El caso era simple frente a la normativa constitucional. El Presidente de la República, en su calidad de colegislador, puede vetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso, formulando las observaciones que estime convenientes, a condición de que no se excedan de las ideas matrices o fundamentales (salirse de lo debatido). Ha sido así desde siempre y no sólo con la Constitución vigente. En su momento, el Presidente Piñera vetó dicha ley, básicamente suprimiendo diversos párrafos. Para que el Congreso se impusiera al veto e hiciera prevalecer el texto aprobado por él, se requería el voto conforme de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras, los que la oposición no tenía.
Entonces, por mayoría simple recurrió a la triquiñuela de declarar inadmisibles las observaciones por ajenas a las ideas matrices. El gobierno llegó a un acuerdo, y a cambio de que le aprobaran algunas, admitió el rechazo de otras. Un grupo de senadores que se vio privado de conocer el veto en su integridad, como era su derecho, presentó un requerimiento por infracción a la Constitución. Y con razón, pues oponerse a lo que se aprobó no es salirse de las ideas matrices: vetar, en su sentido más elemental, es estar en contra de algo e impedir que prospere; en eso consiste la atribución y fue lo que se hizo.
El tribunal rechazó el requerimiento con diversas consideraciones, pero, en definitiva, dijo que hay que respetar los acuerdos políticos, porque eso es lo propio del Congreso. Lo que olvidó la mayoría del tribunal es que los acuerdos políticos se construyen sobre la base de las normas, no irrespetándolas para obligar a negociar. Y, también, que su tarea es ponerse sobre la contingencia política y hacer que se respeten las reglas del juego.
Llamó la atención que el voto que permitió el rechazo lo diera el ministro Raúl Bertelsen, de quien hubiéramos esperado otra cosa. Aunque no dejó de tener razón: el propio Presidente se conformó y no defendió su prerrogativa, aunque en verdad el caso era que la minoría del Senado estaba defendiendo la suya. Además, dijo que acoger el requerimiento ahora no tendría sentido, porque declarada la nulidad de la votación, la Presidenta Bachelet podría retirar el veto antes de que se repita. A esta altura, cierto. Una vez más, el gobierno anterior no hizo lo que debía y oportunamente, sólo para poner el tilde “aprobado” cuanto antes a un proyecto de ley.
Con lo resuelto ha desaparecido de facto el veto presidencial y quizás ha comenzado el desguace de la Constitución -la que Gonzalo Cordero en estas mismas páginas llamó un “muerto jurídico caminando”-; y eso con la venia de su principal guardián. ¿Adónde puede llegar esto? Nadie sabe, pero recuérdese que con la Constitución de 1833 se pasó del presidencialismo a un parlamentarismo caótico sin cambiar en ella ni una coma. Imagínese con una asamblea constituyente hecha al paladar de la calle.
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