El jueves 18 de diciembre pasado Codelco anunció la construcción del Proyecto Chuquicamata Subterránea. La inversión total del proyecto alcanza los U$ 4.200 millones, la mayor de toda su historia.
La decisión del directorio de Codelco marca un desafío de magnitud pocas veces vista en la industria minera mundial: convertir la mayor mina de rajo abierto del mundo en una de las minas subterráneas más grandes del mundo. Con ello, se extendería la vida útil de la operación –que el próximo año cumple 100 años- en al menos cuatro décadas. Sin esta inversión, el ocaso de esta simbólica mina se produciría en poco tiempo.
Más allá de estas magnitudes y plazos, es importante comentar algunas implicancias de este anuncio.
En primer lugar, la fuerte contracción de la inversión en el país -especialmente en los grandes proyectos de energía y minería, y que ha sido uno de los principales factores detrás de la desaceleración económica actual-, encuentra en este anuncio un paliativo que actuará de manera contracíclica. Tras la puesta en marcha de tres grandes proyectos este año (Ministro Hales, Sierra Gorda y Caserones), no se observan otros proyectos de inversión en un período cercano, aumentando la importancia de este anuncio.
Por lo anterior es que el impacto en el alicaído sector de proveedores de bienes y servicios para la minería será muy bienvenido, esperándose la contratación de alrededor de 24 mil trabajadores directos e indirectos. No puede soslayarse, sin embargo, el desafío logístico que conlleva la construcción este proyecto, especialmente si se considera la eventual construcción simultánea de otros proyectos estructurales de Codelco.Esta es una arista que debe preverse para evitar externalidades y sobrecostos.
La decisión de invertir en la mina subterránea supone también la no consideración de los planteamientos alternativos esgrimidos por los sindicatos, que buscaban extender la explotación superficial de Chuquicamata a través de las fases 51 y 52 de la mina y el proyecto Quetena. Si bien ahora se reconoce el retraso del proyecto en un año, se ha logrado –hasta ahora- evitar la oposición de los sindicatos que buscan mantener sus beneficios, que de aplicarse al proyecto subterráneo, lo harían inviable.
En ese sentido, será clave entender el alcance del anuncio, que de forma complementaria a los planes de retiro y egreso que forman parte de la gestión del proyecto, se trabajará en el diseño e implementación de un plan de reconversión y reubicación de trabajadores de la división Chuquicamata. Si bien es importante cautelar el conocimiento de trabajadores calificados, no puede perderse de vista que la rentabilidad del proyecto subterráneo está íntimamente ligada a que el costo laboral esté acorde con el mercado, y no según el alto nivel que ostentan actualmente los trabajadores de Chuquicamata.
Por último, y dada la trascendencia de los montos que está comprometiendo el Estado en Codelco, debe reiterarse la relevancia de mecanismos de fiscalización en el control de costos en todas las fases y la demostración de la rentabilidad social y económica de este esfuerzo.
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