por Guillermo Larraín
Diario La Segunda, Lunes 09 de Abril de 2012
Una política industrial inteligente debiera estar coordinada con una reforma educacional que la potencie
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El Banco Central ha revisado las cuentas nacionales de los últimos 5 años. Surgen al menos dos conclusiones. La primera es que el crecimiento reciente fue superior a lo que se pensaba. La segunda es que la revisión del producto interno bruto tiene como contrapartida una mayor productividad, la que se ha desacelerado pero todavía en un crecimiento positivo.
Esto contrasta con la idea prevaleciente hasta hace poco según la cual la productividad de factores estuvo constante o incluso retrocediendo durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Los nuevos datos muestran que ello no es así. Estos números son más coherentes con la percepción de todos los observadores de la economía chilena dados los progresos que Chile ha tenido en la última década.
Hay varias lecturas de estos números y habrá que dejar a investigaciones futuras que aclaren ciertos puntos. Algunos quisieron asociar las reformas del AUGE y la previsional (o sea a nuestro “estado de bienestar”) al supuesto estancamiento de la productividad. Otros dirán que “la prueba de que el modelo funciona es que la productividad no se estancó en la última década” y por lo tanto, de cara al futuro, podemos seguir haciendo lo que hacíamos pero en forma más eficiente.
Es la idea que hay que trabajar más, seguro saldrá en la próxima elección: tenemos que discutir si, con una gestión medianamente eficiente del Estado, es posible seguir haciendo lo que hacíamos sin mayores cambios.
¿Qué hemos estado haciendo? Desde la apertura comercial en los años setenta, la estrategia de desarrollo de Chile ha sido dejar que los recursos sean asignados por el mercado sin intervención significativa por parte del Estado.
El resultado se resume en las siguientes dos ideas: (a) Chile se ha especializado en el desarrollo de sectores donde tiene ventajas competitivas y (b) en aquellos sectores ajenos al comercio internacional el afán por ganar en eficiencia ha producido grandes conglomerados que compiten fuertemente con los pequeños, a veces deslealmente, y en algunos casos han abusado de consumidores cautivos.
Ambos elementos tienen una consecuencia común y que todos los sectores políticos hoy condenan: la extrema desigualdad en la distribución del ingreso. Explico.
La mayor parte de nuestro comercio internacional obedece a ventajas competitivas derivadas de ciertos recursos naturales, como el cobre, o de ciertas condiciones naturales excepcionales para el desarrollo de algunos sectores, como el salmón o el vino. En estos casos, la mayor parte de la renta generada por el recurso natural remunera a su propietario. Se trata en varios casos de sectores intensivos en capital el que es controlado por el propietario del recurso. No es de extrañar entonces que el resultado de la operación de esta parte del modelo genere los problemas que constatamos. No es que los salarios en dichos sectores sean bajos: es que la renta es alta proporcionalmente y los empleos generados son pocos.
Los sectores no expuestos al comercio internacional son por el contrario intensivos en mano de obra. Sin embargo, la mayoría de dichos empleos son poco calificados, por ejemplo en construcción o comercio. Por lo mismo, los salarios son bajos. En el contexto de empresas con alta participación de mercado, si los dueños abusan de su poder de mercado, como ha sido el caso recientemente, terminan obteniendo rentas sobre normales.
La constatación es que en la base del problema distributivo chileno hay causas de estructura productiva. Una forma de enfrentar el problema es la promoción de la libre competencia. Esta reforma data de 2002, pero solo fue profundizada en 2009. O sea, estamos frente a una reforma en pañales. Solo en el último año ha habido casos emblemáticos relacionados con el sector alimentación (pollos y cerdos) y el sector transporte (buses). Si las acciones de la Fiscalía Nacional Económica persisten y logran sanciones efectivas, debieran prevenir el abuso de mercado en la medida en que las empresas perciban que hay un riesgo cierto de ser descubiertas.
Hay, sin embargo, dos temas muy de fondo cuyo enfoque es de tan largo plazo que tendríamos serios problemas si tuviéramos que cambiarlos rápido. Afortunadamente, si la productividad crece más de lo que pensábamos se abre una ventana de oportunidad para empezar desde ya a hacer ambiciosas reformas en dos ámbitos complementarios.
Uno es educación. Chile reducirá su dependencia de la exportación de productos primarios solo cuando el nivel de la educación de nuestros ciudadanos sea significativamente superior al actual. Ese es un esfuerzo mayor de gasto fiscal y diseño institucional. Reformas marginales no sirven en este contexto.
El otro es política industrial. Este es un término maldito en la jerga económica nacional, pero constatamos que probablemente no hay otro país en la Tierra con una visión más ingenua respecto de la asignación de recursos que la que tiene Chile. Nuestra estrategia es que la política económica debe ser neutra y promover solo sectores que prestan servicios a todo el resto, por ejemplo, el sector educacional y el financiero. Sin embargo, ello desconoce que muchos sectores económicos enfrentan serias fallas de mercado que solo pueden ser solucionadas mediante una nueva relación público-privada. No hablo de lobby. Hablo de inversiones, compromisos, productividad, largo plazo.
Una política industrial inteligente debiera estar coordinada con una reforma educacional que la potencie. La discusión de estos temas está poco avanzada. Más aún, el diagnóstico no es compartido porque este gobierno, de entrada, terminó con incipientes políticas de clusters que solo funcionan si persisten. Mientras no avancemos en consensuar un diagnóstico común, los dos mayores desafíos pendientes de Chile seguirán ahí y la ventana de oportunidad que nos abren las nuevas cifras del Banco Central podemos definitivamente desperdiciarla.
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