por Francisco Rosende
Diario El Mercurio, martes 26 de mayo de 2015
Durante los últimos años
se ha instalado con fuerza
en la agenda de políticas públicas
el objetivo de consolidar una sociedad
en la que predomina
la igualdad de oportunidades,
donde la meritocracia
es el principal vehículo
de progreso individual.
Es difícil estar en desacuerdo
con el objetivo planteado.
Más aún, este es un objetivo inherente
al sistema económico que ha prevalecido
en el país durante las últimas décadas.
Cabe recordar
que la implementación de dicho sistema
se inicia con la apertura de la economía,
lo que llevó a la eliminación de numerosos monopolios
amparados en una compleja red de protección de la competencia externa.
Por otro lado, se promovió
una mayor flexibilidad del mercado del trabajo,
de forma de promover el acceso al empleo de los trabajadores.
Ello significó hacer frente a las desigualdades
en las condiciones de salario,
estabilidad del empleo y seguridad social
envueltas en un mercado fuertemente regulado,
donde los privilegios de importantes grupos de presión eran evidentes.
Si bien los resultados indican
que se ha avanzado significativamente
en materia de eliminación de la pobreza,
al mismo tiempo que los signos de desigualdad
tienden a ceder, me parece saludable
mantener una mirada vigilante de las políticas públicas,
con el propósito de detectar los obstáculos
que pudieran estar obstruyendo
el logro de nuevos avances en este plano.
El punto de partida de este ejercicio
debe ser una mirada cuidadosa de la realidad,
lo que, como se indicó,
permite corroborar los progresos alcanzados.
En la construcción de una sociedad
basada en la igualdad de oportunidades
existen dos pilares básicos:
i) una política social eficaz,
focalizada en apoyar a los sectores
verdaderamente más necesitados,
y ii) la competencia.
Así, en la promoción y defensa de esta última
resulta plenamente razonable el establecimiento
de severas sanciones para quienes lleven a cabo
conductas monopólicas o de colusión.
En la misma lógica, resulta coherente
el establecimiento de duras sanciones
a quienes busquen obtener ganancias
a través de prácticas reñidas
con las reglas de la competencia,
como sería el uso de información privilegiada.
Desde luego, es un tema en sí mismo
la definición de la forma específica
en que la institucionalidad económica
debe cautelar por la competencia
y sancionar a quienes lleven a cabo
prácticas reñidas con esta.
Por cierto, existen estrategias
que son más eficientes y otras menos,
pero en la construcción de estas
es importante velar porque se resuelvan los riesgos
y problemas planteados, evitándose que estas
se constituyan esencialmente en un movimiento
para elevar el tamaño del gobierno y de su aparato regulatorio.
Sin embargo, el pretendido propósito
de impulsar la igualdad y la meritocracia
chocan abiertamente con iniciativas
como la reforma educacional y la laboral,
ambas en trámite parlamentario.
Más aún, en el caso de iniciativas
como la reforma educacional
resulta poco razonable argumentar
que esta responde a una estrategia
de apoyo a los grupos más pobres de la sociedad,
criterio esencial de la construcción
de una sociedad verdaderamente más igualitaria.
Si bien un análisis detallado de dichas iniciativas
excede con mucho el espacio disponible,
es posible destacar algunos aspectos de estas reformas
a la luz de los criterios expuestos.
Así, por un lado, es difícil suponer
que el establecimiento
de gratuidad de la educación universitaria
o, el crecimiento de la educación pública,
puedan contribuir a una sociedad más igualitaria.
Por un lado se transfieren recursos
a personas que no pertenecen -mayoritariamente-
a los grupos más pobres, mientras que por otro
se promueve un creciente poder monopólico
-sobre buena parte de la población-
del segmento educacional que ha observado
los peores indicadores de desempeño.
La limitación que se establece
sobre la libertad de elegir
de los padres es evidente.
Sin embargo, subsiste una pregunta esencial:
¿Qué tienen que ver iniciativas como las mencionadas
con la meritocracia y la igualdad de oportunidades?
En materia laboral,
la iniciativa gubernamental
actualmente en trámite legislativo
plantea una serie de riesgos,
los que apuntan esencialmente
al crecimiento del empleo
y la supervivencia
de las empresas pequeñas y medianas.
En efecto, el proyecto plantea
modificar las condiciones de negociación
entre sindicatos y empresas,
de forma tal que es esperable
que se promoverá un progresivo
proceso de reemplazo de trabajadores por máquinas.
Por otro lado, el riesgo del emprendimiento
se eleva de un modo considerable,
considerando la posición desmejorada
en que quedarán las empresas medianas y pequeñas
para enfrentar escenarios de conflictos laborales.
Ello no solo crea una fuente de inequidad
entre este tipo de actividades
y las empresas grandes y consolidadas,
sino que, además, provocará un perjuicio
a la capacidad de crecimiento de la economía.
En definitiva, detrás de un discurso
ampliamente compartido por la comunidad,
el que se encuentra plenamente en línea
con la agenda de políticas seguida
por el país en las últimas décadas,
se aprecia un deliberado propósito
de aumentar el tamaño e influencia del gobierno
en el funcionamiento de la economía,
alimentado en visiones ideológicas y grupos de presión.
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