La verborrea y el silencio

23 / Ago Por Paula Vial

La corte marcial absolvió al carabinero que mató por la espalda a Jaime Mendoza Collío en el desalojo de un fundo en Ercilla hace tres años, revocando la condena a 5 años y un día que el juez militar de Valdivia le impuso al cabo Jara por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, que incluso ya se había rebajado de la propuesta del fiscal militar de Angol de aplicar una pena de 15 años.   El 4º tribunal oral de Santiago, por su parte, absolvió a Luciano Pitronello del delito terrorista de colocación de bomba y lo condenó por los delitos comunes que implicaban los hechos por él realizados.   En este último caso, el gobierno y parlamentarios de su sector pusieron el grito en el cielo y realizaron todo tipo de comentarios criticando la decisión de los jueces, entrometiéndose en otro poder del Estado sin pudor alguno. En el primer caso, el gobierno y sus parlamentarios guardaron silencio sepulcral.   ¿Dónde ha estado el gobierno para comentar el fallo de Mendoza Collío como tan profusamente lo hizo con el del anarquista? ¿Dónde ha aparecido resumiendo el currículum de cada uno de los jueces que compareció al fallo? ¿Dónde ha estado la crítica "jurídica" que con tanta convicción y fervor derrocharon para Pitronello y sus jueces?   En el caso mapuche sí primó la no intromisión de un poder en otro. Acá sí se respetó la independencia de la judicatura. Acá no se cuestionó que el procedimiento y los jueces que resolvieran fueran militares para víctimas civiles, sin lamentaciones o críticas jurídicas.   En el caso de Pitronello se ha censurado y reprochado (y se seguirá haciendo, no cabe duda) la interpretación de los jueces al punto de señalar ¡el propio ministro de justicia! Que, dependiendo de cómo se resuelva en definitiva, será necesaria o no una ¡reforma a la ley! Es decir, de acuerdo a si la resolución judicial es de su agrado se mantendrá o no la actual norma.   En el caso de Mendoza Collío no hemos escuchado ningún lamento porque se le haya aplicado, aún siendo la víctima un civil, la justicia militar. En el silencio para Collío, no se ha discutido siquiera que unos jueces militares absolvieran a otro uniformado por disparar por la espalda a un civil, según argumentan, ¡en defensa propia!   En un caso se ha señalado que colocar una bomba es siempre terrorista, aunque vaya contra la letra de la ley. En el otro nada se ha dicho sobre la incoherencia legal que supone considerar legítima defensa un ataque por la espalda.   Lo insólito es el doble estándar al medir a los jueces y al recriminarles su interpretación según les guste o no el resultado del juicio. Para unos, el escarnio público, los reproches y cuestionamientos más severos y subjetivos. Para los otros, silencio en aquiescencia.     Si hacemos un somero análisis de lo que ha ocurrido en ambos casos, se puede observar que, de acuerdo a los requisitos de la legítima defensa, y considerando que podría llevarse a una materia fáctica y no de derecho, es relevante entender que un disparo por la espalda, donde quien lo recibe no puede atacar ni defenderse, jamás será legítima defensa.   En el caso de Pitronello en cambio, los jueces sopesan los hechos y determinan, tal cual es posible hacer porque no todas las colocaciones de bomba son delitos terroristas, que en este caso no lo es.   Pero en ambos casos existen recursos pendientes, por lo que ambas decisiones judiciales pueden ser modificadas, de acuerdo a los argumentos jurídicos que primen. Esta tarea, sin embargo, es de los jueces y no de los opinólogos entrometidos que sólo buscan presionar una decisión que no les corresponde y que excede claramente el ámbito de su poder.   Este paralelo podría haber sido innecesario. El punto no radica tanto en esta comparación jurídica, que en definitiva lleva a estimar que en un caso hay una interpretación de la norma válida conforme a los hechos y, en el otro, un error ineludible por esencial, sino en que si contrastamos la actitud del ejecutivo en ambos casos, a través de la opinión, la sorna y la amenaza de varios de sus ministros, se escandaliza e intimida en aquel que va en contra de sus intereses y omite cualquier consideración al otro que afecta a un mapuche y a todo su pueblo detrás.   El gobierno desnuda así sus intereses, privilegiando la mano dura cuando de discurso de seguridad se trata y la manga ancha cuando se trata de cuestionar el exceso en el uso de la fuerza por sus policías en contra de mapuches. Labia apremiante por un lado y silencio cómplice por el otro.