HÉCTOR SOTO, El riesgo de abaratar la política

No tenemos políticas públicas muy originales y este gobierno es un verdadero festival en términos de imaginación para expandir el gasto. Total, los pobres pueden esperar.‏

El propósito de bajar el nivel de exposición de la política al poder del dinero es como una de esas buenas intenciones de las cuales está pavimentado el camino al infierno.

El tema del aporte reservado de las empresas a las campañas electorales ya venía planteándose con caracteres de escándalo desde hace meses.Ahora, el “caso Penta” lo convirtió en una hoguera que amenaza con derretir en la fragua de la revancha a figuras, movimientos y partidos que hasta ayer parecían estar, literalmente, entre la maquinaria más sólida, irremovible y pesada de la política chilena.

Como las cosas en nuestro país a veces andan más rápido que la discusión, a estas alturas ya no tiene mucho sentido plantear si es o no legítimo que las empresas puedan contribuir al financiamiento de las campañas. Aunque hay argumentos tan válidos desde el punto de vista de la ética social para reconocerles esa facultad como para negárselas, lo concreto es que hoy eso ya no importa mucho, porque va a ser difícil que en el futuro las empresas quieran correr el riesgo de ver su nombre incluido en el listado de los grandes contribuyentes de la política.

Esto es definitivo: las empresas ‘se operaron’ de los políticos, por decirlo así, y la procesión de los que iban a hacer sonar el tarro a las gerencias o a los directorios se terminó. Es lógico: ya este año las donaciones reservadas protegidas por la ley dejaron de estar amparadas por esa reserva, luego que el Servicio de Impuestos Internos entregara la nómina completa de las empresas que habían hecho uso del beneficio tributario acordado a las donaciones”.

A lo mejor eso no describe la magnitud del fenómeno, porque puede haber empresas que aportaron sin invocar el beneficio, pero serían casos más bien marginales.

Triple conjunción

Es a lo mejor lamentable que la discusión del proyecto de ley que el Ejecutivo se propone llevar al Parlamento tenga que realizarse ahora, cuando el “caso Penta” está al rojo, cuando la reforma del sistema binominal lleva aparejado un redistritaje y cuando el sistema político está tan desafiado por el voto voluntario. Cada una de estas variables genera tensiones.

Las del “caso Penta”, sobre todo a estas alturas de la investigación, están asociadas a los equívocos que introduce, porque, claro, de ser ciertas las imputaciones formuladas, no tiene presentación que empresas de este conglomerado se hayan saltado la ley para favorecer a determinados políticos. Sin embargo, si es que eso fue lo que ocurrió, esta es una delincuencia que no tiene nada que ver con el sistema de aportes reservados contemplado en la ley. Si efectivamente las platas se cursaron con la impunidad que se ha dicho es sólo porque tienen que haber fallado los controles de los organismos encargados de detectar las irregularidades a tiempo.
El redistritaje se va a traducir en una base territorial mucho mayor para los diputados. Siendo así, qué duda cabe que las campañas serán más caras. Pero como el proyecto del gobierno busca reducir a la mitad el gasto electoral, no hay que ser muy listo para temer que esta asimetría, lejos de sanear la relación entre platas y política, termine emporcándola aún más. A menos que el gobierno ande buscando cambios puramente cosméticos, la verdad es que no cuadra la correlación entre mayor costo y menos plata. Para legislar bien, lo primero que hay que hacer es sincerar las cosas. Una normativa construida a partir de supuestos mentirosos o puritanos, y sin instrumentos efectivos en el Servel para controlar el gasto, puede llevarnos a una situación mucho peor que la actual.
Que entre el Estado

Por último, pareciera que seguimos sin tomarnos demasiado en serio los niveles de abstención en que desembocó el voto voluntario. Esta variable es amenazadora para el sistema político y correspondería hacer cualquier esfuerzo -menos reimplantar el voto obligatorio- para que la ciudadanía se movilice. Y no está muy claro que sea reduciendo el gasto electoral que esto se consiga, aun cuando campañas más transparentes podrían eventualmente elevar el prestigio de la política y, en esa medida, vencer las desconfianzas que la actividad genera en la ciudadanía en la actualidad.

Algunos sectores de la Nueva Mayoría juran que tanto el financiamiento público de los partidos como la decisión de sacar a las empresas de la matemática electoral tendrá efectos devastadores sobre los partidos de derecha.

Sin embargo, hay mucho de mito en el supuesto de que el empresariado apoya únicamente candidaturas momias. El ‘caso Penta’ -es cierto- ayuda poco a las desmitificación. Pero que nadie se pierda: las platas van a todo el espectro. Creer lo contrario es tan erróneo como asumir, sin derecho a prueba en contrario, que el sistema binominal únicamente sobrerrepresentó a los partidos de derecha”.

La música de fondo, a todo esto, en el debate del financiamiento de la política y de las campañas, va a seguir siendo endosarle más y más gastos a papá Estado. Que se vayan las empresas y que entre el Fisco. Es lo que ahora se lleva. No tenemos políticas públicas muy originales y este gobierno es un verdadero festival en términos de imaginación para expandir el gasto. Más fondos ayer para contratar asesores en los ministerios. Más plata hoy para financiar a los políticos. Y mucha más mañana para asegurarles educación gratis a los hijos de la clase alta. Curiosa prelación y todos contentos. Total, los pobres pueden esperar.