¿Guerrilla rural en La Araucanía?

LUEGO DE que el fiscal de La Araucanía señalara que en esa región opera una “guerrilla rural” armada y con apoyo logístico, el fiscal nacional salió al paso de tal versión para refutarla. Argumentó que, pese a que en la IX Región el Ministerio Público ha tenido problemas, allí sólo existen “grupos que tienen relativa organización”, lo cual se encontraría lejos de una guerrilla rural.

Es llamativa la diferente evaluación de la realidad que hacen dos autoridades del órgano de persecución penal acerca de la situación en la zona del denominado conflicto mapuche. No parece lógico descartar sin más la evaluación que hace el fiscal regional, quien posee la experiencia en terreno y cotidiana de lo que allá sucede. Cabe recordar que sus palabras fueron originadas por la amenaza que hicieron voceros de comunidades mapuches de impedir el ingreso a efectivos de Carabineros y de recurrir a la violencia. En la zona se han registrado enfrentamientos que han dejado heridos a comuneros y policías. Hace unos meses un carabinero resultó muerto en una emboscada, los incendios, las amenazas, las interrupciones de caminos, la invasión de predios, la tala ilegal, el abigeato y otros delitos se repiten con preocupante frecuencia. 

Por eso, más allá de entrar en un debate retórico sobre la denominación exacta acerca de qué es lo que está operando en La Araucanía o de los intentos de algunas autoridades por bajarle el perfil a una situación anómala que se arrastra por años, es necesario que las distintas instituciones estatales tomen acción para garantizar la seguridad amenazada de la población y para resolver las condiciones de postergación social que sirven como caldo de cultivo para el reclutamiento de militantes por parte de grupos violentistas que llevan demasiado tiempo actuando al margen de la ley.