La Consigna como Política Pública es un Mal Consejero‏

ROLF LÜDERS, 

Slogans

HOY VENCE el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre fin del lucro, el copago y la selección. El proyecto se originó en una serie de slogans acuñados por la dirigencia estudiantil, a los cuales adhirió la Nueva Mayoría. El gobierno y los parlamentarios están tratando de transformar ahora esos slogans en disposiciones legales que ojalá causen el mínimo daño posible. Por lo trascendido, los lineamientos del proyecto acordado entre el ministro de Educación y algunos senadores de la Nueva Mayoría son el equivalente de un camello, es decir, un caballo diseñado por un comité. Si se confirman, tendremos en el mejor de todos los casos un sistema escolar centralmente dirigido e ineficiente.

Me referiré a continuación a dos de los slogans y las correspondientes falacias. El primero es que la educación es un derecho y no un bien de consumo, y que por lo tanto no puede ser ofrecido por entes que lucran. La educación tiene simultáneamente características de un bien de inversión y visos de un bien de consumo. No obstante esto, nada impide que la educación sea considerada un derecho, por lo que -si así se hace- el Estado debe asegurar su universal provisión. Lo lógico es que esto se haga en la forma más eficiente posible, sin importar el carácter, público o privado, de la oferta. Si es privada, por cierto, corresponde que el Estado subsidie los costos de la educación de aquellos que no pueden solventarla.

El otro slogan -a veces relacionado al anterior- es el fin al lucro en la educación. La falacia es inferir que sin lucro será mejor la calidad de la educación. Para algunos, lucro es beneficio; en cambio, para otros significa beneficios mal habidos. Si es lo primero, ¿por qué oponerse a ello? Como toda actividad, la educación se produce con capital físico (las salas de clase), capital humano (los profesores) y con tecnología (el proyecto educativo). Y todos esos factores merecen y exigen su justa retribución. En el caso de los colegios operados por el sector público, el lucro implícito lo pagamos todos con (mayores) impuestos. También es cierto que hay colegios privados sin fines de lucro, pero son los menos y obedecen a otros intereses (religiosos, culturales, etc.), siendo los interesados los que en estos casos financian el lucro implícito.

El lucro tiene en toda sociedad de mercado una importante función social. Genera los incentivos para operar con más eficiencia y para expandir o contraer actividades óptimamente. Reemplazar esa función en la educación por una microgestión estatal, como se pretende, permite anticipar el más completo desastre, además de limitar, por un lado, la libertad de emprender, y por el otro, la de escoger. ¿No es una aberración fijar por ley y por largos períodos, como se estaría proponiendo, la tasa de arriendo precisa de los inmuebles educacionales? ¿No tenderán a ser arbitrarias las autorizaciones de operación de nuevos colegios que haga el Estado? ¿No le parece todo esto volver al Chile de los años cincuenta o sesenta?