por ejemplo, en una mayor prioridad a demandas de grupos de interés que se presentan como "de la clase media" en desmedro de la atención a la extrema pobreza, o, en un caso puntual, en que para lograr el financiamiento de las millonarias pérdidas causadas por el Transantiago haya sido necesario establecer aportes equivalentes a regiones. Concordante con ese debilitamiento, la respuesta dada por el actual gobierno a las manifestaciones en Magallanes puede haber "bajado" la presión, pero ciertamente no clarificó que se hubiese actuado según un criterio general, técnicamente defendible, equitativo y posible de extender al resto del país.
La actual presión de algunos dirigentes políticos y parlamentarios para disminuir la injerencia del Ministerio de Hacienda en la asignación de los fondos públicos es otro síntoma del deterioro de la capacidad de llevar adelante buenas políticas públicas, al que incluso han contribuido miembros del gobierno.
Ciertamente en muchos casos la negociación es una herramienta útil para determinar lo que corresponde otorgar a una zona o grupo determinado -por ejemplo la compensación por externalidades negativas causadas por nuevos proyectos-, pero la única forma de llevar esto a buen término es que se haga sobre la base de un marco de referencia general. De igual modo, esto no significa omitir el rol que corresponde a los representantes de los ciudadanos -alcaldes,
parlamentarios-, pero lo concentra en transmitir la realidad de lo que ocurre en cada zona y velar porque le sea otorgado lo que corresponde, más que sólo sumarse a medidas de presión.
El país está aquí frente a una definición relevante acerca de la forma como se conducirán los asuntos públicos en el futuro. Más allá de la opinión que se puede dar sobre las propuestas que se presentarán para responder a las demandas de Aysén, lo que corresponde preguntar cuáles son los criterios que las sustentan y que permiten defender un tratamiento especial para sus beneficiarios, más que la sola necesidad de superar un conflicto que causa preocupación a un Gobierno que aparece errático ante este tipo de asedios.
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