"La Presidenta Bachelet, luego de una confusa reacción inicial en que dijo que esto era abominable, pero Chile seguía siendo un país seguro, para agregar luego que si bien éstos eran actos terroristas, el terrorismo no estaba instalado en Chile..."
Bajarle el perfil a la gravedad de los hechos y compartir la responsabilidad con toda la sociedad chilena. Esa parece ser la pauta oficial luego del atentado en el metro de Santiago.
La Presidenta Bachelet, luego de una confusa reacción inicial en que dijo que esto era abominable, pero Chile seguía siendo un país seguro, para agregar luego que si bien éstos eran actos terroristas, el terrorismo no estaba instalado en Chile, señaló, por último, que la unidad del país era muy importante, porque lo que se buscaba era desestabilizar el sistema democrático.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, insistió en que todavía no podemos hablar de terrorismo en Chile. Agregó que esta es una problemática de muchos años, para terminar diciendo que el país necesita unidad para combatir al terrorismo.
El Gobierno convoca a todos los partidos políticos a La Moneda y éstos se comprometen a apoyar iniciativas legislativas para combatir el flagelo del terrorismo.
Sí, todo eso está muy bien. Unidos para enfrentar el terrorismo.
Pero cuidado que esto no sirva para diluir responsabilidades.
El único que tiene los medios legales para combatir el terrorismo es el Gobierno, y por lo tanto es el responsable de lo que está pasando en Chile en esta materia. Las sociedades civilizadas entregan el monopolio de la fuerza al Gobierno, para que pueda enfrentar las amenazas internas y externas a la paz social. Es más, esa es su función principal y está en los orígenes de la creación de los Estados en la sociedad moderna.
Yo diría que es su razón de ser. Su esencia.
Claro, el resto de la sociedad también debe colaborar. De hecho, los particulares ya gastan una proporción exagerada del total que se destina a la seguridad ciudadana. Cerca de 3.800 millones de dólares que equivalen al 63% del gasto total en el rubro, según un estudio de LyD para el año 2012.
Cuando el Gobierno no cumple su labor esencial, algo está funcionando muy mal. Y lo cierto es que hay señales dadas por nuestras actuales autoridades que indican que no existe conciencia de la importancia que tiene la mantención del orden público en el conjunto de sus responsabilidades.
Porque ¿cuál es el récord del Gobierno de Michelle Bachelet en esta materia? Anuncia públicamente que no se utilizaría la Ley Antiterrorista para los casos de violencia en La Araucanía derivada de la situación mapuche. Se entrega así una pésima señal, pues en el fondo, tras esa decisión, hay una priorización de elementos político-partidistas (rechazo de la izquierda dura a la calificación de terrorista a ciertos grupos indígenas) por sobre la seguridad de la población y por sobre la realidad de las cosas.
Esas son las señales que ven los terroristas. Como también aquellas que provienen de decisiones judiciales que han dejado impunes, durante la administración anterior, a 19 acusados por asociación ilícita terrorista responsables de la colocación de más de treinta artefactos explosivos en el llamado caso Bombas. Se llegó al extremo de indemnizar a algunos de ellos, que posteriormente fueron detenidos en España acusados de poner una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. También está el caso Pitronello, donde se niega la calificación de delito terrorista a alguien que hace estallar una bomba en una sucursal bancaria, e incluso sale mutilado de ese intento.
Resguardar la seguridad ciudadana no ha sido prioridad en el Gobierno de Michelle Bachelet, y el despliegue que por estos días se observa entre sus funcionarios en estos asuntos no basta para borrar esa imagen.
La izquierda siempre ha tenido gran habilidad política para hacer aparecer a otros como responsables de los males que se padecen por su culpa. Así, los bancos, o los clientes de éstos, aparecen como culpables o pagan la cuenta de los asaltos a cajeros automáticos, y sus autores permanecen impunes. El atentado terrorista en la estación Escuela Militar del metro y otras acciones que le precedieron son inaceptables, que el Gobierno de Michelle Bachelet, cumpliendo la función esencial del Estado, que es mantener el orden público, debe enfrentar como su principal responsabilidad.
La Presidenta Bachelet, luego de una confusa reacción inicial en que dijo que esto era abominable, pero Chile seguía siendo un país seguro, para agregar luego que si bien éstos eran actos terroristas, el terrorismo no estaba instalado en Chile, señaló, por último, que la unidad del país era muy importante, porque lo que se buscaba era desestabilizar el sistema democrático.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, insistió en que todavía no podemos hablar de terrorismo en Chile. Agregó que esta es una problemática de muchos años, para terminar diciendo que el país necesita unidad para combatir al terrorismo.
El Gobierno convoca a todos los partidos políticos a La Moneda y éstos se comprometen a apoyar iniciativas legislativas para combatir el flagelo del terrorismo.
Sí, todo eso está muy bien. Unidos para enfrentar el terrorismo.
Pero cuidado que esto no sirva para diluir responsabilidades.
El único que tiene los medios legales para combatir el terrorismo es el Gobierno, y por lo tanto es el responsable de lo que está pasando en Chile en esta materia. Las sociedades civilizadas entregan el monopolio de la fuerza al Gobierno, para que pueda enfrentar las amenazas internas y externas a la paz social. Es más, esa es su función principal y está en los orígenes de la creación de los Estados en la sociedad moderna.
Yo diría que es su razón de ser. Su esencia.
Claro, el resto de la sociedad también debe colaborar. De hecho, los particulares ya gastan una proporción exagerada del total que se destina a la seguridad ciudadana. Cerca de 3.800 millones de dólares que equivalen al 63% del gasto total en el rubro, según un estudio de LyD para el año 2012.
Cuando el Gobierno no cumple su labor esencial, algo está funcionando muy mal. Y lo cierto es que hay señales dadas por nuestras actuales autoridades que indican que no existe conciencia de la importancia que tiene la mantención del orden público en el conjunto de sus responsabilidades.
Porque ¿cuál es el récord del Gobierno de Michelle Bachelet en esta materia? Anuncia públicamente que no se utilizaría la Ley Antiterrorista para los casos de violencia en La Araucanía derivada de la situación mapuche. Se entrega así una pésima señal, pues en el fondo, tras esa decisión, hay una priorización de elementos político-partidistas (rechazo de la izquierda dura a la calificación de terrorista a ciertos grupos indígenas) por sobre la seguridad de la población y por sobre la realidad de las cosas.
Esas son las señales que ven los terroristas. Como también aquellas que provienen de decisiones judiciales que han dejado impunes, durante la administración anterior, a 19 acusados por asociación ilícita terrorista responsables de la colocación de más de treinta artefactos explosivos en el llamado caso Bombas. Se llegó al extremo de indemnizar a algunos de ellos, que posteriormente fueron detenidos en España acusados de poner una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. También está el caso Pitronello, donde se niega la calificación de delito terrorista a alguien que hace estallar una bomba en una sucursal bancaria, e incluso sale mutilado de ese intento.
Resguardar la seguridad ciudadana no ha sido prioridad en el Gobierno de Michelle Bachelet, y el despliegue que por estos días se observa entre sus funcionarios en estos asuntos no basta para borrar esa imagen.
La izquierda siempre ha tenido gran habilidad política para hacer aparecer a otros como responsables de los males que se padecen por su culpa. Así, los bancos, o los clientes de éstos, aparecen como culpables o pagan la cuenta de los asaltos a cajeros automáticos, y sus autores permanecen impunes. El atentado terrorista en la estación Escuela Militar del metro y otras acciones que le precedieron son inaceptables, que el Gobierno de Michelle Bachelet, cumpliendo la función esencial del Estado, que es mantener el orden público, debe enfrentar como su principal responsabilidad.
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