Reformas políticas

Tribuna 

por Guillermo Bruna Contreras

Diario El Mercurio, Viernes 04 de Noviembre de 2011   

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/04/reformas-politicas-1.asp

Circula la idea de hacer pronto algunas reformas políticas, que incluyen cambios al sistema electoral, y hasta cambios al texto constitucional. El tema presenta varias interrogantes que resolver, previo a hacer las reformas, como, por ejemplo, cambiar el sistema binominal por cuál otro, recordando que el sistema sólo es aplicable a la elección de senadores y diputados, pues para Presidente de la República y alcaldes es uninominal y para concejales, proporcional. Junto con el cambio de sistema electoral se habla también de aumentar el número de diputados y de senadores, de limitar su reelegibilidad, de modificar el sistema de reemplazos, de cambiar el número y composición de los distritos electorales, y hasta de la creación de senadores nacionales.

Problema grave y de considerable importancia es que quienes deben aprobar estas reformas son el Presidente de la República y los propios diputados y senadores, muchos de ellos personalmente interesados y afectados con estos cambios, tanto por la composición de los distritos como por el sistema electoral. Cabe preguntarse si podrán ellos desdoblarse en su condición de constituyentes y de futuros candidatos, reflexionando y decidiendo con independencia y libres de intereses.

En la implantación de la inscripción automática para ser elector, que aumentaría considerablemente su número, existe la incógnita para los partidos políticos de a qué sectores favorecerían estos nuevos votantes, razón por la cual hemos visto las vacilaciones de los dirigentes y de los parlamentarios de si acelerarla o retrasarla. Lo mismo ha sucedido con la elección popular de los consejeros regionales, que son vistos por los parlamentarios como potenciales rivales en sus distritos.

El interés latente en los parlamentarios no puede ser ocultado cuando se propongan estas nuevas reformas.

También se ha planteado modificar la duración del período presidencial para aumentarlo y hacer posible su reelección inmediata, prohibiendo a los ex Presidentes postularse al cargo en el futuro. Se seguiría así el prototipo norteamericano, que se ha implantado ya en nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas. Si no se aplica al actual Presidente, su participación en la reforma no sería un problema, como el que sí vemos respecto de diputados y senadores.

Por otro lado, existen las manifestaciones populares, masivas y mediáticas, que a priori no pueden ser consideradas como legítimas y representativas de la opinión nacional, pues la inmensa mayoría del país no ha participado en ellas. Han hecho mucho ruido y ocupado muchos espacios, pero su real medición de si efectivamente transmiten un sentir nacional y si sus actores están suficientemente informados no se aquilata por esos conceptos.

Tampoco los temas de eventuales cambios constitucionales se han agotado en las opiniones e ideas circulantes. Después de más de dos siglos post Revolución Francesa e Independencia de los Estados Unidos, que fundamentalmente sirvieron de modelos para nosotros, es aconsejable hacer una modernización de la estructura institucional de nuestro Estado, sin negar que la Constitución de 1980 y sus siguientes modificaciones la han actualizado mucho.

Sin embargo, temas como la transferencia efectiva de poderes desde el Poder Central a las regiones; el establecimiento de un Poder Legislativo Nacional Unicameral de gran calidad, rapidez y eficiencia; una disminución del presidencialismo exagerado que tenemos; un aumento de responsabilidades políticas y administrativas; un mayor equilibrio entre los órganos del poder; la despolitización de ciertos nombramientos, y mejores normas básicas en los órdenes económico, social, científico, laboral, educacional, ambiental y cultural, pueden ayudarnos al logro de los anhelos de mayor libertad, igualdad, seguridad y progreso que el país merece y desea.

La Constitución de 1980 partió su redacción en una Comisión de Estudios designada por la Junta Militar de Gobierno en 1973, representando exclusivamente el pensamiento de los opositortes al Gobierno recién depuesto, enriquecida después por el Consejo de Estado, que tenía la misma composición. La Constitución de 1925 nació de una Comisión Redactora nombrada por el Presidente Arturo Alessandri, integrada sí por personas representativas de diversas corrientes de opinión, y fue revisada por el propio Presidente, quien tenía ideas muy claras sobre el régimen de gobierno, que era el tema principal del cambio constitucional.

En la actualidad es difícil saber cuál es, en verdad, el pensamiento mayoritario sobre varios de los tópicos que pueden comprender las reformas políticas, aunque en un régimen de democracia representativa no es forzoso conocer y seguir el pensamiento de los representados, sino de sus representantes, pero sí cabe exigir conocer en éstos su pensamiento auténtico, separándolo de su particular conveniencia, interés o compromiso.

Difícil tarea parece ser entonces la del Presidente de la República al proponer reformas políticas, distinguiendo bien lo que el país necesita y le conviene, de aquello que se hace aparecer como un pensamiento de mayoría sin que lo sea, pues las apariencias bien pueden ser distintas de las realidades, como también saber distinguir el bien común del bien de las corrientes políticas de opinión o de sus dirigentes.

Cabe desear que el Presidente reciba buenas asesorías y actúe con mucha prudencia e inteligencia.