Hay un mensaje para nosotros en los cerros arrasados y en las quebradas humeantes de Valparaíso: en Chile queda aún demasiada miseria y el Estado desatiende tareas tan elementales como la seguridad en los barrios marginales y la recolección de basura. Podría pensarse que a ello apunta el Gobierno cuando le declara la guerra a la desigualdad. Pero sus prioridades y planes no se hacen en absoluto cargo de la realidad que ha develado la tragedia del puerto.
Aunque las comparaciones internacionales suelen exagerar la nota, es cierto que la distribución de la renta es muy desigual. La visión del Gobierno es que ello no solo es en sí indeseable, sino que además provoca un malestar social que puede desestabilizar el camino al desarrollo. Es difícil discrepar de ese diagnóstico. Lo compartió, por ejemplo, el afamado autor del libro "Por qué fracasan las naciones", el economista Daron Acemoglu, en su reciente visita a Santiago. Pero, como él señaló, no se sigue de ello que cualquier política redistributiva funcione. En particular, dijo, los dos instrumentos propuestos -más progresividad en los impuestos a la renta y educación gratuita para todos- es muy discutible que lo logren.
Como demuestra el ex ministro Harald Beyer en reciente documento del Centro de Estudios Públicos -de imperdible lectura para los interesados en el tema-, los países más avanzados combaten la desigualdad, en primer término, con transferencias monetarias a los más necesitados, y luego con mayores impuestos a las rentas personales, tanto altas como medias. Las propuestas del Gobierno caminan en otra dirección.
El corazón de su programa es elevar la tributación a las utilidades retenidas de las empresas al 35% -una de las tasas más altas del mundo- y destinar esos recursos a financiar educación gratuita para los sectores medios y altos (los más vulnerables ya la tienen). Esto contraviene la tendencia mundial a desgravar los ahorros empresariales para estimular la inversión y el crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en un informe recién presentado en Washington, favorece el uso cuidadoso de políticas redistributivas, pero advierte contra los impuestos excesivos al capital, que indirectamente perjudicarían a los más vulnerables con menos oportunidades de trabajo y de ingresos. También alerta contra la educación superior gratuita.
Lo que los habitantes de los cerros de Valparaíso necesitan son más oportunidades y mejores servicios públicos básicos. Tal vez la mejor prueba de lo profundamente desigual que es nuestra sociedad es que, en lugar de atender esa prioridad, nuestro sistema político se apreste a recargar con más impuestos a los creadores de empleos, para subsidiar la educación de los sectores medios y altos.
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