¿Importan las pymes?
Raphael Bergoeing
Centro de Estudios Públicos
y Universidad de Chile
Diario El Mercurio
Miércoles 6 de agosto de 2014
Hay políticas públicas
que son políticamente correctas.
La gran mayoría las apoya.
Por ejemplo, las políticas pro pyme
(pequeña y mediana empresa).
Pero que estas políticas
reciban respaldo transversal
no garantiza que sean
socialmente deseables.
Las políticas correctas
no siempre son
'políticamente correctas'.
Definirlas exige lo obvio:
un buen diagnóstico.
Y en el caso de las pymes
recién empezamos a tenerlo.
El Ministerio de Economía
presentó en junio
el Boletín de Empresas en Chile
por Tamaño y Sector 2005-2012.
Sus cifras desmitifican
varias creencias populares.
Entre ellas, que la gran mayoría
del empleo está en las pymes.
Como veremos, la realidad es otra.
Pero partamos por las definiciones:
según la clasificación del empleo,
una microempresa tiene hasta nueve trabajadores;
una pequeña hasta cuarenta y nueve,
y una mediana hasta ciento noventa y nueve.
De acuerdo a la clasificación por ventas,
las microempresas venden
hasta cuatro millones de pesos mensuales;
las pequeñas hasta cincuenta millones
y las medianas hasta doscientos millones.
Ahora los datos, todos para 2012:
las empresas pequeñas y medianas
suman hasta el 23% de las cerca
de 990 mil empresas activas
que hay hoy en Chile
(las pequeñas son 20%
y las mediana 3%),
13% de las ventas,
30% de valor agregado
y 38% del empleo.
Sí, las pymes son
una parte relevante
de la actividad económica,
pero no toda.
Por otro lado,
las empresas grandes
representan sólo
el 1,5% del total de empresas,
pero 85% de las ventas,
54% del valor agregado
y 55% del empleo.
Además, estas cifras agregadas
resumen una realidad heterogénea,
porque es común que las pymes
sean muy distintas entre sí.
Por ejemplo,
datos del sector manufacturero
publicados en diversos estudios
que he realizado con Andrés Hernando,
Alejandro Micco y Andrea Repetto,
muestran que en un mismo
sector, lugar y momento,
dos empresas pueden tener diferencias
de hasta siete veces en su productividad.
Durante las últimas semanas
las políticas pro pyme han ocupado
parte importante de la discusión:
el acuerdo tributario se habría zanjado
en parte acordando beneficios
para este tipo de empresas.
Y algunos empresarios
alcanzaron incluso
figuración nacional
defendiendo los intereses
del sector durante el debate.
Pero dado el nivel
de heterogeneidad ya mencionado,
es difícil, y muchas veces inconveniente,
desarrollar una agenda sectorial.
Hacerlo requiere determinar
si los problemas de estas empresas
se explican por fallas de mercado
que deben corregirse
con intervenciones gubernamentales,
o si, en cambio,
se deben a asuntos endémicos,
comunes también
en los países desarrollados.
Una política pro pyme mal diseñada
es un problema para el país,
y muchas veces para la misma empresa,
que sobrevive precariamente,
sólo postergando su muerte
y el necesario flujo de recursos
hacia usos más productivos.
Pero también hay
potenciales razones
para apoyar a las pymes.
Por ejemplo,
por información asimétrica
que reduce el acceso al financiamiento;
externalidades en el proceso de búsqueda
de oportunidades de inversión;
problemas de coordinación
que traban el encadenamiento productivo,
comunes en los clusters;
o incluso por la necesidad
-aunque discutible-
de desarrollar nichos de actividad
que promueven la identidad nacional
en sectores con demanda reducida.
Las pymes pueden, además,
ser el camino hacia el desarrollo:
para aumentar la productividad agregada
requerimos de empresas más eficientes.
Una parte importante
de la innovación que acompaña
las ganancias de productividad
ocurre durante los primeros
cinco años de vida de una empresa.
Cuando estas nuevas firmas sobreviven,
crecen y contribuyen a la eficiencia agregada.
Sin embargo, problemas de liquidez
pueden impedir que alcancen el tamaño adecuado.
La implementación
de políticas microeconómicas adecuadas
exige un análisis técnico de las mismas
y no puede basarse en la opinión
de ciudadanos bien intencionados,
pero desinformados, ni en la
opinión parcial de grupos de poder
preocupados de su propio interés.
Es imperativo profesionalizar el diagnóstico
que identifica y prioriza los problemas,
el diseño de las políticas para resolverlos,
el seguimiento de su puesta en práctica
y la evaluación de los resultados obtenidos.
El informe generado
por el Ministerio de Economía
permite avanzar en esa dirección.
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