El camino al infierno
Confundir los roles de los privados y el Estado, como lo sugieren incluso propuestas relativamente moderadas, nos podría alejar definitivamente del desarrollo.
por Rolf Lüders - 21/06/2013 - Diario La Tercera
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CIERTAS PROPUESTAS de campaña electoral, analizadas a la luz de la experiencia, hacen recordar aquellos viejos dichos que rezan que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con el mismo obstáculo. En efecto, aquellos candidatos que proponen modificaciones de fondo a nuestro ordenamiento económico-social deben tener las mejores intenciones, pero lamentablemente, parecen no haber aprendido absolutamente nada de nuestra historia.
Mientras Chile tuvo un sistema económico en que el Estado pretendió ser el motor del desarrollo e intervino creciente y discrecionalmente en la economía, nuestro PIB per cápita cayó sostenidamente, desde un 51% de aquel de los Estados Unidos en 1912, hasta un 22% del mismo en 1973.
En cambio, desde 1974, Chile ha estado prosperando, también sostenidamente, al amparo de un sistema económico de mercado, hasta hace poco ampliamente consensuado, en que el Estado juega un rol clave pero subsidiario. Tanto así, que nuestro PIB per cápita es hoy, aproximadamente, el 35% de aquel de los EE.UU., aún distante de aquel que habíamos alcanzado a comienzos del siglo pasado y todavía lejos del requerido para ser un país desarrollado.
El crecimiento ha generado un sorprendente mejoramiento del estándar de vida de todos los sectores, especialmente de los de menores ingresos, y últimamente, ha resultado en una significativa tendencia a la disminución en la desigualdad económica. ¿Por qué no -en vez de volver a prácticas que, por buenos motivos, fracasaron- seguir perfeccionando el modelo que tenemos?
Optar por este último camino no significa en absoluto mantener el status quo. En cambio, implica tomar medidas tales como modificar el sistema binominal para aumentar la competencia política, descentralizar más el poder político, continuar aumentando el apoyo del Estado a la educación, flexibilizar los mercados laborales, reformar los sistemas de pensiones y salud sin alterar los principios que los rigen, perfeccionar las normas ambientales, desarrollar instituciones competentes para evitar tanto los abusos en los servicios públicos, como también la evasión de tributos e imposiciones, etc.
La agenda es muy amplia y sin duda, involucra el fortalecimiento del Estado en lo que es propio de su competencia en una economía social de mercado. Caben al respecto distintos énfasis que se deben resolver en el ámbito político, pero sin olvidar los principios básicos del mencionado ordenamiento social.
Al mercado, competitivo, en una economía social de mercado le corresponde asegurar que los privados produzcan bienes y servicios en forma eficiente. El Estado -principalmente por intermedio de medidas para internalizar externalidades, igualar oportunidades y proveer bienes públicos- debe asegurar que se genere el mayor bienestar social posible. Confundir roles, como lo sugieren incluso propuestas relativamente moderadas, como la creación de una AFP estatal o el crecimiento del gasto fiscal para desterrar el lucro de la prestación de los servicios de la educación, nos podrían alejar nueva, lamentable y definitivamente de la meta del desarrollo.
Mientras Chile tuvo un sistema económico en que el Estado pretendió ser el motor del desarrollo e intervino creciente y discrecionalmente en la economía, nuestro PIB per cápita cayó sostenidamente, desde un 51% de aquel de los Estados Unidos en 1912, hasta un 22% del mismo en 1973.
En cambio, desde 1974, Chile ha estado prosperando, también sostenidamente, al amparo de un sistema económico de mercado, hasta hace poco ampliamente consensuado, en que el Estado juega un rol clave pero subsidiario. Tanto así, que nuestro PIB per cápita es hoy, aproximadamente, el 35% de aquel de los EE.UU., aún distante de aquel que habíamos alcanzado a comienzos del siglo pasado y todavía lejos del requerido para ser un país desarrollado.
El crecimiento ha generado un sorprendente mejoramiento del estándar de vida de todos los sectores, especialmente de los de menores ingresos, y últimamente, ha resultado en una significativa tendencia a la disminución en la desigualdad económica. ¿Por qué no -en vez de volver a prácticas que, por buenos motivos, fracasaron- seguir perfeccionando el modelo que tenemos?
Optar por este último camino no significa en absoluto mantener el status quo. En cambio, implica tomar medidas tales como modificar el sistema binominal para aumentar la competencia política, descentralizar más el poder político, continuar aumentando el apoyo del Estado a la educación, flexibilizar los mercados laborales, reformar los sistemas de pensiones y salud sin alterar los principios que los rigen, perfeccionar las normas ambientales, desarrollar instituciones competentes para evitar tanto los abusos en los servicios públicos, como también la evasión de tributos e imposiciones, etc.
La agenda es muy amplia y sin duda, involucra el fortalecimiento del Estado en lo que es propio de su competencia en una economía social de mercado. Caben al respecto distintos énfasis que se deben resolver en el ámbito político, pero sin olvidar los principios básicos del mencionado ordenamiento social.
Al mercado, competitivo, en una economía social de mercado le corresponde asegurar que los privados produzcan bienes y servicios en forma eficiente. El Estado -principalmente por intermedio de medidas para internalizar externalidades, igualar oportunidades y proveer bienes públicos- debe asegurar que se genere el mayor bienestar social posible. Confundir roles, como lo sugieren incluso propuestas relativamente moderadas, como la creación de una AFP estatal o el crecimiento del gasto fiscal para desterrar el lucro de la prestación de los servicios de la educación, nos podrían alejar nueva, lamentable y definitivamente de la meta del desarrollo.
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