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Riesgos naturales, desastres artificiales


No sabemos dónde se registrará la próxima catástrofe, 
pero sí sabemos que todo Pucón -salvo la península- 
está bajo riesgo inminente de uno 
de los volcanes más activos del país, 
y tenemos al menos 40 localidades en la misma condición. 

También sabemos que parte importante 
de los barrios residenciales del sector oriente de la capital 
están sobre la falla de San Ramón, 
que barrios completos del gran Concepción 
están construidos sobre humedales inundables, 
o que un gran porcentaje de Iquique, 
Antofagasta y La Serena están 
bajo la cota de riesgo de tsunami. 

Sabemos tantas cosas 
que no queremos reconocer, 
que al menos deberíamos aprender las lecciones 
y hacer políticas públicas para aprender 
a vivir reduciendo los riesgos naturales 
y evitando que se conviertan en desastres artificiales.

No se trata de generar una psicosis masiva a lo largo del país, o dilapidar los enormes esfuerzos que las autoridades han hecho para reforzar la red de sismología, monitoreo de volcanes, el SHOA y tantas otras capacidades, pero tampoco podemos seguir ignorando el riesgo o improvisando cada vez que se activa.

El 2010, el Banco Mundial en su documento “Riesgos Naturales-Desastres Artificiales”, advertía que el incremento experimentado en desastres urbanos cambiará las reglas del juego a nivel global. ¿Cuáles son esas reglas del juego y qué estamos haciendo para entenderlas? No basta con reformular la Onemi, o seguir improvisando supraestructuras como los delegados presidenciales. 

Necesitamos con urgencia contar con una política nacional de prevención de riesgos y gestión de desastres. Esta política debiese ser multisectorial, generando una institucionalidad ligera y coordinadora, capaz de atacar el tema en forma descentralizada y permitir -entre otras cosas- la definición precisa de las áreas de riesgo en el país, ya que el desarrollo en ellas implica generar condiciones de seguridad mínimas, tales como vías de evacuación, infraestructuras de mitigación, capacitación a la población sobre el riesgo y estrategias de comunicación.

INGRATO destino el de nuestras ciudades. En menos de tres semanas, dos catástrofes nos han arrebatado una veintena de vidas y dejado sin hogar a cerca de 25 mil familias en el norte grande y en el puerto de Valparaíso.
Mucho se ha debatido si la reconstrucción respetará el arraigo de las familias a los cerros o se las erradicará de las zonas de riesgo. Se ha hablado de responsabilidades políticas, técnicas o simple negligencia por no haber previsto la amenaza, haber regularizado hogares en zonas de riesgo o simplemente hacer vista gorda ante el problema. Valparaíso, con sus cerros inaccesibles para los equipos de emergencia y sus quebradas repletas de basura y campamentos, no era más que una bomba de tiempo haciendo tic-tac hasta que alguien prendiera la mecha.
Lo mismo con el aislamiento y escasa provisión de servicios en Alto Hospicio, o la vulnerabilidad del plano de Iquique y Antofagasta con servicios e infraestructura crítica ubicadas en zona de riesgo de tsunami.
Antes de criticar a las autoridades de turno en cuanto al manejo de la emergencia o la viabilidad de los planes de reconstrucción definitiva, quisiera hacer un llamado para despolitizar el debate, evitar odiosas comparaciones y mirar el tema como un problema de Estado.

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