Cómo puede equivocarse tanto el Gobierno, si aspira a lograr gratuidad, integración social, más libertad de elección de las familias, un sistema fortalecido de provisión mixta y mayor movilidad social? Una explicación alternativa es que estos fines no son la verdadera prioridad del Gobierno...‏

SYLVIA EYZAGUIRRE, 

¿Hacia dónde va la reforma en educación?

El proyecto de ley que termina con el financiamiento compartido, el lucro y la selección busca terminar con los colegios con lucro en la educación financiada por el Estado y reducir la segregación del sistema escolar, respetando la provisión mixta y la libertad de las familias para elegir el colegio de sus hijos. Sin embargo, algunos de los instrumentos elegidos para llevar a cabo dichos fines apuntan en otra dirección. A continuación, se presentan seis problemas, que, de no subsanarse, nos llevarán en la dirección contraria a la que dice querer ir el Gobierno con este proyecto.

No gratuidad: El Gobierno ha declarado la importancia de avanzar en gratuidad en educación, pero no compromete los recursos necesarios para remplazar el financiamiento compartido y así garantizar una educación escolar gratuita en el corto plazo. Mientras se promete alcanzar la gratuidad universal en educación superior en seis años, en educación escolar nos podría tomar más de veinte años. ¿Es esto razonable? Si efectivamente al Gobierno le importa reducir la desigualdad, entonces debería invertir sus prioridades.

Discriminación: El proyecto crea una subvención para alumnos de clase media, pero la restringe a quienes asisten a colegios gratuitos. Esta restricción tiene dos problemas. El primero es la discriminación que introduce. Actualmente, los niños vulnerables con Subvención Escolar Preferencial pueden optar por colegios con copago, los niños de clase media no. ¿Por qué? Mientras los niños de clase media en colegios gratuitos recibirán más aportes del Estado, los niños de clase media en colegios que mantengan durante la transición el copago no recibirán este beneficio y seguirán desembolsando el aporte actualmente exigido, aunque ambos tienen similar capital cultural. El segundo problema es que no promueve la integración social. Si se entregara esta subvención a todos los niños de clase media con la condición de que los colegios no puedan cobrarles copago, permitiría expandir la gratuidad escolar a cerca del 80% de los estudiantes en el corto plazo y además entregaría a estas familias más posibilidades de elección e incentivaría la integración social al permitirles acceder a colegios que antes no podían pagar; todos fines que este proyecto dice perseguir.

(Des)financiamiento del sector privado: El proyecto de ley no permite a los colegios particulares subvencionados crecer o mejorar sustancialmente su infraestructura, pues termina con todas las fuentes de financiamiento que no sean la subvención. Por una parte, impide gravar las propiedades para obtener un crédito, termina con el financiamiento compartido y establece un impuesto de 40% a los aportes voluntarios de los padres o a las donaciones, y, por otra parte, no garantiza acceso a recursos estatales para estos fines. Estas medidas no sólo afectan la sustentabilidad de estos proyectos educativos, sino que además desincentivan el compromiso y vinculación de las familias y la comunidad con la educación, algo que, por el contrario, es valorado en la mayoría de los países.

Restricciones al sector particular subvencionado: El proyecto busca terminar con el lucro en la educación que financia el Estado. Para ello, no sólo establece el cese del pago de la subvención a quienes continúen organizados como sociedades comerciales, sino que además obliga a todos los sostenedores con y sin fines de lucro a ser dueños de los inmuebles. Con esto se busca evitar que los sostenedores retiren excedentes vía arriendos entre partes relacionadas, pero i) los arriendos a terceros no tienen conflictos de interés, no obstante están igualmente prohibidos, obligando eventualmente a estos colegios a cerrar, y ii) una de las alternativas de compra, así como la expropiación por parte del Estado, no son necesariamente a precios de mercado, perjudicando a los sostenedores. La inconsistencia de la posición del Gobierno en esta materia queda aún más patente en la indicación que presentó (que no fue aprobada), que permitía el arriendo entre empresas relacionadas sin fines lucro a precios regulados. La posibilidad de regular los precios no depende del tipo de sostenedor, de manera que si efectivamente pueden regularse, no habría razón para prohibir las transacciones con empresas relacionadas con fines de lucro. De aprobarse esta indicación introduciría un trato discriminatorio entre colegios absolutamente injustificado. Una flexibilización del proyecto en este sentido facilitaría el cambio, toda vez que esta prohibición afecta a la mayoría de los colegios con y sin lucro, que reúnen a más del 75% de la matrícula del sector particular subvencionado.

Restricción a la libertad de enseñanza: El proyecto de ley restringe el financiamiento de nuevos colegios, autorizándolo sólo en aquellos casos donde la demanda sea mayor que la oferta. ¿Pero qué ocurre si toda la oferta del sector es de mala calidad, qué ocurre si en una comuna no hay un determinado proyecto educativo que es de preferencia de los padres, no limita la libertad de elección de los padres al obligarlos a elegir por siempre entre lo que ya existe, no le cierra la puerta a nuevos tipos de proyectos educativos? Una medida como ésta entiende a la sociedad estática y no dinámicamente, monopoliza la oferta educativa entre los sostenedores hoy existentes y cierra los espacios de libertad para la generación de nuevos proyectos educativos.

No valora el mérito: Se termina con los liceos emblemáticos, pero se permiten los colegios artísticos. Se introduce así un trato discriminatorio entre tipos de vocación y se destruyen las pocas herramientas que tenemos para reconocer el mérito y el esfuerzo. La evidencia nacional señala que estos liceos agregan valor a sus estudiantes y no, como suele argumentarse, que el éxito se debe únicamente a la selección que realizan. Si sabemos que Chile es un país desigual, ¿por qué terminar con los pocos instrumentos que tiene el Estado para promover la movilidad social?, ¿por qué destruir los bastiones de la educación pública justo cuando ésta se encuentra tan debilitada?

¿Cómo puede equivocarse tanto el Gobierno, si aspira a lograr gratuidad, integración social, más libertad de elección de las familias, un sistema fortalecido de provisión mixta y mayor movilidad social? Una explicación alternativa es que estos fines no son la verdadera prioridad del Gobierno, sino más bien la reducción de la cobertura del sector particular subvencionado en beneficio del sector público a costa de las preferencias de las familias y en muchos casos del bienestar de los estudiantes.