Educación e impuestos

Carlos Peña
Domingo 29 de Abril de 2012

¿Es correcto que el Estado ayude a las familias más ricas a enviar a sus hijos a colegios privados?

Al revés de lo que ocurre hoy día -donde las familias más ricas que llevan a sus hijos a colegios privados deben pagar íntegramente por ello-, la reforma que acaba de anunciar el Presidente permite que la mitad de ese gasto se descuente de impuestos. El resultado es que el Estado ¡financiará parte de la educación privada!

Así, las familias que hasta ahora pagaban la totalidad de la educación de sus hijos (al decidir matricularlos en colegios privados) verán disminuida esa carga: parte de ella se financiará mediante la renuncia fiscal.

Aparentemente se trata de una medida plenamente justificada.

Cuando la familia decide enviar a sus hijos a la educación particular pagada, alivia al Estado de esa carga. El Estado, en otras palabras, ahorra el subsidio de los niños y niñas que asisten a un establecimiento privado. Desde este punto de vista, cada familia que decide enviar a sus hijos a la educación privada (que representa más o menos el seis por ciento del total de la provisión educativa) está aligerando el gasto público. Cada una de esas familias paga impuestos y, además, por propia iniciativa aporta una cantidad adicional: libera el subsidio que podría recibir si enviara a los niños a un colegio municipal o particular subvencionado.

¿No es justo entonces que el Estado devuelva parte de ese esfuerzo permitiendo a esas familias descontar de impuestos parte de lo que gastan en educación?

A pesar de las apariencias, la respuesta a esa pregunta es indudable: no, no es justo. Es injusto, y una reforma como ésa no debiera aprobarse.

Desde luego, quienes se verían favorecidos por esa reforma serán la minoría de mayores ingresos (menos del 1% de los asalariados que ganan más de dos millones mensuales), y no, como suele decirse, la clase media. Se trata de una medida que desde el punto de vista meramente cuantitativo da a quienes ya tienen. Es, en suma, una medida regresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso. En vez de corregir las posiciones sociales -acercando a los que tienen menos-, las consolida.

Pero eso no es todo.

Se trata, además, de una medida que, aunque suene increíble, subsidia a la educación privada. El Estado renunciará a una parte de sus ingresos generales a condición de que esos recursos vayan a algún proveedor privado de educación. Hasta ahora la educación que se subvencionaba por parte del Estado era la educación gratuita y la sometida al régimen de financiamiento compartido. De aprobarse esta reforma, la innovación será mayúscula: la educación íntegramente privada será, en parte, gratuita y financiada por la renuncia fiscal a impuestos. Y es probable que la renuncia fiscal sea incluso superior al subsidio directo que va a la educación municipal o particular subvencionada.

Todo eso va en contra de buena parte de los diagnósticos que, hasta ahora, se han hecho sobre el problema educativo.

Por lo pronto, la segregación del sistema escolar se consolida. En Chile el sistema escolar se encuentra estratificado al compás del ingreso familiar. Si esta reforma se aprueba, esa característica se hará más firme y tendrá en el Estado a uno de sus financistas más regulares.

Se suma a lo anterior el que las familias que envían a sus hijos al sistema privado tendrán una poderosa razón para desentenderse del todo del sistema municipal o particular subvencionado: si ahora será incluso más barato enviar a sus hijos a un colegio privado, y si, por lo mismo, la escuela pública no estará ni siquiera hipotéticamente en el horizonte de la experiencia familiar, ¿por qué entonces preocuparse por su mejora?

En fin, cuando el Estado consiente que el gasto en educación se descuente de impuestos, está diciendo que la decisión de la familia (orientada por criterios eugenésicos o hereditarios) es equivalente a la decisión estatal (orientada por criterios públicos de justicia e integración). Hacer esta equivalencia (si bien es propio de la derecha que está más a la derecha) es erróneo.

De aprobarse esta reforma, la desigualdad habrá encontrado un nuevo financista directo: el Estado. De no creerlo, después de tanto debate.