Aún es tiempo de corregir


José Joaquín Brunner
Diario El Mercurio
Lunes 10 de noviembre de 2014

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A principios de la semana, 
la Presidenta Bachelet 
llamó a sus ministros 
a "redoblar los esfuerzos 
para explicar más y mejor 
nuestros propósitos". 

Respecto de la reforma educacional, constató 
"una discusión crispada y altisonante, 
tan alejada de lo que esperan de nosotros 
las personas, principalmente 
las familias, sus hijas y sus hijos".

¿Qué ha ocurrido para que 
las intenciones transformadoras del Gobierno 
aparezcan controvertidas y confusas 
y sean motivo de un debate 
que la propia autoridad reconoce 
irritado y lleno de sonoras presunciones?

Descartemos de inmediato los argumentos más comunes. 

Son tres.

Primero, 
el de las fallas comunicacionales, 
según el cual las reacciones negativas 
son provocadas por un defecto 
de los invisibles hilos 
con los cuales el Gobierno 
podría orientar y persuadir 
a la opinión pública. 

La culpa residiría 
en la política comunicacional. 

¡Pobre excusa!

Segundo, 
el razonamiento que atribuye 
la sorpresiva oposición 
a las propuestas del Gobierno 
a una campaña del terror. 

Esta consistiría 
en una deliberada desinformación, 
argumento usado ad nauseam 
durante la Guerra Fría. 

Todo se justifica 
por la actuación de agentes 
que mediante engaños causan alarma 
entre los destinatarios de las políticas 
que el Gobierno busca beneficiar. 

¡Explicación anacrónica y poco creíble!

Tercero, 
la tesis de los intereses afectados 
que sostiene lo siguiente: 
cualquier discrepancia 
con los cambios impulsados por la autoridad 
se debe nada más que a una reacción egoísta 
de los actores cuyos intereses (materiales) 
se hallan amenazados. 

¡Menguada y reduccionista visión 
del comportamiento humano!

Excluidas estas (pseudo) explicaciones, 
¿qué razones pueden aclarar 
las resistencias con que se ha topado 
la reforma educacional 
y la "discusión crispada y altisonante" 
en que se encuentra envuelta, 
según la Presidenta Bachelet?

Las razones son varias, 
interactúan entre sí 
y es relativamente fácil identificarlas.

Por lo pronto, 
una agenda oficial de cambios infundada, 
carente de un diagnóstico adecuado 
y expresada en un lenguaje negativo 
("fin de" muchas cosas), hostil y divisorio. 

No transmite un sentido común 
ni convoca a una empresa compartida. 

No ofrece una carta de navegación. 

Al contrario, ha desencadenado 
una onda de inseguridad 
entre sostenedores, padres y apoderados 
y entre los nuevos segmentos de clase media.

La comunicación de tan confusa agenda 
resulta necesariamente poco clara y desestabilizadora. 

En vez de contribuir 
a la gobernabilidad del proceso de cambio, 
lo bloquea, provocando desorden en la opinión pública 
y confundiendo a los propios partidos y partidarios del Gobierno. 

Pero se trata de una falla de agenda, no comunicacional; 
de gestión política del cambio, no de desinformación.

Una expresión de ese errado manejo 
es el tratamiento dado por las autoridades 
a los sostenedores privados 
-sus colegios y comunidades- 
como meros órganos lucrativos, 
sin raíces en la historia y la cultura nacionales. 

Pasan ellas por alto que los colegios 
son, o procuran ser, proyectos formativos, 
micromundos con misiones e identidades propias, 
depositarios de las esperanzas y preferencias 
de un colectivo de profesores, estudiantes y sus familias. 

Sean públicos o privados, 
los colegios constituyen 
comunidades de vida y aprendizaje 
y forman una parte vital 
de cada barrio y comuna. 

Nada de esto se refleja en el trato 
que reciben de parte de las autoridades del sector. 

El vínculo de confianza se ha debilitado.

Por último, la reforma provoca 
reacciones contrarias porque no aborda, 
ni siquiera remotamente, 
los problemas percibidos mayoritariamente 
como cruciales para mejorar 
la calidad de las oportunidades educacionales. 

Por ejemplo, nada propone 
para hacer frente al grave déficit 
de los aprendizajes provistos 
por gran número de nuestros colegios, 
tanto municipales como privados de todo tipo. 

En efecto, más se ocupa 
de la naturaleza jurídica 
de los sostenedores 
y el estatuto de las propiedades escolares 
que de los resultados de la enseñanza 
y la motivación de los estudiantes.

En suma, hay suficientes razones 
para entender por qué la reforma 
produce tantas y tan variadas 
resistencias y una confusa, 
crispada y frustrante discusión. 

No se requiere echar mano 
a dudosos argumentos para ello. 

¿O alguien cree que 
es responsabilidad de críticos 
o disidentes que desde hace varias semanas 
se destine más tiempo a discutir 
cómo reglar contratos de arrendamiento 
que a las condiciones necesarias 
para mejorar las oportunidades 
provistas por el sistema escolar?
Solo el Senado de la República 
podría reconducir el debate 
y otorgar gobernabilidad 
a una reforma que, de lo contrario, 
terminará aprobándose 
con todas las fallas incluidas, 
las que luego proyectarán 
una larga sombra sobre su implementación.

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