Educación: ¿y ahora qué?

El Gobierno y sus Parlamentarios lograron la aprobación del proyecto de ley que busca terminar “con el lucro, la selección y el copago”. Hoy lo sienten como un éxito, pero ya veremos si lo sentirán igual una vez que éste se empiece a implementar. A pesar de las críticas recibidas durante su tramitación (incluso por parte de Diputados y Senadores que terminaron aprobando el texto), los cambios introducidos desde que este proyecto entró en mayo del año pasado, no lograron resolver ninguna de las materias que preocupaban a la ciudadanía y a los expertos.

En cuanto a la eliminación del financiamiento compartido, resulta inentendible que se fije un techo a los recursos del sistema subvencionado en función de lo que el Estado pueda entregar, aun cuando esto signifique que el gasto por alumno se mantendrá muy por debajo de lo que pagan los padres en el sector no subvencionado (particular pagado), así como de los mejores sistemas educativos del mundo. Compartimos el que las limitaciones económicas no pueden ser una barrera para que una familia acceda a una educación de calidad, sin embargo, potenciar una subvención diferenciada según la necesidad parece ser un camino con menos perjuicios para el sistema educacional, que el escogido por el Gobierno.

En relación a la sustitución de los actuales mecanismos de admisión por una tómbola centralizada, quizás lo que más impactó a la opinión pública es que ésta se extienda incluso a los liceos emblemáticos, caracterizados por su mayor exigencia académica. El Gobierno, en su afán igualador, busca homogeneizar la provisión de educación, pasando por alto las legítimas diferencias entre los niños y familias de nuestra sociedad. En lugar de valorar esta diversidad, y permitir que cada niño reciba una educación acorde a sus talentos, necesidades y preferencias a través de sistemas de admisión trasparentes y no discriminatorios pero que aseguren familias comprometidas con el proyecto educativo ofrecido por el establecimiento, terminará por uniformar la provisión de educación aun cuando esto signifique nivelar para abajo.

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, uno de los peores defectos de este proyecto, que será el que finalmente terminará por estancar la calidad de nuestro sistema escolar (y con ello las oportunidades de las familias), es la introducción de una serie de nuevos requisitos para aquellos sostenedores que quieran seguir recibiendo la subvención de escolaridad. El objetivo de esta medida es “prohibir el lucro”, es decir, terminar con un supuesto mal que ni siquiera está documentado. A cambio, se dificultará la gestión de las escuelas, imponiendo obligaciones tan absurdas como ser dueño del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, y limitando los gastos de las escuelas a una lista de “fines educativos” previamente definida en la ley, cuya fiscalización queda al arbitrio de la Superintendencia. Para cumplir con la elevada carga administrativa se requerirá gastar tiempo y recursos, que bien podrían usarse en lo estrictamente pedagógico.

Como consecuencia de la aprobación del proyecto, en el corto plazo habrá sostenedores que no podrán continuar operando, ya sea porque no podrán cumplir con las excesivas exigencias, o porque no estarán dispuestos a ser meros administradores de recursos públicos. Y en el largo plazo, veremos lo que ocurra cuando vayan entrando en vigencia cada una de las normas, lo que astutamente comenzará a ocurrir en su mayoría después de las próximas elecciones presidenciales. Así, en ese momento ya no estará la misma Presidenta Bachelet que hoy encabezó esta iniciativa, ni tampoco los mismos Parlamentarios de la Nueva Mayoría que no quisieron mejorarla durante meses de tramitación. El actual Gobierno asumió excesivas responsabilidades en la educación de los hijos de 3 millones de familias, por lo que éstas deberán ser las primeras fiscalizadoras de cada una de las normas que vayan entrando en vigencia y de sus consecuencias.

En adelante, la labor del Gobierno en materia educacional debe continuar con una serie de cambios que la Presidenta anunció durante su campaña. En marzo se espera el envío de dos proyectos para modificar las normativas relativas a los docentes, y a la institucionalidad de la educación municipal, temas que –en nuestra opinión- debieron haber sido el punto de partida antes de cualquier otra reforma del sistema escolar. Esperamos que esta vez se dejen de lado las ideologías, se tomen los diagnósticos correctos, y se elijan los instrumentos que realmente permitan entregar a las escuelas y a los profesores las atribuciones y responsabilidades necesarias para llevar a cabo de la mejor forma sus funciones.