DOS MODELOS DE SOCIEDAD EN PUGNA

Escribe Lucía Santa Cruz: “Esta elección es posiblemente la más importante desde el retorno a la democracia, la que presenta más incertidumbre, desgraciadamente no tanto respecto a sus resultados, sino en relación al rumbo posible que tomará el próximo gobierno de la Concertación y del Partido Comunista”.

VARGAS LLOSA escribía hace poco: “Lo prototípico de una elección tercermundista es que en ella todo parece estar en cuestión y volver a fojas cero, desde la naturaleza misma de las instituciones hasta la política económica y las relaciones entre el poder y la sociedad. Todo puede revertirse de acuerdo al resultado electoral y, en consecuencia, el país retroceder de golpe, perdiendo de la noche a la mañana todo lo ganado a lo largo de años…Por esto lo característico del subdesarrollo es vivir saltando, más hacia atrás que hacia delante, o en el mismo sitio, sin avanzar.”

La pregunta obvia hoy es: ¿Estamos nuevamente frente a la típica elección tercermundista como la define Vargas Llosa? ¿Estamos en un punto de inflexión? ¿Estamos, como sostiene la Candidata Bachelet, en el término de un ciclo económico y político? ¿Se trata del fin de la democracia liberal representativa y su reemplazo por formas de democracia directa de tipo plebiscitario y frente a la sustitución de la economía de mercado? ¿Ha llegado el fin del modelo y la implantación del “Otro Modelo”, hoy día en boga?

La hipótesis que quiero plantear es que efectivamente esta elección es posiblemente la más importante desde el retorno a la democracia, la que presenta más incertidumbre, desgraciadamente no tanto respecto a sus resultados, sino en relación al rumbo posible que tomará el próximo gobierno de la Concertación y del Partido Comunista, pues efectivamente la propuesta –como por lo demás lo ha proclamado con claridad e insistencia la propia candidata- es más de cambio radical que dé continuidad como fueron todas las anteriores.

Todo parece estar en cuestionamiento y discusión; nada de lo existente parece inamovible; y cabe preguntarse :¿Es viable un país donde nada es inamovible? Los cuestionamientos se refieren a lo fundamental: las discrepancias no son en el margen, como en una democracia desarrollada, sino medulares. De alguna forma estaríamos volviendo a esas raíces tan proclives a la permanente refundación.

LOS RESULTADOS.

¿Cómo analizar esta perspectiva a la luz de los resultados electorales recientes?

Michelle Bachelet obtuvo 20 puntos de diferencia con la candidata de la alianza y tiene razones demás para sentirse triunfante. Sin embargo, era menos “fenómeno electoral” de lo que se creyó y, a pesar de haber establecido como su objetivo principal de campaña ganar en 1era vuelta, no lo logró, y obtuvo un número de 500 mil votos menos que en su última elección y un porcentaje muy inferior, por ejemplo, al de Frei, todo lo cual por lo demás era esperable debido a la proliferación de candidatos. El voto voluntario permitió un 52% de participación ciudadana, cifra muy similar a la de EEUU y 12% más alta que la de Suiza. No es posible realmente interpretar la razón de la abstención pues no necesariamente responde a un acto de rebeldía frente al sistema, como se quiere sostener. Puede, por el contrario, deberse a que esos ciudadanos que no votan no creen que haya algo particularmente decisivo en juego. Cuando lo ha habido, como el año del plebiscito la abstención fue cercana a cero.

Al contrario de los peores augurios, la derecha no fue arrasada en las parlamentarias como en los años 60, como algunos pronosticaban. La candidata de la Alianza, por su parte, obtuvo más votos que lo que las encuestas pronosticaban, pero no alcanzó siquiera la votación que obtuvieron los candidatos al parlamento de su coalición. 25% vs. 38%

Dicho eso, a mi juicio, el dato político más relevante sin lugar a dudas es la magnitud del triunfo de la Nueva Mayoría en el Congreso, en gran medida debido a los doblajes permitidos por el sistema binominal, que le dio una representación 10% más alta que su votación efectiva. Esto podría perfectamente permitirle, en alianza con independientes y/o díscolos de RN o UDI, llevar a cabo la totalidad de las transformaciones estructurales profundas que propone su programa de gobierno. (Ello considerando, por ejemplo, que el Senador electo de R.N. Ossandón ya ha dicho que es partidario de la reforma tributaria, que no hay que estigmatizar la asamblea Constituyente y que él es partidario de la educación gratuita para todos)

En este contexto es indispensable entender a cabalidad al menos algunos aspectos medulares del programa de gobierno de Michelle Bachelet.

Desde un punto de vista conceptual lo que se postula es la reconstrucción de la sociedad, del sistema político y económico, a partir de una idea rectora única —característica principal de los totalitarismos— en aras de la cual se sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes en una sociedad diversa y plural: la igualdad. Igualdad que se obtendría a través de la acción coercitiva del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación. Igualdad que se pretende alcanzar, como ya tantas veces se ha intentado, por medio de mayores impuestos, mayor distribución de los ingresos, el aumento del gasto público, el establecimiento de derechos colectivos universales garantizados constitucionalmente (al margen de su viabilidad económica efectiva real) y una intromisión vasta y sostenida del Estado en ámbitos de las conductas y valores pertenecientes a la vida privada y que en una democracia liberal deben quedar fuera del ámbito de la soberanía popular . Como reza el programa: “Reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente, debe ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas, no sólo la educativa” La Nueva Constitución sustituye el concepto del Estado Subsidiario pues “deberá consagrar un Estado social y democrático de derecho, que asume los derechos económicos, sociales y culturales como verdaderas obligaciones de la actividad estatal, para asegurar mínimos de igualdad social para un disfrute efectivo de todos los derechos”.

Al respecto, es importante diferenciar entre aquellas propuestas que, siendo importantes y a veces graves, como la reforma tributaria, no son propiamente medulares y aquellas que implican un cambio permanente y fundamental del sistema político y económico.

En efecto, se proponen mayores gravámenes tributarios a las empresas que cambian el eje para favorecer la actividad del sector público por sobre el privado, y el gasto social por sobre la generación y mejoramiento de los empleos a través del crecimiento. Ello implica que en los últimos 8 años el impuesto a las empresas habrá experimentado un incremento impositivo de 50%, sin considerar el retiro del FUT, lo cual sin ser economista, es fácil identificar como una seria constricción a la productividad de las empresas.

Sin embargo, aunque menos llamativas, son otras las propuestas que deben suscitar una verdadera preocupación porque crean situaciones muy difíciles de revertir.

EDUCACION

Entre ellas, aquellas referidas al sistema educacional. ¿Qué se esconde tras el slogan “educación pública, gratuita y de calidad”?

El programa de gobierno en materia educacional tiene como objetivo principal y casi excluyente la igualdad, incluso proponiendo medidas que claramente conspiran contra la calidad; implica el reforzamiento de la provisión estatal de la educación en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional. El “fin del lucro en todo el sistema educativo” es meramente un eufemismo para ocultar la destrucción de gran parte de la educación particular subvencionada, al establecer que no se otorgarán subvenciones públicas a aquellos colegios que persiguen retribución económica, los cuales representan, nada más y nada menos, que el 88% de los colegios subvencionados, dentro de los cuales el 93% cobra menos de 15 mil pesos. Por otra parte, con el objetivo de imponer esta igualdad de logros, prohíbe, por un lado, toda selección (con lo cual termina con los liceos emblemáticos) y por el otro, el derecho de los padres más vulnerables a contribuir a la educación de sus hijos a través del financiamiento compartido, dejando la posibilidad de invertir en mejor educación para los hijos restringida solamente a los más ricos. En la misma lógica, en los niveles de educación superior que pasa a ser “un derecho social efectivo” se cambian los sistemas de selección creando “cupos de equidad” equivalentes al 20 % de la matrícula para estudiantes del 40% más vulnerable, al margen de logros académicos o rendimiento. La gratuidad universal, me temo que finalmente lo que pretende es estandarizar la educación universitaria, condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado y se transforma así, en un instrumento para el control estatal de gran parte del sistema educacional.

DERECHO DE PROPIEDAD

El programa también incluye un cambio radical en el concepto del derecho de propiedad. La Nueva Constitución junto con reconocer formalmente el derecho a la propiedad privada, agrega que la constitución “debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley.”. En este sentido los límites al derecho de propiedad y a la herencia quedan sujetos al simple arbitrio de una ley. En otras palabras, de ser un derecho personal con rango constitucional pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría temporal. Confirmando este mismo espíritu dice que se “declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. Y más aún “La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico.” Con dicha prescripción constitucional se permite la más amplia gama de reformas al régimen constitucional y legal de la minería, en momentos en que esta actividad atraviesa por múltiples problemas como la escacez de agua, el costo de la energía, el precio de los metales, la ley de los minerales, las presiones de las comunidades indígenas y las exigencias ambientales. En efecto, permite desde imponer royalties al margen de los impuestos, hasta descalabrar completamente el régimen institucional de la minería, la fortaleza de sus instituciones y la permanencia del decreto ley 600.

Más relevante aún, el programa insinúa con claridad un cambio radical en el concepto de democracia.

La democracia liberal representativa ha dado forma política, en la era moderna, a estos ideales de libertad individual y autonomía personal, porque reconoce que el gobierno, incluido el gobierno democrático de las mayorías, representa una amenaza potencial a la libertad de las personas. Esto se fundamenta en la sabia premisa de que los gobernantes no son ni mejores ni peores que la media ciudadana, no son ni más virtuosos, ni más sabios, ni más altruistas, ni más generosos y que, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Por eso, para vivir en sociedad, entregamos a los gobernantes una parte de nuestra libertad individual, para asegurar una convivencia ordenada con nuestros semejantes. Lo importante, empero, es que sólo entregamos una parte de nuestra libertad y delegamos en el gobierno sólo aquellas funciones que por nosotros mismos, o a través de organizaciones voluntarias espontáneas, no somos capaces de realizar, pero mantenemos nuestros derechos individuales inalienables.

Estas son – en forma muy simplificada- las bases filosóficas subyacentes al modelo de organización político-económica basada en la economía de mercado, la democracia representativa y un gobierno limitado en sus esferas de acción, que Chile adoptó hace 25 años.

DEMOCRACIAS TOTALITARIAS.

Pero la idea de la democracia representativa, de la importancia de la libertad individual y de gobiernos limitados por mecanismos como, la separacion de poderes y los derechos individuales intransables, ha estado, desde sus orígenes, en pugna con las llamadas democracias totalitarias, y fue seriamente disputada por las democracias populares del siglo XX, especialmente en la órbita soviética. Las democracias llamadas populares, que entregan poderes ilimitados a los gobiernos, al igual que los populismos, se basan en la peligrosa premisa de que nada que los gobiernos hagan puede violentar la libertad; la libertad estaría garantizada por la actuación del gobierno, ya que el gobierno, por definición, por e1 mero hecho de ser mayoritario, actuaria para el bien del conjunto. En otras palabras, la soberanía popular —se estima— no puede errar, no puede equivocarse. En esta escuela democrática, se crea una pretendida identificación entre el individuo y el gobierno. Se cree, en consecuencia, que el gobierno, si es la expresión de la mayoría, no existe el peligro de que coerciones a los individuos y, por ende, se justifica siempre la ampliación indefinida de la esfera del gobierno y la intromisión del gobierno en todos los ámbitos de la vida individual de las personas. El poder, por lo tanto, no requiere limitaciones, contrapesos, ni equilibrios.

Las propuestas constitucionales del programa de Bachelet hacen precisamente eso:

1. Elimina los contrapesos al poder de las mayorías, como, por ejemplo, algunos de los derechos inalienables de las democracias liberal representativas, como el derecho a la propiedad; limita la libertad de expresión al establecer que “Una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto mono-medial como multimedia, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información”. Todo ello en lo que es una clara interferencia en las bases económicas que garantizan la autonomía y libertad de los medios de comunicación.

2. El Tribunal Constitucional, otro órgano que actua de contrapeso a los gobiernos, se estima que es “es una institución contra mayoritaria, pues tiene el poder de contrarrestar decisiones democráticas” y para ello, se propone que también sea designado por el poder político y sin injerencia de la Corte Suprema.

3. El Banco Central, que también restringe el poder de los gobiernos sobre el dinero, también ve amenazada la autonomía de que goza en la actualidad. Se reafirma nominalmente la autonomía pero se la limita al afirmar : el “Banco Central, Consejo para la Transparencia y las instituciones fiscalizadorasson situadas en la Administración institucional, se les reconoce su autonomía y la ley establecerá la medida de la autonomía y de la configuración de sus competencias.” En otras palabras queda sujeta a una reforma de la ley el grado de autonomía y sus verdaderas facultades.

1. Amplia el espectro de las materias que quedan sujetas al arbitrio del Estado llegando al extremo de proponer cambios en los patrones socio culturales, impulsados por y desde el Estado para promover la igualdad “dentro de la familia en relación con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos”y definiendo los deberes constitucionales que las personas tendrían , no sólo frente al Estado sino también “frente a la comunidad en que viven, de suerte que los deberes superen concepciones individualistas que niegan la necesidad de la cooperación y la solidaridad social.”
2. Se afirma: que Le corresponde al Estado favorecer el igual acceso de mujeres y hombres a cargos de elección popular, “así como a puestos de responsabilidad profesional y social.” O sea, el Estado podría decidir la distribución por género de los cargos en la empresa privada para “ alcanzar la mayor igualdad posible efectiva”.

El programa no sólo elimina radicalmente los contrapesos a las mayorías sino que limita el poder de los representantes elegidos sustituyéndola por formas de democracia directa. En una democracia liberal representativa son los representantes elegidos quienes dirimen los conflictos de intereses legítimos que existen en toda sociedad, dictan y gestionan las políticas públicas. La propuesta de Bachelet es que sea la “ciudadanía” (¿La calle?, ¿cómo se expresa? ) la que genere las políticas, defina las prioridades y las gestione. (“El Estado reconoce el derecho a la participación ciudadana en la generación de políticas, definición de prioridades y gestión de las mismas)

Se ha dicho que las reformas constitucionales se harán por la vía institucional. Esto no es garantía de que no se vayan a lograr si no alcanzan los quórums pues se establece que “Las diferencias entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República que se traduzcan en un desacuerdo sobre el contenido de la reforma constitucional, en cualquiera de sus trámites constitucionales, deberán ser sometidas a referéndum constituyente de forma que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”

La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición.

En relación a los temas valóricos se consagra una propuesta claramente anti religiosa una nueva concepción del Estado Laico que prohíbe “toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa”. Por otra parte, la consagración de “los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” es otro eufemismo para la legalización del aborto por simple decisión de la mujer.

En suma, como afirmaba la dirigente comunista Karol Cariola, el programa es el primer escalón en el establecimiento del socialismo en Chile, según ella, en el patrón de Ecuador, Venezuela y Cuba. Lo que se intenta crear no es solamente un Estado Bienestar social demócrata sino un “Estado social y democrático de Derecho” Por eso, Corresponde también al Estado garantizar el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la protección de la salud, a la seguridad social, el derecho de las personas con discapacidad y de la tercera edad, el derecho al goce del medio ambiente libre de contaminación. “

De este modo, bajo el concepto del Estado social de derechos ningún aspecto de la institucionalidad económica, social y política escapa al intento de reforma radical basada en la expansión de la esfera del Estado: la previsión. La salud, las isapres, la legislación laboral, la operación de los mercados, etc. etc.

La pregunta clave es cuál es la viabilidad de estas reformas entendiendo que ellas han sido suscritas por todos los partidos de la Nueva Mayoría y que existe la posibilidad cierta de tener las mayorías necesarias para implementar más del 70 % del programa sin requerir votos de la alianza y más, en acuerdos con otros sectores independientes. Obviamente la Nueva Mayoría es una coalición muy heterogénea y en la medida en que se tengan que concretar en la práctica estas transformaciones es posible que afloren diferencias difíciles de conciliar. Una vez más el rol decisivo lo jugará la DC que a pesar de la radicalización de la composición del Congreso tiene con sus 23 diputados un tercio del total de diputados, y con sus 6 senadores 1/3 de los senadores de la Nueva Mayoría y son, por lo tanto una fuerza política determinante a la hora de concretar la agenda. Dicho eso, hay que tener presente que el Presidente del Partido de la DC ha dejado claro que los demócratacristianos estarían “a la vanguardia” dela implementación de este programa. Es más, lo más predecible es que cualquiera obstaculización del programa a nivel parlamentario agudizará la acción de la calle, ahora exacerbada por el PC desde el Parlamento mismo, lo cual podría ciertamente inhibir la manifestación de cualquiera disidencia demócrata cristiana, como sucedió durante las protestas estudiantiles.

Ahora bien, lo que más me habría gustado es analizar las causas profundas de esta verdadera debacle política de la derecha tras 4 años de gobierno. Me abstendré por razones de oportunidad, pero es imposible no señalar el malestar profundo que creo representar frente al cúmulo de errores inaceptables de todos los sectores de la centro derecha, incluidos los partidos y sus dirigentes, el gobierno y sobre todo, ese electorado indolente, acomodaticio, apático, individualista al extremo de no reconocer la dimensión política de sus propias vidas y futuro, que busca el candidato hecho a la medida de sus gustos personales, carece de la educación cívica mínima indispensable de saber que la política es la única forma no violenta de dirimir los conflictos que existen en la sociedad, que se vota por proyectos políticos y no por personas y que se dan el gusto no solamente de no contribuir a las candidaturas ni con fondos ni con tiempos sino que tampoco es capaz de levantarse a votar.

Si quisiera señalar porque eso nos atañe como institución que la causa subyacente profunda del fracaso político radica en que nuestro sector, en el fondo, cree que hay una contradicción entre el modelo de economía de mercado y la justicia y la cohesión social; cree que la única justicia social posible depende de los modelos distributivos y recurre a ellos cuando apela al bien común. En política un grupo que sólo se promueve por su eficiencia y eficacia y no es capaz de transmitir un sentido de lo justo propio difícilmente puede tener una plataforma de largo plazo que perdure en el tiempo. Ello es particularmente inexplicable si consideramos que — y por eso LYD existe— la única fórmula que ha traído a este país menos pobreza, mas bienestar, mayores grados de igualdad en todos los ámbitos, más oportunidades, más movilidad social, mas meritocracia es precisamente el modelo de desarrollo hoy tan gravemente amenazado.◙