Opinión Ex ministro de Obras Públicas (2006-08) Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez y asesor externo Lota Protein. Diario El Mercurio, sábado 7 de mayo de 2011http://diario.elmercurio.com/2011/05/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7BC6D5C6-99CB-4A5E-8CF7-7A4800E646F1.htm?id={7BC6D5C6-99CB-4A5E-8CF7-7A4800E646F1} El sector pesquero chileno ha sufrido la sobre explotación de múltiples pesquerías desde los años sesenta, debido al sobre dimensionamiento del esfuerzo de pesca por parte de las empresas pesqueras que han dominado la industria por décadas. Hasta hace pocos años los grupos económicos que acumularon su capital por la explotación de recursos pesqueros en el norte del país, se oponían a generar cuotas individuales transables de pesca, ya que deseaban ingresar a la zona sur para poder explotar el Jurel, las merluzas y otras especies, debido a que en el norte ellos mismos habían sobre explotado las pesquerías. Esos mismos intereses convencieron a todo el sistema político para que derogara la ley de pesca promulgada el año 1989, que establecía cuotas individuales transferibles, con licitación parcial de éstas. Lograron en 1991 una ley que satisfacía sus demandas, les permitía ingresar a las zonas en que había pesca abundante. En pocos años se generó una enorme sobre inversión y sobre explotación de valiosos recursos pesqueros, con las consecuencias de desempleo y pobreza. El 2001 se renuevan los derechos de pesca sobre bases históricas. La cercanía al vencimiento de los derechos establecidos en la ley del 2001 ha puesto en el debate nuevamente la asignación de cuotas de pesca. Los pesqueros establecidos se oponen a que se asignen por licitación las cuotas individuales de pesca, argumentan al igual que en 1988, 1991 y el 2001 que esto afecta sus derechos históricos. ¿De qué derechos históricos se habla? Tuvieron el privilegio de extraer altas rentas del sector y además destruirlas por sobre explotación, cuando su capital estaba ya totalmente amortizado. Más que un derecho, tienen un pasivo histórico con la sociedad chilena. Si asignamos en forma indefinida los derechos de pesca, sin ningún desafío a los históricos, entonces aflora el rentismo monopólico. Se genera auto complacencia y por ende insuficientes incentivos a innovar para diferenciarse y crecer. La transferibilidad de las cuotas de pesca no es suficiente para promover ni la eficiencia dinámica ni la equidad. En el caso de un mercado concentrado, con asimetrías de información y costos de transacción, el sector tenderá a seguir concentrado, con la entrada bloqueada y con bajo incentivo a innovar. Además se fortalece su poder monopsónico, esto afecta entre otros a los pescadores artesanales que en muchos casos no tienen otras alternativas a quién vender su captura. La licitación permite fijar a través del mercado el justo precio y retribución al resto de la sociedad chilena, mejorando así la distribución del ingreso. Ahora la tarea es diseñar una licitación que permita el ingreso de nuevos actores, evite la concentración e incentive mejores estándares ambientales y sociales. Opinión Reglas para un sector pesquero eficiente por Jorge Rodríguez Grossi Ex ministro de Economía (2001-06) Decano Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtadohttp://diario.elmercurio.com/2011/05/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0438A980-F73F-403D-830B-32BEA2635582.htm?id={0438A980-F73F-403D-830B-32BEA2635582} En 2012 se vence el plazo de vigencia de las cuotas porcentuales de pesca. Éstas debieran ser permanentes. Revisarlas cada cierto tiempo resta valor al emprendimiento. No abogo por gratuidad sino por maximizar las cadenas de valor. ¿Qué haría un forestal, un minero o un hidroeléctrico si cada 10 años se les dijera: ¡Ahora toca licitar sus derechos! Plantarían árboles de maduración rápida, florearían las minas y, a lo más, habría centrales de pasada. Se favorece licitar por plazos fijos para fomentar innovación y competitividad. Tratándose de actividades ya funcionando, lo más probable es que cueste más la inseguridad en la propiedad que cualquier otra ventaja. Se argumenta que con cuotas por 10 años las inversiones se amortizarían. Se desconoce que muchos procesos productivos requieren inversiones continuas. Las cuotas que se extinguen limitan al emprendedor a invertir sólo al comienzo. Pero se olvida que no sólo hay que invertir en personas y equipamientos para pescar sino también para transformar el insumo creando marcas, redes internacionales y mucho valor por encima de la pesca. La precariedad de los derechos de pesca en Chile convierte al sector en uno de alto riesgo político para invertir. Los permisos otorgados desde principios del siglo XX son cuestionados generándose un desarrollo insuficiente que no maximiza el valor agregado potencial. Es materia de jueces y juristas determinar la solidez de estos derechos y su cuantía. Como economista constato que bajo un esquema de licitaciones de cuotas extinguibles la solución puede ser cara para el país, porque no se optimiza el valor agregado y, para el Estado, porque puede terminar pagando más que lo que recauda. No se otorgan nuevas autorizaciones de pesca desde 1991. Permitir nuevos entrantes sin aumentos de la biomasa comprobados sería cuestionable. ¿Es acaso injusto? Igual pregunta cabría analizando la colonización de un territorio donde se distribuyen tierras hasta coparlas. Muchos alegarán después por no captar terrenos. Eso lo corrigen luego los países cobrando impuestos a las utilidades. Así es hoy en la pesca industrial. Que desde 1991 no se otorguen nuevos accesos a la pesca me permite concluir la falsedad de afirmaciones sobre regalos de pesquerías a partir de la ley del 2002 que promulgó el Presidente Lagos. Además, esa ley subió a más del doble las patentes a los industriales, llegando a 6% del valor de las capturas en el 2009. Esto constituye un royalty adicional a los demás impuestos del sector. Es falso hablar de rentas regaladas. La ley extrae rentas específicas de la pesca industrial. Los tributos siempre pueden ser más eficientes. Su ventaja sobre una licitación es evitar la judicialización que se produciría al quitar cuotas a artesanales e industriales. Diferente sería licitar nuevas pesquerías o excedentes cuando crezca la biomasa. Se puede concordar o no con el cómo Chile y el resto del mundo han dado acceso a la explotación de ciertos recursos en etapas iniciales de precio cero. Hoy en día esas autorizaciones valen dinero y seguramente no será gratis para el Estado desconocerlas. Corresponde dotar a la pesca de las mismas reglas que el resto de la economía para maximizar su valor agregado y pedirle tributar según criterios de equidad y eficiencia.
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