por Patricio Arrau
Diario La Tercera, sábado 19 de abril de 2014
Desde hace más de 35 años,
Chile ha venido desarrollando
un paradigma tributario
que apuntaba a recaudar impuestos
para financiar políticas sociales y bienes públicos
que ponía especial énfasis en que el sistema tributario
no genere distorsiones en los agentes económicos.
De hecho, la profesión de los economistas
había mantenido hasta hace poco tiempo
una recomendación bastante consensual:
la redistribución de ingresos
debe hacerse principalmente con la política social
y no con los tributos.
En particular, en el paradigma de tributación chileno
se ha intentado evitar la distorsión entre ahorro
y consumo de parte de los contribuyentes,
lo que se logra poniendo un mayor peso
en la base consumo y liberando
o reduciendo temporalmente las tasas de impuestos
para la parte de los ingresos que van al ahorro,
hasta que no se realice un desahorro para el consumo.
La primera pieza de este paradigma
es la introducción del IVA en los 70.
El IVA grava el consumo final de los chilenos,
es simple de recaudar y representa
cerca del 50% de la tributación.
El segundo elemento de este paradigma
es el sistema de tributación a las empresas,
con una tasa que grava a las utilidades retenidas
por los empresarios a una tasa menor
que la tasa marginal de los tramos altos de ingresos.
En los 80 se introdujo
el novedoso sistema del FUT
para permitir registrar las utilidades retenidas
y hacer consistente
el impuesto a las personas de base retirada
con el impuesto a las empresas de base devengada.
Se rescataba así la integración de impuestos
entre empresas y personas y se evita
gravar dos veces los retiros y dividendos a las personas.
Jamás fue un sistema de subsidio alguno
para empresas en crisis.
Muy mala interpretación de muchos colegas.
Es la única forma de mantener integrado,
es decir sin doble tributación,
el impuesto de base devengado de las empresas
con el impuesto de base retirada de las personas.
El tercer elemento de este paradigma
llegó principalmente
en el gobierno del Presidente Lagos
con las reformas de capitales I (MKI),
reconocidas en su momento
como un “Big Bang Financiero”,
que permitió expandir
el Ahorro Previsional Voluntario,
deduciendo lo que se ahorra para la vejez
de la base imponible de las personas,
y también eliminó la distorsión
que se produce cuando se grava
la ganancia de capital accionaria.
Si se grava la ganancia de capital
y está gravado el flujo de utilidades
que es la fuente de valor de las acciones,
se grava doblemente la misma renta.
Aunque el argumento es válido
para todas las acciones,
esa corrección se aplicó sólo
a las acciones con alta presencia bursátil
por motivos de control tributario
y evitar fuentes de evasión.
Asimismo, en el mismo gobierno
se expandió la ley de fondos de inversión
de 1989 a fondos privados, los llamados FIP,
con el fin de apoyar la industria del emprendimiento.
La ley de FIP también libera del impuesto
a la ganancia de capital
a los proyectos de emprendimiento exitosos
que se venden a un importante múltiplo
respecto de la inversión.
Corfo desarrolló en la década pasada
un agresivo programa de apoyo a esta industria.
En la recientemente aprobada ley única de fondos,
se corrigió el diseño, cerrando los espacios de evasión, exigiendo entrega de información que permite hacer responsables a los administradores de figuras elusivas.
El nuevo proyecto cambia
radicalmente el paradigma descrito.
La redistribución pasa a ser
el eje central del nuevo paradigma.
En el caso de las empresas,
cuya retención de utilidades
es el principal componente
del ahorro nacional, se elimina el FUT
y el ahorro que representa
la retención de utilidades
pasa a estar gravada a la tasa marginal
del impuesto global complementario
del empresario o accionista,
una de las tasas de acumulación de capital
más altas del mundo
para grandes empresas y empresarios.
El capital de riesgo se grava al 35%,
lo que lo hace imposible de sobrevivir.
El cambio es demasiado radical
para hacerlo sin una adecuada deliberación.
De un momento a otro,
el debate profundo y trasparente
dejó de ser un prerrequisito para reformas de fondo.
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