El gobierno ciudadano

El inicio de su gobierno, Michelle Bachelet parece empeñada en marcar cierta ruptura con el pasado de su coalición. De hecho, la fructífera tensión entre flagelantes y complacientes parece haber desaparecido. Para consagrar esa distancia, la Mandataria ha prometido que este será el gobierno de las reformas estructurales en tres áreas: tributaria, educacional y constitucional. No es para nada evidente que sean las reformas más urgentes (¿por qué no energía o salud?), aunque es cierto que permiten una promesa radical.

Sabemos que la reforma tributaria será enviada pronto y todo indica que sus términos generales ya fueron acordados por los actores relevantes. Más allá de los detalles, esta modificación no debería ser demasiado problemática. Las dificultades comienzan luego. No es casual que Michelle Bachelet haya postergado la reforma constitucional a la espera de un debate participativo: quiere evitar, con una mentira piadosa, una discusión plagada de riesgos. Si el primer gobierno de la actual Mandataria nos vendió la quimera del gobierno ciudadano, esta vez parece ir por la constitución ciudadana: un nuevo oxímoron para los ingenuos.

Pero la cuestión es aún más compleja en educación. La candidata Bachelet asumió buena parte de las consignas de los movimientos sociales, y eso la pone en una situación delicada. Por un lado, Bachelet nunca se dio el trabajo -ni el medio se lo exigió- de explicar cómo pretende materializar esas consignas.Toda la discusión reciente sobre el carácter más o menos dogmático del “programa” y sobre el modo de ejercer las mayorías parlamentarias, se torna un poco ridícula a la luz de un hecho muy simple: un auténtico programa de gobierno no es lo mismo que una declaración de intenciones.

De ahí lo absurdo de pedir apoyo religioso a un programa cuyas intenciones nunca han sido especificadas. ¿Qué significa educación universitaria gratuita? ¿Eso incluye a las privadas, a las tradicionales o sólo a las estatales? Si sólo a estas últimas, ¿cómo se preservará la diversidad de proyectos educativos y cómo se evitará una segregación aún más acentuada? Por otro lado, ¿qué quiere decir que los colegios “vuelvan” al Estado? ¿Qué significa exactamente el fin al lucro? ¿Qué va a ocurrir con los colegios subvencionados con fines de lucro? ¿Se identificará sin más lo público con lo estatal, como lo sugirieron esta semana las presidentas de la Feuc y la Fech? ¿Se tocará el estatuto docente, piedra de toque de la educación estatal?

La paradoja es que cuando vengan las definiciones, tampoco podrá pedirse apoyo a elementos que no estaban en el programa -y recién ahí sabremos cuán mayoritaria es la Nueva Mayoría. Dicho de otro modo: el contacto de la ideología con la realidad es, por definición, problemático. Hacer campaña en función de una agenda impuesta por los movimientos sociales tiene un costo, y ha llegado el desagradable momento de ponerle ruedas al invento. No es descabellado pensar que ni todo el talento de Nicolás Eyzaguirre bastará para evitar la decepción de muchos. Para peor, mientras no haya definiciones, viviremos con la sensación de tener un gobierno rehén de la Confech. ¿Consistirá en eso finalmente el gobierno ciudadano?