Cartas
Diario El Mercurio, Domingo 15 de Abril de 2012
Señor Director:
En la respuesta de Carlos Peña a la columna de los diputados Tarud (PPD) y Silva (UDI), quienes apoyaban el derecho del ministro Larroulet a mantener la privacidad de sus correos electrónicos, éste argumenta, entre otros puntos, que “en una sociedad democrática, los antecedentes de las decisiones que atingen a todos deben ser susceptibles de ser conocidos por todos”, sin dejar espacio a las autoridades públicas para guardarse para sí mismos “qué intereses sopesaron, qué diálogos tuvieron, qué cálculos hicieron o qué terreno minado tuvieron temor de pisar”. Refutaba así a los diputados, quienes habían dicho que “si las autoridades fueran obligadas a exponer todas sus conversaciones que hacen parte de esos procesos deliberativos, quedarían en una peligrosa situación de asimetría respecto de los grupos de interés a los que afectan sus resoluciones”.
Si el principio que invoca Peña se aplicara de la manera que él lo interpreta, todas las comunicaciones sobre temas de carácter público que las autoridades tengan, en cualquier lugar y de cualquier manera —oral, telefónica o por correo electrónico—, que incluyan comentarios respecto de las actuaciones de otras autoridades, la calificación de políticos opositores o partidarios, y la infinidad de posibles otras conversaciones que al respecto se pueda imaginar y que finalmente conduzcan a “decisiones que atingen a todos” deberían ser susceptibles de “ser conocidas por todos”, incluidos los particulares que las reclamen al Consejo de Transparencia.
El psicólogo cognitivo y estudioso del lenguaje Steven Pinker, explica por qué las personas para interactuar con sus semejantes, a veces usan un lenguaje directo y a veces uno oblicuo, dependiendo de la situación estratégica en la que se encuentren, y fundamenta por qué ello es inherente a la naturaleza humana. Tener siempre la opción de guardar algunos pensamientos sólo para nosotros mismos o de revelar otros a aquéllos con quienes mantenemos cierto nivel de complicidad está en la base de nuestra interacción estratégica consciente o inconsciente. Desarticular esa capacidad a las autoridades públicas por la vía administrativa, invocando el principio al que se refiere Peña, sólo conducirá a perder eficiencia en la deliberación previa a la toma de decisiones de éstas, las que se verán en la necesidad de evitar el uso de correos electrónicos o teléfonos en esa etapa, y de perder un tiempo valioso para trasladar sus reuniones estratégicas a lugares privados (después de todo, seguirán siendo humanos, a pesar del principio de Peña). Obviamente, una vez concluida la deliberación estratégica previa, tanto las decisiones finales, así como su justificación —transcripciones grabadas o actas escritas— deben ser susceptibles de ser conocidas por el público o quien las solicite. Como, a pesar de eso, seguramente subsistirán las zonas grises, ello deberá ser zanjado por la autoridad a quien la sociedad ha entregado esa responsabilidad, el Consejo de Transparencia en algunos casos y los tribunales de justicia en otros.
Álvaro Fischer Abeliuk
Si el principio que invoca Peña se aplicara de la manera que él lo interpreta, todas las comunicaciones sobre temas de carácter público que las autoridades tengan, en cualquier lugar y de cualquier manera —oral, telefónica o por correo electrónico—, que incluyan comentarios respecto de las actuaciones de otras autoridades, la calificación de políticos opositores o partidarios, y la infinidad de posibles otras conversaciones que al respecto se pueda imaginar y que finalmente conduzcan a “decisiones que atingen a todos” deberían ser susceptibles de “ser conocidas por todos”, incluidos los particulares que las reclamen al Consejo de Transparencia.
El psicólogo cognitivo y estudioso del lenguaje Steven Pinker, explica por qué las personas para interactuar con sus semejantes, a veces usan un lenguaje directo y a veces uno oblicuo, dependiendo de la situación estratégica en la que se encuentren, y fundamenta por qué ello es inherente a la naturaleza humana. Tener siempre la opción de guardar algunos pensamientos sólo para nosotros mismos o de revelar otros a aquéllos con quienes mantenemos cierto nivel de complicidad está en la base de nuestra interacción estratégica consciente o inconsciente. Desarticular esa capacidad a las autoridades públicas por la vía administrativa, invocando el principio al que se refiere Peña, sólo conducirá a perder eficiencia en la deliberación previa a la toma de decisiones de éstas, las que se verán en la necesidad de evitar el uso de correos electrónicos o teléfonos en esa etapa, y de perder un tiempo valioso para trasladar sus reuniones estratégicas a lugares privados (después de todo, seguirán siendo humanos, a pesar del principio de Peña). Obviamente, una vez concluida la deliberación estratégica previa, tanto las decisiones finales, así como su justificación —transcripciones grabadas o actas escritas— deben ser susceptibles de ser conocidas por el público o quien las solicite. Como, a pesar de eso, seguramente subsistirán las zonas grises, ello deberá ser zanjado por la autoridad a quien la sociedad ha entregado esa responsabilidad, el Consejo de Transparencia en algunos casos y los tribunales de justicia en otros.
Álvaro Fischer Abeliuk
Cartas
Diario El Mercurio, Lunes 16 de Abril de 2012
Señor Director:
No es necesario citar a Steven Pinker -como lo hace Álvaro Fischer en su carta de ayer- para subrayar cuán necesaria es la intimidad para los seres humanos.
Efectivamente, sin un ámbito vedado a los demás la idea del yo desaparece y la libertad se esfuma. Esa idea no es propia del evolucionismo: se encuentra, entre muchos otros, en San Agustín ( Confesiones , Libro X, 3, 4); en Hobbes ( Leviathan , Londres: J. M. Dent & Sons Ltd. 1957, pág. 34); en Kant ( Idea de una historia universal con propósito cosmopolita , cuarta frase).
De todo eso, sin embargo, no se sigue la consecuencia normativa que defiende Fischer: la necesidad de garantizar una esfera de secreto a la autoridad. Como la autoridad no es más que un rol o papel, que no compromete la humanidad final de quien lo sirve, nada impide que en lo que atinge a su ejercicio pueda haber escrutinio o vigilancia por parte de los ciudadanos ¿Que la autoridad igual tendrá la compulsión de eludir el control? No cabe duda. Si no, es cosa de preguntarle al ministro Larroulet.
Pero nada de eso impide que las sociedades democráticas enseñen a sus autoridades que deben adoptar las decisiones públicas como si lo hicieran a la vista de todos. Es la razón de por qué Bobbio sugirió hablar de teatrocracia en vez de democracia.
Todo eso explica la amplia presencia en el derecho comparado de leyes que favorecen la transparencia de la función pública. Y hasta ahora, gracias a Dios, no se ha sabido de ningún caso de retroceso en la escala evolutiva de quienes se han visto sometidos a ellas. Confiemos en que el ministro Larroulet tenga la misma suerte.
Carlos Peña
No me voy a referir al fondo del asunto
que da para pensarlo y debatirlo más;
lo único que tengo claro es que si
los correos electrónicos de las autoridades
fuesen tan interesantes y bien escritos
como los recientes de los próceres
Fischer y Peña, sería recomendable
que fuesen hechos públicos
no por razones de transparencia
sino, simplemente apelando
al atractivo intelectual y estético,
sin olvidar el sentido del humor.
que da para pensarlo y debatirlo más;
lo único que tengo claro es que si
los correos electrónicos de las autoridades
fuesen tan interesantes y bien escritos
como los recientes de los próceres
Fischer y Peña, sería recomendable
que fuesen hechos públicos
no por razones de transparencia
sino, simplemente apelando
al atractivo intelectual y estético,
sin olvidar el sentido del humor.
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