Pedro Pablo Rosso: "Parece pertinente que el Gobierno convoque a todos los actores de la educación superior y al sector productivo a un diálogo sobre el futuro de la educación superior..."
El actual debate sobre educación superior, motivado por el deseo de las universidades estatales de recibir un "trato preferente", las declaraciones del ministro de Educación sobre el papel de esas instituciones, y la defensa que hacen las universidades privadas del Consejo de Rectores (CRUCh) sobre su aporte de bienes públicos, revelan las muchas dudas que genera el programa del actual gobierno, situación agravada por un problema de fondo: la carencia de políticas de Estado de largo plazo relativas al papel de las universidades en el desarrollo nacional.
Esto último explica muchas de sus vicisitudes, entre ellas: la "privatización" y desregulación de la educación superior impuesta en los ochenta, décadas de baja inversión pública, y el " laissez faire " de sucesivos gobiernos que abordaron el tema en forma reactiva, generalmente motivados por demandas estudiantiles. Los ministros de turno, tanto de Educación como de Hacienda, sin un marco de políticas claras, escucharon más atentamente las demandas de la Confech, enfatizadas por las movilizaciones estudiantiles, que las respetuosas propuestas del CRUCh. Para "sacar a los cabros de la calle" era fácil encontrar recursos frescos del Estado, pero muy difícil si se trataba de aumentar los fondos basales, las remuneraciones de académicos y administrativos, los fondos de investigación o para apoyar a los programas de doctorado, como planteaban los rectores.
Es efectivo que durante la última década la inversión estatal en educación superior creció en forma sustantiva, pero su incremento ha sido canalizado mayoritariamente a satisfacer la demanda, es decir, el ingreso y permanencia de usuarios en el sistema, y no a las instituciones que lo integran.
En ese escenario, sin una visión orientadora de largo plazo y una baja inversión pública, nuestro sistema universitario ha sufrido un atraso relativo respecto de los de otros países "emergentes". Concretamente, en el campo de la investigación, doctorados y transferencia tecnológica la situación de Chile es muy débil y contrasta con los avances en esta materia de Australia, Brasil, China, Corea, Nueva Zelandia, Singapur y otros, donde la calidad de los sistemas universitarios y la inversión en investigación e innovación se consideran aspectos clave para el desarrollo integral del país y lograr economías competitivas.
Es cierto que algunas iniciativas del Estado como el Programa Mecesup, los recursos para el fomento de la innovación tecnológica y la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad han tenido impactos positivos, principalmente en las instituciones del CRUCh, pero han sido esfuerzos insuficientes y carentes de un plan integrador.
Las grandes metas del actual gobierno representan una respuesta a las demandas estudiantiles. Nadie duda de la relevancia social de muchas de ellas, pero es difícil predecir el impacto que tendrán en la buena marcha y progreso del sistema. Más aún, es dudoso que puedan ayudar a mejorar la calidad de las universidades o a hacer de Chile un país más competitivo internacionalmente.
En estas circunstancias parece pertinente que el Gobierno convoque a todos los actores de la educación superior y al sector productivo a un diálogo sobre el futuro de la educación superior, intentando responder dos preguntas que son claves para la formulación de las políticas públicas respectivas: ¿Qué necesita Chile de sus instituciones de educación superior para transitar hacia el pleno desarrollo? ¿Qué necesitan esas instituciones para enfrentar con éxito ese desafío histórico?
Sin claridad en estos ámbitos, la meta de incorporar a Chile a la "era del conocimiento" continuará siendo una quimera.
Pedro Pablo Rosso
Director Ejecutivo
Grupo de Estudios Avanzados Universitas
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