José Joaquín Brunner
Diario El Mercurio
Lunes 10 de noviembre de 2014
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A principios de la semana,
la Presidenta Bachelet
llamó a sus ministros
a "redoblar los esfuerzos
para explicar más y mejor
nuestros propósitos".
Respecto de la reforma educacional, constató
"una discusión crispada y altisonante,
tan alejada de lo que esperan de nosotros
las personas, principalmente
las familias, sus hijas y sus hijos".
¿Qué ha ocurrido para que
las intenciones transformadoras del Gobierno
aparezcan controvertidas y confusas
y sean motivo de un debate
que la propia autoridad reconoce
irritado y lleno de sonoras presunciones?
Descartemos de inmediato los argumentos más comunes.
Son tres.
Primero,
el de las fallas comunicacionales,
según el cual las reacciones negativas
son provocadas por un defecto
de los invisibles hilos
con los cuales el Gobierno
podría orientar y persuadir
a la opinión pública.
La culpa residiría
en la política comunicacional.
¡Pobre excusa!
Segundo,
el razonamiento que atribuye
la sorpresiva oposición
a las propuestas del Gobierno
a una campaña del terror.
Esta consistiría
en una deliberada desinformación,
argumento usado ad nauseam
durante la Guerra Fría.
Todo se justifica
por la actuación de agentes
que mediante engaños causan alarma
entre los destinatarios de las políticas
que el Gobierno busca beneficiar.
¡Explicación anacrónica y poco creíble!
Tercero,
la tesis de los intereses afectados
que sostiene lo siguiente:
cualquier discrepancia
con los cambios impulsados por la autoridad
se debe nada más que a una reacción egoísta
de los actores cuyos intereses (materiales)
se hallan amenazados.
¡Menguada y reduccionista visión
del comportamiento humano!
Excluidas estas (pseudo) explicaciones,
¿qué razones pueden aclarar
las resistencias con que se ha topado
la reforma educacional
y la "discusión crispada y altisonante"
en que se encuentra envuelta,
según la Presidenta Bachelet?
Las razones son varias,
interactúan entre sí
y es relativamente fácil identificarlas.
Por lo pronto,
una agenda oficial de cambios infundada,
carente de un diagnóstico adecuado
y expresada en un lenguaje negativo
("fin de" muchas cosas), hostil y divisorio.
No transmite un sentido común
ni convoca a una empresa compartida.
No ofrece una carta de navegación.
Al contrario, ha desencadenado
una onda de inseguridad
entre sostenedores, padres y apoderados
y entre los nuevos segmentos de clase media.
La comunicación de tan confusa agenda
resulta necesariamente poco clara y desestabilizadora.
En vez de contribuir
a la gobernabilidad del proceso de cambio,
lo bloquea, provocando desorden en la opinión pública
y confundiendo a los propios partidos y partidarios del Gobierno.
Pero se trata de una falla de agenda, no comunicacional;
de gestión política del cambio, no de desinformación.
Una expresión de ese errado manejo
es el tratamiento dado por las autoridades
a los sostenedores privados
-sus colegios y comunidades-
como meros órganos lucrativos,
sin raíces en la historia y la cultura nacionales.
Pasan ellas por alto que los colegios
son, o procuran ser, proyectos formativos,
micromundos con misiones e identidades propias,
depositarios de las esperanzas y preferencias
de un colectivo de profesores, estudiantes y sus familias.
Sean públicos o privados,
los colegios constituyen
comunidades de vida y aprendizaje
y forman una parte vital
de cada barrio y comuna.
Nada de esto se refleja en el trato
que reciben de parte de las autoridades del sector.
El vínculo de confianza se ha debilitado.
Por último, la reforma provoca
reacciones contrarias porque no aborda,
ni siquiera remotamente,
los problemas percibidos mayoritariamente
como cruciales para mejorar
la calidad de las oportunidades educacionales.
Por ejemplo, nada propone
para hacer frente al grave déficit
de los aprendizajes provistos
por gran número de nuestros colegios,
tanto municipales como privados de todo tipo.
En efecto, más se ocupa
de la naturaleza jurídica
de los sostenedores
y el estatuto de las propiedades escolares
que de los resultados de la enseñanza
y la motivación de los estudiantes.
En suma, hay suficientes razones
para entender por qué la reforma
produce tantas y tan variadas
resistencias y una confusa,
crispada y frustrante discusión.
No se requiere echar mano
a dudosos argumentos para ello.
¿O alguien cree que
es responsabilidad de críticos
o disidentes que desde hace varias semanas
se destine más tiempo a discutir
cómo reglar contratos de arrendamiento
que a las condiciones necesarias
para mejorar las oportunidades
provistas por el sistema escolar?
Solo el Senado de la República
podría reconducir el debate
y otorgar gobernabilidad
a una reforma que, de lo contrario,
terminará aprobándose
con todas las fallas incluidas,
las que luego proyectarán
una larga sombra sobre su implementación.
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