Se acerca el discurso del 21 de mayo y existe expectación respecto al rumbo que le imprimirá la actual administración a la política indígena. Es cierto que la instalación de un nuevo Gobierno supone una etapa de transición en que se designa a nuevos responsables y se realiza un diagnóstico de los diferentes programas y unidades. Pero el tiempo vuela y se hace cada vez más urgente una carta de navegación e interlocutores claros y visibles en todos los niveles.
Partamos por lo último. Es una buena noticia contar con un intendente de La Araucanía -Francisco Huenchumilla- que conoce el terreno que pisa, tiene capital político y todo indica que está dispuesto a invertirlo, como lo evidenció su publicitada petición de perdón. Hace pocos días asumió también un nuevo Director Nacional de Conadi, Alberto Pizarro Chañilao. Pero no debemos engañarnos respecto a la caja de resonancia que ambos pueden lograr. El propio Intendente Huenchumilla ha sido claro en reconocer que su ámbito de acción está limitado por la jurisdicción del gobierno regional que encabeza. La dirección nacional de Conadi tiene, por su parte, las limitaciones propias de la institución y del hecho que su casa matriz está, precisamente, en Temuco.
El Gobierno tiene pues un primer gran desafío en definir desde dónde se liderará la política indígena a nivel central, no por ceder a un vicio centralista sino porque los pueblos indígenas están a lo largo y ancho de todo Chile y por lo mismo se trata de un tema de país. Pero existe una razón adicional que hace prudente la definición de un responsable a nivel central. Los tres temas que requieren con más urgencia de definiciones -institucionalidad, tierras y consulta- son todas cuestiones que requieren una mirada de Estado y que representan un complejo desafío de coordinación intersectorial. Todos ellos, además, exigen un esfuerzo gigante en términos de diálogo, no sólo porque hay una obligación de consulta a los pueblos indígenas que se debe respetar, sino porque interpelan a la sociedad chilena en su conjunto. Se trata, nada menos, del marco de convivencia que nos queremos dar como país en esta materia.
Tomemos, por ejemplo, el tema institucional. Ya se ha dicho hasta el cansancio que la institucionalidad vigente está agotada. La Conadi tiene contradicciones profundas en su diseño, el gobierno central no cuenta con un organismo de alto nivel que lidere la política indígena, y los pueblos indígenas tampoco cuentan con una instancia que los represente a nivel nacional en forma autónoma.
Por su parte, la política de entrega de tierras a los pueblos indígenas -hay que repetirlo una y otra vez- es uno de los desafíos más complejos que enfrentará la sociedad chilena en los próximos años. Sabemos de sobra cuál es el problema: existe un poder comprador de tierras (la Conadi) cuyos factores internos y externos generan incentivos perversos al clientelismo, corrupción y violencia. Tal como están las cosas, Chile está comprometiendo gravemente la convivencia en parte importante de su territorio.
Y está, finalmente, la implementación de la consulta. Es comprensible que el Gobierno se mueva con pies de plomo en esta materia. Pero la vida continúa y cada día se toman decisiones en diversos ámbitos, muchas de las cuales requieren consulta. Eso exige del Gobierno pro-actividad para definir criterios transversales y realizar dichas consultas aplicando la normativa vigente, lo que no impide que esta última sea perfeccionada en el futuro.
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