Extracto de la charla dada por Lucía Santa Cruz,
consejera de Liberta yDesarrollo,
en Seminario de Coyuntura
27 de noviembre de 2013
“En el programa de Bachelet, desde un punto de vista conceptual,
lo que se postula es la reconstrucción de la sociedad,
del sistema político y económico, a partir de una idea rectora única
—característica principal de los totalitarismos— en aras de la cual
se sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes
en una sociedad diversa y plural: la igualdad.
Igualdad que se obtendría a través de la acción coercitiva
del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación.”
Así comentaba ayer la consejera de Libertad y Desarrollo,
Lucía Santa Cruz, el programa de la abanderada de la Nueva Mayoría,
ante cerca de 80 empresarios, altos ejecutivos y líderes de opinión.
El crudo análisis político, al que “El Mercurio” tuvo acceso,
llamó la atención de los asistentes al seminario de coyuntura
que realiza LyD dos veces al año
en forma reservada junto a sus suscriptores,
y que está precedido de un análisis económico,
que suele estar a cargo del economista
y ex ministro Hernán Büchi.
Santa Cruz advirtió que el modelo de desarrollo
que ha traído menos pobreza y mayores oportunidades
hoy está “gravemente amenazado” y afirmó
que, tal como dijo Karol Cariola,
“el programa de Bachelet es el primer escalón
en el establecimiento del socialismo en Chile”.
Y explicó que “bajo el concepto del Estado social de derechos
ningún aspecto de la institucionalidad económica, social y política
escapa al intento de reforma radical basada en la expansión
de la esfera del Estado: la previsión, la salud, las isapres,
la legislación laboral, la operación de los mercados, etc.”.
Así, uno de los puntos que profundizó
en su intervención fue el de la educación.
“¿Qué se esconde tras el eslogan
‘educación pública, gratuita y de calidad?’”,
dijo respecto de una de las medidas que promueve Bachelet.
Y así respondió: “El programa de gobierno en materia educacional
implica el reforzamiento de la provisión estatal de la educación
en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional.
El ‘fin del lucro en todo el sistema educativo’
es meramente un eufemismo para ocultar
la destrucción de gran parte
de la educación particular subvencionada,
al establecer que no se otorgarán
subvenciones públicas a aquellos colegios
que persiguen retribución económica,
los cuales representan nada más y nada menos
que el 88% de los colegios subvencionados,
dentro de los cuales el 93% cobra menos de 15 mil pesos”.
En ese sentido, agregó:
“La gratuidad me temo que finalmente lo que pretende
es estandarizar la educación universitaria,
condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado
y se transforma así en un instrumento
para el control estatal de gran parte del sistema educacional”.
Otro de los puntos que abordó fue que, en su opinión,
el programa incluye un “cambio radical” en el concepto de propiedad.
“La Nueva Constitución, junto con reconocer formalmente
el derecho a la propiedad privada, agrega que la Constitución
‘debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga
y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común.
En esa línea, se requiere reconocer que la función social
del derecho a la propiedad privada y a la herencia,
delimitará su contenido, de conformidad a la ley’.
En este sentido, los límites al derecho de propiedad
y a la herencia quedan sujetos al simple arbitrio de una ley.
En otras palabras de tener rango constitucional
pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría temporal”.
Desde esa perspectiva, afirmó que buscar que se reconozca
el “dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable
e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros
y del espectro radioeléctrico” implicaría que, por ejemplo,
en la minería se pueda “imponer desde royalties
al margen de los impuestos hasta descalabrar
completamente el régimen institucional de la minería,
la fortaleza de sus instituciones
y la permanencia del Decreto Ley 600”.
“Cambio radical” a concepto de democracia
La historiadora apuntó también al régimen político,
sosteniendo que ese programa implica
un cambio radical en el concepto de democracia.
“Elimina los contrapesos al poder de las mayorías,
como, por ejemplo, algunos de los derechos
inalienables de las democracias liberales representativas,
como el derecho a la propiedad;
limita la libertad de expresión al establecer
que ‘una ley determinará los límites
a la concentración de la propiedad
de los medios de comunicación social,
tanto monomedial como multimedia,
así como la apertura plural del espectro radioeléctrico,
y la distribución del avisaje público,
de modo de garantizar el pluralismo informativo
y el libre acceso a la información’.
Todo ello en lo que es una clara interferencia
en las bases económicas que garantizan
la autonomía y libertad de los medios de comunicación”.
En su crítica establece además que se busca ampliar
“el espectro de las materias que quedan sujetas
al arbitrio del Estado llegando al extremo de proponer
‘la acción permanente del Estado debe instar
a la modificación de los patrones socioculturales de conducta
que mantienen estereotipos, prejuicios y prácticas
basadas en la idea de inferioridad
o superioridad de algunos de los sexos’”.
Y, al mismo tiempo, que
se “limita el poder de los representantes elegidos
sustituyéndola por formas de democracia directa:
‘El Estado reconoce el derecho
a la participación ciudadana
en la generación de políticas,
definición de prioridades y gestión de las mismas’”,
concluyó citando el texto del programa.
Respecto de la institucionalidad, Santa Cruz afirmó
que “se ha dicho que las reformas constitucionales
se harán por la vía institucional.
Esto no es garantía de que no se vayan
a lograr si no alcanzan los quórums
pues se establece que la potestad constituyente
derivada reside esencialmente en el Congreso Nacional,
pero dictamina, y eso es lo relevante,
que las diferencias entre el Congreso Nacional
y el Presidente de la República que se traduzcan
en un desacuerdo sobre el contenido
de la reforma constitucional,
en cualquiera de sus trámites constitucionales,
deberán ser sometidas a referéndum constituyente
de forma que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.
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