"Se aprecia un fuerte protagonismo de las consideraciones ideológicas en aspectos que por varias décadas pudieron mantenerse esencialmente en el plano técnico..."
Por varias décadas, la economía chilena logró progresos importantes sobre la base de una fuerte integración al exterior, el uso preferente del mercado para asignar recursos, junto con una activa gestión del gobierno en el diseño y ejecución de la política social. Desde luego, a menudo se plantearon controversias sobre diferentes aspectos de la política económica y/o el marco regulatorio; sin embargo, en definitiva, estos fueron resueltos a través de la confrontación de ideas, de evidencia y, finalmente, de una paciente negociación entre los actores envueltos.
Contribuyó a resolver las frecuentes discrepancias el hecho de que -de alguna forma- se instaló implícitamente dentro del debate público la noción de que el crecimiento es la herramienta esencial para continuar avanzando tanto en materias económicas como sociales. También lo es para la estabilidad, en tanto esta hace posible llevar a cabo ajustes y mejoramientos de las políticas dentro de un ambiente de progreso, lo que permite contener la aplicación de acciones que en algún grado pudieran amenazar la estabilidad macroeconómica.
Esto es lo que algunos han denominado "teoría de la bicicleta", de acuerdo con la cual, avanzando, las economías pueden ir resolviendo los principales desafíos de las políticas públicas, mientras que cuando comienzan a perder velocidad corren el riesgo de desestabilizarse.
Durante los últimos años se pudo establecer una amplia coincidencia en torno a la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación a la que acceden los grupos más pobres de la sociedad, lo que resulta razonable, considerando que esta es la herramienta esencial tanto para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades en la sociedad, como para sostener el mismo proceso de crecimiento. En esta línea, lo que cabía era establecer proyectos apuntados al logro del objetivo propuesto y buscar el financiamiento para ellos.
Sin embargo, lo que podría haber sido una agenda de políticas públicas de amplio consenso, rápidamente dio un giro a otra, donde el nervio de la discusión está en los instrumentos que le dan forma a ésta, más que en una evaluación rigurosa de la manera en que las reformas propuestas se espera que contribuyan al logro de los objetivos expuestos. Esto es, de una sociedad que ofrezca una mayor igualdad de oportunidades en un marco de progreso.
En efecto, en el ámbito de la reforma tributaria ha quedado claro que para las autoridades, el "corazón" del proyecto está en la eliminación del actual sistema, particularmente en lo que se refiere al FUT. Respecto de la eficacia -en términos de los efectos sobre el crecimiento del producto, empleo e inversión- con la que se obtendrán los recursos requeridos por el gobierno, es muy poco lo que han aportado los defensores del proyecto, más allá de descalificar la evidencia y argumentos esgrimidos en contra de ésta.
En el ámbito de la reforma educacional se ha apreciado una mayor disposición al diálogo, lo que es valioso. Sin embargo, nuevamente se aprecia una mezcla de instrumentos, objetivos e ideología, y es muy poco lo que se conoce con respecto a la forma en que la variable "calidad de la educación" se verá afectada por las iniciativas del gobierno. Ello, en la medida en que las iniciativas planteadas esencialmente enfatizan la preferencia de las autoridades por la educación pública y el establecimiento de ciertos criterios de "igualdad".
Por un lado, parece debatible que criterios como la no selección de los estudiantes por parte de los colegios contribuyan al mejoramiento de la educación de aquellos grupos que se desea apoyar con las políticas públicas. Más aun, no es claro que tal selectividad sea tal fuera de los así llamados "liceos emblemáticos". Más discutible incluso es que el fortalecimiento de la educación pública sea el instrumento adecuado para ello.
Por otro lado, resulta verdaderamente indefendible sobre la base de criterios de rentabilidad social en el uso de los recursos públicos -en especial para un gobierno que ha hecho de la búsqueda de una distribución del ingreso más igualitaria su bandera- la implementación de políticas conducentes a la gratuidad de la educación universitaria.
En definitiva, me parece que la preocupación que en diferentes formas manifiestan observadores externos e inversionistas con respecto a las perspectivas de la economía chilena refleja un temor que va más allá que el debate sobre el nivel de la carga tributaria, el futuro del FUT o de los liceos emblemáticos, y se vincula con el fuerte protagonismo que se aprecia de las consideraciones ideológicas en aspectos que por varias décadas pudieron mantenerse esencialmente en el plano técnico. De confirmarse esta apreciación, solo cabe esperar un intenso trabajo de la retroexcavadora, al tiempo que los umbrales del desarrollo comenzarán a verse más lejanos.
Contribuyó a resolver las frecuentes discrepancias el hecho de que -de alguna forma- se instaló implícitamente dentro del debate público la noción de que el crecimiento es la herramienta esencial para continuar avanzando tanto en materias económicas como sociales. También lo es para la estabilidad, en tanto esta hace posible llevar a cabo ajustes y mejoramientos de las políticas dentro de un ambiente de progreso, lo que permite contener la aplicación de acciones que en algún grado pudieran amenazar la estabilidad macroeconómica.
Esto es lo que algunos han denominado "teoría de la bicicleta", de acuerdo con la cual, avanzando, las economías pueden ir resolviendo los principales desafíos de las políticas públicas, mientras que cuando comienzan a perder velocidad corren el riesgo de desestabilizarse.
Durante los últimos años se pudo establecer una amplia coincidencia en torno a la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación a la que acceden los grupos más pobres de la sociedad, lo que resulta razonable, considerando que esta es la herramienta esencial tanto para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades en la sociedad, como para sostener el mismo proceso de crecimiento. En esta línea, lo que cabía era establecer proyectos apuntados al logro del objetivo propuesto y buscar el financiamiento para ellos.
Sin embargo, lo que podría haber sido una agenda de políticas públicas de amplio consenso, rápidamente dio un giro a otra, donde el nervio de la discusión está en los instrumentos que le dan forma a ésta, más que en una evaluación rigurosa de la manera en que las reformas propuestas se espera que contribuyan al logro de los objetivos expuestos. Esto es, de una sociedad que ofrezca una mayor igualdad de oportunidades en un marco de progreso.
En efecto, en el ámbito de la reforma tributaria ha quedado claro que para las autoridades, el "corazón" del proyecto está en la eliminación del actual sistema, particularmente en lo que se refiere al FUT. Respecto de la eficacia -en términos de los efectos sobre el crecimiento del producto, empleo e inversión- con la que se obtendrán los recursos requeridos por el gobierno, es muy poco lo que han aportado los defensores del proyecto, más allá de descalificar la evidencia y argumentos esgrimidos en contra de ésta.
En el ámbito de la reforma educacional se ha apreciado una mayor disposición al diálogo, lo que es valioso. Sin embargo, nuevamente se aprecia una mezcla de instrumentos, objetivos e ideología, y es muy poco lo que se conoce con respecto a la forma en que la variable "calidad de la educación" se verá afectada por las iniciativas del gobierno. Ello, en la medida en que las iniciativas planteadas esencialmente enfatizan la preferencia de las autoridades por la educación pública y el establecimiento de ciertos criterios de "igualdad".
Por un lado, parece debatible que criterios como la no selección de los estudiantes por parte de los colegios contribuyan al mejoramiento de la educación de aquellos grupos que se desea apoyar con las políticas públicas. Más aun, no es claro que tal selectividad sea tal fuera de los así llamados "liceos emblemáticos". Más discutible incluso es que el fortalecimiento de la educación pública sea el instrumento adecuado para ello.
Por otro lado, resulta verdaderamente indefendible sobre la base de criterios de rentabilidad social en el uso de los recursos públicos -en especial para un gobierno que ha hecho de la búsqueda de una distribución del ingreso más igualitaria su bandera- la implementación de políticas conducentes a la gratuidad de la educación universitaria.
En definitiva, me parece que la preocupación que en diferentes formas manifiestan observadores externos e inversionistas con respecto a las perspectivas de la economía chilena refleja un temor que va más allá que el debate sobre el nivel de la carga tributaria, el futuro del FUT o de los liceos emblemáticos, y se vincula con el fuerte protagonismo que se aprecia de las consideraciones ideológicas en aspectos que por varias décadas pudieron mantenerse esencialmente en el plano técnico. De confirmarse esta apreciación, solo cabe esperar un intenso trabajo de la retroexcavadora, al tiempo que los umbrales del desarrollo comenzarán a verse más lejanos.
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