Emergencias: lecciones aprendidas

Se vio a un gobierno capaz de enfrentar ordenadamente los hechos y sin vacilaciones a la hora de utilizar las herramientas que la institucionalidad le entrega...

Aunque incomparablemente inferior en magnitud y efectos a la catástrofe del 27 de febrero de 2010, el sismo que afectó ayer a la zona norte volvió a poner a prueba nuestro sistema nacional de emergencias. Cuatro años después de que se evidenciaran inaceptables debilidades en la respuesta real y política del Estado frente a una situación así, con un doloroso costo en vidas humanas y pérdidas materiales, el país parece haber aprendido de esa amarga lección.

La adecuada coordinación entre el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y la Onemi para la pronta declaración de la alerta y luego alarma de maremoto en todo el litoral, y las consecuentes medidas de evacuación, surge como una diferencia fundamental con lo vivido antes. Las advertencias que desde hace años se formulaban respecto de la alta probabilidad de un terremoto, así como la sucesión de sismos que en las últimas semanas afectaron a la zona, pudieron sensibilizar a la población, pero también ha de reconocerse el trabajo educativo (incluida la realización de masivos ensayos) que ha venido desarrollando la autoridad. Por cierto, durante la evacuación de las zonas costeras del país hubo algunos problemas, como el atochamiento de calles, agravado por la oscuridad; a eso se agrega el que en Arica no se hayan activado las sirenas de alarma, debido a su dependencia de una red eléctrica cortada. Aun así, el proceso se desarrolló de modo satisfactorio. Igualmente, la red de comunicaciones se mantuvo funcionando, siendo claves los sistemas de mensajería de textos e internet. Un desafío urgente es recuperar a la brevedad el normal abastecimiento eléctrico, pues la oscuridad incentiva el saqueo y aumenta la inseguridad de las personas.

Hacia adelante, queda planteada la necesidad de mejorar los modelos predictivos de posibles inundaciones tras un sismo, materia que ya es objeto de investigación académica, y que permitiría focalizar y optimizar la adopción de medidas preventivas. En el largo plazo, también es importante incorporar al ordenamiento territorial -particularmente en lo referido a la ubicación de recintos como hospitales, colegios o cárceles- la larga experiencia en catástrofes que acumula el país.

El hecho de que nuevamente haya debido la Presidenta Bachelet -ahora en su segundo mandato- encontrarse al frente del país durante una situación de emergencia ha permitido constatar también un valioso aprendizaje político en esta materia. A diferencia del 27-F, anoche se observó un gobierno que enfrentaba ordenadamente los hechos, en lugar de ser sobrepasado por ellos, con la Mandataria siguiéndolos desde el lugar en que le correspondía hacerlo, el Palacio de la Moneda, y las autoridades de Interior concentrándose en la Onemi y asumiendo allí las tareas que les asigna el Plan de Protección Civil. No hubo vacilaciones para, primero, disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas ante el riesgo que suponía la apertura de la cárcel de Iquique -con la salida de unos 300 reclusos que debían reintegrarse a ella- y, posteriormente, declarar estado de catástrofe en las dos regiones más afectadas, entregando a autoridades del Ejército y la FACh, respectivamente, la responsabilidad del orden público. Tal proceder es el propio de un gobierno que, ante una grave emergencia, utiliza las herramientas que para esos efectos le entrega la institucionalidad, en lugar de paralizar o demorar su acción por estériles prejuicios ideológicos o estrecho cálculo político.

Es claro que aún le queda al país mucho por mejorar en su capacidad para enfrentar los recurrentes embates que le depara su particular situación geográfica. Pero es también reconfortante constatar que en esta materia ha habido un claro avance y que los valiosos pasos que dio el gobierno anterior para optimizar esa capacidad parecen encontrar una adecuada continuidad en la nueva administración.