EL POST Incoherencias y daño

Incoherencias y daño

25 / Nov Por Vinka Jackson

“Una persona sabia decía que debería existir un mandamiento número 11. No abusar de un niño, bajo circunstancia  alguna, bajo pretexto alguno” (de un escrito del abogado chileno Hernán Fernández).   Finalizando la misma semana en que canales de televisión y estaciones de radio nos sobrecogieron con la emisión en vivo de las formalizaciones a los involucrados en la red de explotación sexual infantil recientemente descubierta en Chile, se resolvía la rebaja de penas carcelarias a tres hombres que cumplían condenas  por delitos de la misma naturaleza.   Delitos que suman vulneraciones inenarrables: abusos sexuales, estupro, incitación a actos de connotación sexual y violación reiterada de un hijo, explotación sexual de menores (promoción de la prostitución y producción de material pornográfico). Las penas recibidas por sus crímenes, creo, no son coherentes bajo ninguna lógica: ni punitiva ni de rehabilitación. Dudo sinceramente que los tiempos  hayan sido suficientes para el arrepentimiento, la rectificación ética, o la realización de terapias que pudieran efectivamente prevenir reincidencias, especialmente en el caso de abusadores en serie.   Jorge Tocornal (ex ejecutivo bancario) fue condenado a 3 años de cárcel por abusos contra su hijo. José Andrés Aguirre (“Cura Tato”) y Claudio Spiniak recibieron sentencias de 12 años cada uno. Todos ellos, verán rebajadas sus penas en dos meses y, con ello, Aguirre podría salir en libertad de inmediato.   El beneficio fue resuelto (ver noticia) en consideración a argumentos de buena conducta o comportamiento ejemplar de parte de los condenados, durante su reclusión. Fue otorgado por la Comisión de Rebaja de Penas compuesta por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, siete jueces orales, un perito sicólogo, un perito asistente social y dos abogados del Ministerio de Justicia, además del Seremi.    “Dos meses”, pensará más de alguien, no es una rebaja inmensa. Pero lo es. Un día podría serlo. Y quizás digo algo completamente incorrecto o aberrante en términos jurídicos, pero en otras esferas, donde priman la decencia del sentido común y la sensatez del cuidado (y de la protección que Chile, por lo demás, se ha obligado internacionalmente a prodigar a la infancia), esta decisión de rebajar condenas -que ya eran moderadas, por decir lo menos- por crímenes contra niños, niñas y adolescentes, es éticamente reprochable y simbólicamente devastadora.   La medida tiene el potencial de re-victimizar. Expone a las víctimas -y es un hecho conocido para quienes trabajamos en reparación-, las que al momento de saber que sus abusadores saldrán en libertad antes de lo esperado, podrían sufrir retrocesos en su terapia (flashbacks, crisis de angustia, pánico, autoagresiones, ideaciones y/o intentos suicidas, entre otros síntomas). Asimismo, se expropia a las víctimas de un plazo (por insuficientes o injustas que pudieran sentirse las condenas a los culpables) que ya había sido definido y asimilado por ellas, como un tiempo “protegido”: por la imposibilidad de encontrarse en cualquier calle con su abusador (créanlo, es de las peores sensaciones del mundo) y por la posibilidad de contar con espacio y aire para el despliegue de la terapia, sin el latido de fondo de la presencia del abusador.   En las voces del cuerpo y la consciencia -ajenas a códigos penales y tecnicismos legales- “dos meses” puede traducirse en “no nos importa demasiado lo que sucedió con ustedes, lo que pueda suceder, lo que está ocurriendo hoy con otras víctimas” (y no quiero imaginar lo que sentirán las víctimas que han entregado su testimonio en la investigación actual sobre explotación infantil); o “si esto implica daño o retrocesos para terapias titánicas, tampoco es tan relevante”, y por último “estamos dispuestos, asimismo, a exponer a la sociedad civil al impacto de lo que se siente injusto o intimidante” porque ¿si no están rehabilitadas estas personas -y no se ha dado ninguna seña o garantía al respecto-, no podrían correr peligro ahora otros niños y adolescentes?   Ética del cuidado: cero. Pero un CERO del tamaño del diámetro de la tierra. Para los menores víctimas, para la infancia toda, y para los adultos que debemos observar impotentes cómo se toman estas medidas en nuestro país sin siquiera recibir -al momento de escribir esta columna, no se han conocido- justificaciones o argumentaciones que nos permitan comprender qué nivel de “buena conducta” o cuáles garantías de no-reincidencia ameritarían que sentencias por crímenes como la violación reiterada de niños o su explotación como mercancía, reciban el beneficio de considerar una rebaja de penas.   No es falta de compasión, ni espíritu violento, y menos incoherencia con cuestiones que conozco de cerca en el hemisferio norte (donde desde la adolescencia, personas atormentadas por sus inclinaciones sexuales y/o posibles ofensores pueden pedir ayuda y recibirla de fuentes privadas o estatales): la terapia de rehabilitación de ofensores sexuales, en algunos casos muy calificados, antes de la comisión de un primer delito, o no habiendo cometido abusos en serie (en cuyo caso, aunque sea desesperanzador decirlo, no hay mucho que hacer).     No conozco personalmente a ninguno de los imputados beneficiarios de la rebaja, e ignoro completamente si durante el tiempo que llevan en prisión, han participado de alguna rehabilitación -lo que además habría obligado a un reconocimiento de responsabilidades, de daños infligidos y la expresión de voluntades, por una parte, de restitución a sus víctimas, y por otra, de someterse a terapias de largo aliento y, posiblemente, en algunos casos, de por vida-. Tampoco conozco a las personas y peritos que tomaron la decisión de rebajar las condenas, supongo, luego de un proceso concienzudo y difícil. Pero a pesar de todo lo anterior, tengo derecho a dudar, a hacerme preguntas, a objetar y cuestionar esta forma de abordar la justicia, con un punto ciego en relación a las víctimas.   El ministro de Justicia dijo que debía respetarse la medida, aunque tuviera el temor de que en algunas de las personas beneficiadas -plural: eso ya es al menos 2 de 3-, algunas conductas -conductas que, recordemos, son violación, estupro, explotación sexual de menores- pudieran repetirse. ¿De qué estamos hablando entonces?   Decir “me duele el corazón” no basta, ministro, de verdad que no, aunque uno valore su humanidad o intento de empatía. Ni usted ni la Comisión de Rebaja de Penas, podrán imaginar jamás -a no ser que lo hayan vivido, y quizás sí, y menos entendería entonces- lo que puede llegar a doler en los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vejaciones que pulverizan la dignidad, que revuelven el instinto vital con emociones demoledoras como el miedo, la repulsa, la soledad, las ganas de desaparecer a veces. Porque cuando menos se espera, el cuerpo (el propio hogar, irremplazable, irrenunciable) se vuelve ajeno, como si a uno lo desalojaran todos esos cuerpos grandes y temibles que dejaron su huella en la memoria, y hacen doler, como si estuvieran vivos y presentes, aunque ya no lo estén.   Ojalá exista espacio para apelar, revisar o revertir estas medidas. Ojalá las señales apunten a la cordura y coherencia de una buena vez. Ojalá nuestras éticas como país, en relación a la protección y valoración de la infancia sean altas y absolutas. No tengo (no puedo) nada más que decir.