Tienen razón los rectores al querer mantener la autonomía de sus planteles, pero no la tienen cuando se niegan a responder al Estado.
por Jaime Bellolio - Diario La Tercera, 05/12/2011 - 04:00
La respuesta de los rectores llegó de inmediato. Varios calificaron sus declaraciones como "aventuradas", que no podían "descartar una cosa o la otra", que estaban "estudiando los aranceles" para el próximo año, y que éstos serían dados a conocer el 9 de diciembre. ¿Tienen razón los rectores de no querer cerrarse a aumentar los aranceles, dado el mayor aporte?
Para responderlo, hace falta preguntarse primero por qué debiese el Estado financiar de forma permanente a las universidades. Hay quienes sostienen que la principal razón es porque producen un bien público, y dado que éste es de interés general y que los beneficios no son fácilmente apropiables por la institución, el Estado debe financiarlo para asegurar su correcta provisión. Esta postura no responde el por qué deben ser únicamente instituciones pertenecientes al Estado, o las más viejas, quienes reciban esos fondos, ni tampoco por qué no podría otorgarse el financiamiento por "bien público producido", es decir, una vez que hayan demostrado que efectivamente se realiza aquello que se espera. Esto vuelve a la cuestión sobre la pertinencia de la actual composición del Consejo de Rectores
Por otro lado, hay quienes manifiestan que el avance en el conocimiento humano siempre ha requerido de una mirada de largo plazo, y que la universidad como institución que busca la verdad, no debe estar necesariamente anclada a lo utilitario o lo inmediato. Esta mirada no considera que hoy debe coexistir y equilibrarse en la universidad tanto la producción de conocimiento, como la enseñanza de competencias y herramientas necesarias para la inserción en el mundo laboral. Sin embargo, toda esta discusión que sin duda es de la mayor importancia, pasa a un segundo plano por la tremenda opacidad que caracteriza el actuar de algunas instituciones del Consejo de Rectores.
No sólo no han querido dar cuenta del buen uso de los recursos fiscales, sino que también se han resistido a entregar toda la información que permita comprobar su producción de conocimiento, la creación de ese valor público, y con mayor intensidad han negado la entrega de datos sobre empleabilidad de sus egresados, sus salarios y la duración real de las carreras. Esta falta de transparencia no sólo es inconveniente, sino que injusta con todos los chilenos, a quienes se les exige financiar dichas instituciones.
Así, tanto el Estado como los estudiantes están tomando decisiones a ciegas. ¿Vale la pena invertir más recursos en dichas corporaciones? ¿Es conveniente para el estudiante y su familia entrar a estudiar una determinada carrera?
Tienen razón los rectores cuando quieren mantener la autonomía de sus instituciones, pero no la tienen cuando se niegan a responder ante el Estado, los estudiantes y la sociedad en su conjunto, si es que están a la altura de lo que el país necesita.
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