Criminalidad compleja y cambios legales
Los últimos días, hemos sido testigos de hechos delictuales que han provocado alta conmoción pública, incluyendo nuevos bombazos contra unidades policiales y el robo más cuantioso en la historia de Chile. En relación a los ataques con bombas, se vuelve a poner de relieve la imposibilidad de los organismos estatales de hacer frente a las acciones de grupos que utilizan artefactos explosivos. Por su parte, el robo en dependencias del Aeropuerto, constituye un hecho gravísimo, no por el monto de lo sustraído, sino por las serias falencias de seguridad del principal terminal aéreo de Santiago; y, peor aún, existiendo un precedente similar del año 2006, considerado entonces “el robo del siglo”. ¿Por qué en siete años, Chile no ha sido capaz de frenar el fenómeno de los bombazos?; ¿Cómo se explica que delincuentes ingresen al Aeropuerto más importante de nuestro país, portando armas largas, y perpetren un robo frente a la pista donde se estacionan los aviones? La respuesta, podría ser, que como Estado tenemos serias falencias para enfrentar formas complejas de criminalidad.
En el caso de los bombazos, la utilización de artefactos explosivos es un fenómeno al alza, en cantidad e intensidad, que tiende a diversificarse en sus objetivos y a internacionalizarse a través de redes de apoyo y financiamiento. Se trata de células compartimentadas; que utilizan medios de comunicación cerrados y difícilmente accesibles; que se organizan solo para atentar y luego se diluyen, hasta que vuelven a reflotar; en fin, que las conforman personas mayoritariamente sin antecedentes penales, jóvenes insurreccionales, fundamentalmente del circuito okupa, otros descolgados y algunos extranjeros. Sin embargo, ni una de esas circunstancias, ni todas juntas, parecieren ser excusa para justificar la falta de efectividad observada para hacerles frente con el actual marco normativo.
La premisa para legislar supone que, habiéndose utilizado de manera adecuada – en cantidad y calidad- las facultades que la ley le entrega a la ANI, al Ministerio Público y las policías, éstas resultan insuficientes para obtener resultados mínimos, entonces nos abocamos a cambiar la ley. La duda que se plantea es si dichas herramientas legales han sido efectivamente utilizadas. Interesante sería por ejemplo saber, cuántas interceptaciones telefónicas ha requerido la ANI este año en el marco de los bombazos; o cuántos oficios de la ANI no son respondidos anualmente por las policías y las FF.AA; o cuántas reuniones de coordinación ha habido entre el Ministerio Público y la ANI en el marco de las bombas, en los últimos siete años. Si las cifras que arrojan estas preguntas son exiguas, entonces el problema no está en la ley.
Si se estima modificar la ley de inteligencia o la ley antiterrorista, son decisiones que el legislador deberá ponderar; con todo, la posibilidad de utilizar agentes encubiertos como se ha planteado últimamente con mucha fuerza, sea por la ANI, o por las policías a instrucción de un fiscal, no asegura por sí solo resultados positivos, y menos, si no son acompañadas de otras modificaciones, que tampoco se han planteado, como ampliar las facultades para requerir medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los imputados por terrorismo; o aumentar las penas al delito de financiación del terrorismo para perseguir la asociación ilícita; o modificar los estándares de valoración de las evidencias para dar mayor valor a la prueba indiciaria; e inclusive, la facultad de conformar equipos conjuntos de investigación entre fiscales chilenos y extranjeros, tal cual reconocen los tratados internacionales.
Además, en términos tácticos, el uso de agentes encubiertos en el contexto de los movimientos insurreccionales anarquistas es prácticamente imposible, ya que el perfil de los agentes a infiltrar debería bordear los veinte años (¿está dispuesto el Estado a asumir ese riesgo?); y, complejiza todo lo anterior, que no se explica cómo, si se permitiera el uso de agentes encubiertos por la ANI, éstos funcionarios civiles no estuviesen autorizados para utilizar armas, para repeler, por ejemplo, un ataque contra sus propias vidas, en el evento siempre latente de ser descubiertos.
Por ello, mientras se analiza por expertos el tema del terrorismo en Chile (ya dijeron que “en Chile no hay grupos terroristas”, sin embargo existen actualmente investigaciones que van en sentido contrario, lo que es difícil de explicar), y hasta que prospere una moción legislativa, es urgente que: (1) la ANI, el Ministerio Público y las policías, se coordinen de manera real y no solo formal; (2) que el Sistema Nacional de Inteligencia y su Comité, no operen en los hechos bajo lógicas horizontales, tal cual ha sido hasta hoy, sino que logre imponerse el Poder Político, no quedando así el intercambio de información sujeto a la sola buena voluntad de sus integrantes, y que, además, se fijen metas medibles respecto de las cuales se dé cuenta permanente en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados; (3) que la ANI haga efectivamente uso de todas las facultades y recursos económicos que le otorga la ley, incluyendo el uso de informantes y la intercepción de comunicaciones; (4) que las policías mantengan en lo posible sus cuadros de inteligencia y no cambien ni redestinen permanentemente sus miembros, los que deben ser debidamente capacitados y dotados de los medios que requieren; (5) que el Ministerio Público no haga depender el avance de las investigaciones por bombazos, en más facultades, o más recursos, sino que se comprometa a realizar las reestructuraciones internas (que no requieren cambiar la ley) a efectos de liderar y coordinar de manera efectiva una fuerza de tarea permanente, que es lo que finalmente se requiere, que analice, investigue, desarticule, desfinancie, someta a juzgamiento y logre condenar a los responsables de la colocación de bombas, en un plazo determinado y razonable; y (6) lo más importante, lograrlo respetando de manera íntegra los Derechos Humanos, las garantías personales, el Debido Proceso y el sistema democrático en su conjunto. No olvidemos que la primera víctima del terrorismo siempre es la Democracia.
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