"Ahuyentar la libre competencia e imponer el monopolio estatal de la educación sería un gigantesco paso atrás..."
El problema con la reforma educacional es que parece diseñada no para elevar la calidad de la enseñanza, sino para asegurar el monopolio del Estado. Por eso concita cada vez más oposición. No es menester ninguna "campaña del terror" -como acusa la Presidenta Bachelet- para que apoderados, sostenedores y expertos adviertan el peligro de sofocar la libertad de elegir.
Incluso siguiendo el programa de gobierno, pudo haberse intentado una reforma diferente. Por ejemplo, en vez de "terminar con el lucro", limitar la supuesta ganancia excesiva o abusiva de los sostenedores particulares subvencionados con algún tope a la rentabilidad autorizada, como ocurre en otros sectores regulados. Más que "terminar con la selección", endurecer las normas contra la discriminación arbitraria. En lugar de "terminar con el copago", desalentarlo con un alza suficiente en la subvención general.
En cambio, el proyecto evacuado por la Cámara de Diputados hace inviable la iniciativa particular en nuestro sistema escolar. Inspirado en una verdadera "yihad" contra el lucro, somete la creación de todo nuevo colegio a la autorización discrecional de la autoridad; impone a cada uno de ellos un listado exhaustivo de los usos para los recursos de la subvención, inmiscuyendo a la burocracia estatal en su administración cotidiana; los obliga a constituirse como sociedades de beneficencia, a ser propietarios de sus instalaciones (hoy muchos arriendan y deberán negociar la correspondiente compra) y les prohíbe endeudarse para financiar futuras reparaciones o ampliaciones. Desautoriza además el uso de pruebas de admisión en toda la educación -incluyendo a colegios pagados bilingües y "liceos de excelencia", como el emblemático Instituto Nacional- e impide entrevistas con los apoderados de los postulantes, que ayudan a conformar una comunidad escolar verdaderamente comprometida con el proyecto educacional.
Nuestro sistema escolar mixto está basado en la libertad de elección por parte de las familias y la sana competencia entre establecimientos educacionales diversos. La subvención no es propiedad del Estado, sino un aporte para que cada familia pueda ejercer su libertad de elegir. Mayoritariamente, los padres de clase media han "votado" por escuelas particulares, con o sin fines de lucro. Aunque perfectible, contamos con una forma moderna e inteligente de hacer carne el rol del Estado en la igualación de las oportunidades. El intelectual chileno-sueco Mauricio Rojas, en revelador libro publicado esta semana, a propósito del similar régimen hoy existente en Suecia, lo describe como el paso desde un "Estado benefactor" o "Estado-patrón" a un "Estado solidario", que empodera a la gente. Ahuyentar la libre competencia e imponer el monopolio estatal de la educación sería un gigantesco paso atrás.
Incluso siguiendo el programa de gobierno, pudo haberse intentado una reforma diferente. Por ejemplo, en vez de "terminar con el lucro", limitar la supuesta ganancia excesiva o abusiva de los sostenedores particulares subvencionados con algún tope a la rentabilidad autorizada, como ocurre en otros sectores regulados. Más que "terminar con la selección", endurecer las normas contra la discriminación arbitraria. En lugar de "terminar con el copago", desalentarlo con un alza suficiente en la subvención general.
En cambio, el proyecto evacuado por la Cámara de Diputados hace inviable la iniciativa particular en nuestro sistema escolar. Inspirado en una verdadera "yihad" contra el lucro, somete la creación de todo nuevo colegio a la autorización discrecional de la autoridad; impone a cada uno de ellos un listado exhaustivo de los usos para los recursos de la subvención, inmiscuyendo a la burocracia estatal en su administración cotidiana; los obliga a constituirse como sociedades de beneficencia, a ser propietarios de sus instalaciones (hoy muchos arriendan y deberán negociar la correspondiente compra) y les prohíbe endeudarse para financiar futuras reparaciones o ampliaciones. Desautoriza además el uso de pruebas de admisión en toda la educación -incluyendo a colegios pagados bilingües y "liceos de excelencia", como el emblemático Instituto Nacional- e impide entrevistas con los apoderados de los postulantes, que ayudan a conformar una comunidad escolar verdaderamente comprometida con el proyecto educacional.
Nuestro sistema escolar mixto está basado en la libertad de elección por parte de las familias y la sana competencia entre establecimientos educacionales diversos. La subvención no es propiedad del Estado, sino un aporte para que cada familia pueda ejercer su libertad de elegir. Mayoritariamente, los padres de clase media han "votado" por escuelas particulares, con o sin fines de lucro. Aunque perfectible, contamos con una forma moderna e inteligente de hacer carne el rol del Estado en la igualación de las oportunidades. El intelectual chileno-sueco Mauricio Rojas, en revelador libro publicado esta semana, a propósito del similar régimen hoy existente en Suecia, lo describe como el paso desde un "Estado benefactor" o "Estado-patrón" a un "Estado solidario", que empodera a la gente. Ahuyentar la libre competencia e imponer el monopolio estatal de la educación sería un gigantesco paso atrás.
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