Sergio Muñoz: "No se puede llamar a discutirlo todo, porque eso no nos llevará a ninguna parte. Es potencialmente peligrosa la idea de que en septiembre se inicia un 'proceso constituyente' que nadie sabe a dónde conduce..."
En diversos círculos se conjetura sobre la posibilidad de que la Presidenta Bachelet renuncie a su cargo como consecuencia de la pérdida de apoyo ciudadano y, sobre todo, del debilitamiento de su credibilidad. Aunque sea solo una hipótesis, no debe tomarse desaprensivamente. Si la dimisión llegara a materializarse, el país se vería enfrentado a una crisis institucional. Si algunos sectores se ilusionan con la posibilidad de obtener ciertas ventajas partidistas o de grupo en tal situación, se equivocarían gravemente: de ese río revuelto no habría ganancias para nadie porque Chile pagaría un costo muy alto de incertidumbre e inestabilidad, y nadie puede dar seguridades sobre lo que vendría después.
Pensemos únicamente en el impacto que la crisis tendría en nuestra economía y en los interrogantes que surgirían en el exterior.
Las críticas a la Presidenta Bachelet son parte del ejercicio democrático. Eso no está en discusión. Ahora bien, ella fue elegida para gobernar hasta marzo de 2018, por lo que corresponde garantizar que cumpla su mandato. Solo cuando se configuran graves faltas en el desempeño del cargo, sobre lo cual la Constitución indica cómo proceder, se plantea la eventualidad de interrupción del mandato presidencial. Pero ese no es el caso. En consecuencia, hay que velar por la plena vigencia de los procedimientos democráticos. El próximo año habrá elecciones municipales, y en el siguiente, elecciones parlamentarias y de Presidente. Tal itinerario nos compromete a todos.
La Presidenta tiene que asumir la parte de responsabilidad que le cabe, por acción o por omisión, en la precampaña que dirigió el ex ministro Rodrigo Peñailillo. Quizás ella no conoció los detalles de ese período ni el origen específico de los fondos recaudados, pero no es verosímil la descripción de un proceso al margen de su voluntad, sobre todo si luego designó como ministro del Interior al responsable de ese proceso. No habrá salida sin el reconocimiento de los errores individuales y colectivos. Hay que decir la verdad.
La presente crisis puede traer efectos beneficiosos, como el fin del financiamiento fraudulento de las campañas y la construcción de diques más sólidos contra el tráfico de influencias, el cohecho y otros delitos. Será positivo que las empresas dejen de financiar las campañas y que, en cambio, se legitime el aporte de las personas. La transparencia y los controles eficaces deberían oxigenar la política y fortalecer el régimen democrático.
Aunque asumió en condiciones muy complejas, el gabinete que encabeza el ministro Jorge Burgos tiene la oportunidad de aportar racionalidad a la gestión de gobierno, vale decir, realismo, equilibrio y disposición de diálogo con todos los sectores. Lo primero es restablecer la confianza, que es el fundamento de la gobernabilidad y la estabilidad. Para ello, el gabinete tiene que acotar la agenda de proyectos y decirles francamente a los chilenos que el Gobierno no puede atender todas las necesidades ni cuenta con recursos para ello. Es urgente concentrar esfuerzos en la recuperación económica y la creación de empleos. Las carencias del sistema público de salud deben atenderse sin tardanza. En otro ámbito, el Gobierno tiene la obligación de usar todos los instrumentos legales para enfrentar la violencia en cualquier punto del país.
El gabinete tendrá éxito si combina la autoridad y la flexibilidad para dar una salida racional a los conflictos y, especialmente, si fija un rumbo coherente, ajeno a toda veleidad populista. En un ambiente saturado de desconfianza, no puede estar en duda la vigencia de la actual Constitución. ¿Discusión de posibles reformas? Claro, por qué no. ¿Debates participativos? Sí, puede ser. ¡Pero no se puede llamar a discutirlo todo, porque eso no nos llevará a ninguna parte! Es potencialmente peligrosa la idea de que en septiembre se inicia un "proceso constituyente" que nadie sabe a dónde conduce. Chile necesita salir del actual atolladero, no meterse en uno peor. ¿Por qué no decirle al país que, dadas las circunstancias, el Gobierno estima que lo más conveniente es que el nuevo pacto constitucional se discuta con calma y seriedad en el Congreso que se elegirá en 2017?
Para neutralizar el riesgo de una crisis institucional se requieren sensatez, buena voluntad y sentido nacional. Así, mejorará nuestra convivencia y la Presidenta Bachelet podrá cumplir su mandato en las mejores condiciones posibles.
Sergio Muñoz Riveros
Analista político
Pensemos únicamente en el impacto que la crisis tendría en nuestra economía y en los interrogantes que surgirían en el exterior.
Las críticas a la Presidenta Bachelet son parte del ejercicio democrático. Eso no está en discusión. Ahora bien, ella fue elegida para gobernar hasta marzo de 2018, por lo que corresponde garantizar que cumpla su mandato. Solo cuando se configuran graves faltas en el desempeño del cargo, sobre lo cual la Constitución indica cómo proceder, se plantea la eventualidad de interrupción del mandato presidencial. Pero ese no es el caso. En consecuencia, hay que velar por la plena vigencia de los procedimientos democráticos. El próximo año habrá elecciones municipales, y en el siguiente, elecciones parlamentarias y de Presidente. Tal itinerario nos compromete a todos.
La Presidenta tiene que asumir la parte de responsabilidad que le cabe, por acción o por omisión, en la precampaña que dirigió el ex ministro Rodrigo Peñailillo. Quizás ella no conoció los detalles de ese período ni el origen específico de los fondos recaudados, pero no es verosímil la descripción de un proceso al margen de su voluntad, sobre todo si luego designó como ministro del Interior al responsable de ese proceso. No habrá salida sin el reconocimiento de los errores individuales y colectivos. Hay que decir la verdad.
La presente crisis puede traer efectos beneficiosos, como el fin del financiamiento fraudulento de las campañas y la construcción de diques más sólidos contra el tráfico de influencias, el cohecho y otros delitos. Será positivo que las empresas dejen de financiar las campañas y que, en cambio, se legitime el aporte de las personas. La transparencia y los controles eficaces deberían oxigenar la política y fortalecer el régimen democrático.
Aunque asumió en condiciones muy complejas, el gabinete que encabeza el ministro Jorge Burgos tiene la oportunidad de aportar racionalidad a la gestión de gobierno, vale decir, realismo, equilibrio y disposición de diálogo con todos los sectores. Lo primero es restablecer la confianza, que es el fundamento de la gobernabilidad y la estabilidad. Para ello, el gabinete tiene que acotar la agenda de proyectos y decirles francamente a los chilenos que el Gobierno no puede atender todas las necesidades ni cuenta con recursos para ello. Es urgente concentrar esfuerzos en la recuperación económica y la creación de empleos. Las carencias del sistema público de salud deben atenderse sin tardanza. En otro ámbito, el Gobierno tiene la obligación de usar todos los instrumentos legales para enfrentar la violencia en cualquier punto del país.
El gabinete tendrá éxito si combina la autoridad y la flexibilidad para dar una salida racional a los conflictos y, especialmente, si fija un rumbo coherente, ajeno a toda veleidad populista. En un ambiente saturado de desconfianza, no puede estar en duda la vigencia de la actual Constitución. ¿Discusión de posibles reformas? Claro, por qué no. ¿Debates participativos? Sí, puede ser. ¡Pero no se puede llamar a discutirlo todo, porque eso no nos llevará a ninguna parte! Es potencialmente peligrosa la idea de que en septiembre se inicia un "proceso constituyente" que nadie sabe a dónde conduce. Chile necesita salir del actual atolladero, no meterse en uno peor. ¿Por qué no decirle al país que, dadas las circunstancias, el Gobierno estima que lo más conveniente es que el nuevo pacto constitucional se discuta con calma y seriedad en el Congreso que se elegirá en 2017?
Para neutralizar el riesgo de una crisis institucional se requieren sensatez, buena voluntad y sentido nacional. Así, mejorará nuestra convivencia y la Presidenta Bachelet podrá cumplir su mandato en las mejores condiciones posibles.
Sergio Muñoz Riveros
Analista político
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTE SIN RESTRICCIONES PERO ATÉNGASE A SUS CONSECUENCIAS