El ministro de Educación expresó la semana pasada durante una entrevista radial sobre el actual proyecto de ley en discusión, que la educación “tiene que ser inclusiva, no puede segmentar conforme grupo socioeconómico, capacidad de pago o capital cultural de los padres. Ese es nuestro norte”, “el mecanismo, A ó B, son todos conversables”. A ratos, con comentarios como éste, pareciera que el ministro se dio cuenta de que con los instrumentos elegidos en el proyecto que se tramita en el Congreso no se cumplirán los objetivos planteados.
En primer lugar, es inaceptable que una reforma que pretende mejorar las oportunidades educativas, especialmente de los más vulnerables, vaya a prohibir la contribución de los padres sin sustituir los recursos en su totalidad, perjudicando a lo menos a 450 mil alumnos, que verán disminuidos los recursos con que dispone su escuela.
No es un tema de plazos: 10, 15 ó 20 años. El proyecto en su estado actual nunca repondrá todos los recursos que hoy se entregan.
Segundo, es inaceptable también que la reforma plantee que el financiamiento compartido es una barrera para la libertad de elección, pero pase por alto que la mitad de los alumnos prioritarios está en el sector particular subvencionado, y que 63% de ellos estudia en un colegio que cobra financiamiento compartido, pues hoy ya existen los mecanismos para permitirles estudiar de forma gratuita junto a quienes pagan desde su propio bolsillo: la subvención escolar preferencial (SEP) y las becas obligatorias para el 15% de los alumnos vulnerables.
Más inaceptable todavía, es que los mecanismos de integración hoy existentes, en lugar de potenciarse, se pretendan eliminar. Luego de promulgada la ley, se quitará la SEP a los alumnos prioritarios que estudian de forma gratuita en colegios que no renuncien inmediatamente al financiamiento compartido. Esto sí que generará segregación por capacidad de pago.
Tercero, resulta inaceptable que se despersonalicen los procesos de admisión escolar y se pretendan sustituir por una plataforma centralizada que requerirá una carga administrativa que no sabemos si el Ministerio de Educación podrá soportar. No hay evidencia sobre la realización generalizada de prácticas selectivas discriminatorias; por el contrario, dado que la tasa de natalidad ha caído en las últimas décadas, la mayoría de las escuelas y liceos del país tiene dificultades para llenar sus vacantes .Y en el caso de proyectos educativos que reconocen y fomentan ciertas conductas, tampoco les será posible llevar a cabo procesos de admisión específicos.
Más inaceptable es que lo anterior se sustente en evidencia poco concluyente sobre el “efecto pares”, que no permite sostener ni su existencia ni la forma en que éste actuaría. De hecho, la mejor evidencia al respecto, a partir de experimentos aleatorios, va en la dirección contraria a lo que pretende hacer este proyecto, al encontrar que cursos más homogéneos obtienen mejores resultados que clases más heterogéneas.
Cuarto, resulta inaceptable que en lugar de identificar, reconocer y aprender de quienes han prestado servicios educativos de calidad, se les esté juzgando por vivir de ello y se vaya a obligar a más de un millón de familias a cambiar a su hijo del colegio con fines de lucro que escogió en primera instancia, de tal modo de seguir recibiendo la subvención que le permita financiar su educación. No se entiende cómo esto mejorará las oportunidades educativas.
En esta misma línea, es inaceptable que habiéndose creado una institucionalidad de aseguramiento de la calidad, capaz de fiscalizar el uso de los recursos públicos y evaluar la calidad de los colegios –ya no sólo con el SIMCE, sino también con otros indicadores que tienen que ver con el clima escolar-, no se tome en cuenta a la hora de juzgar a los sostenedores. Hay quienes reclamaban porque se podría quitar el reconocimiento oficial a escuelas que luego de cinco años no mejoraran sus indicadores; ¿estarán también preocupados porque el proyecto de ley enviado por el gobierno le quitará la subvención a escuelas simplemente por la naturaleza jurídica de su sostenedor?
Por último, es inaceptable que el Ejecutivo hable de “desmercantilizar” la educación, pero por otro lado pretenda financiarla tal como financia la construcción de carreteras: definiendo el qué y el cómo, sin dejar espacios para la creatividad y el aporte de nuevos talentos. Porque eso es lo que se logrará con un proyecto de ley como este: impedir la contribución de nuevos gestores de un proyecto educativo al congelar la oferta de nuevos participantes y ahuyentar a los ya existentes que no estén dispuestos a transformarse en “meros administradores de recursos públicos”.
Esperamos que exista disposición a modificar el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, pues son demasiadas las incertidumbres que ha causado.Compartimos los fines del ministro: no a la discriminación arbitraria y sí a la educación de calidad al alcance de todos. Sin embargo, los instrumentos que llevarán a cumplir esos objetivos no han sido incluidos todavía en la discusión. Esperemos que se incorporen pronto.
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