El gobierno, basado más en argumentos ideológicos que empíricos, quiere sacar adelante una reforma basada en un diagnóstico equivocado que carece de una evaluación rigurosa sobre sus posibles impactos...
PAZ ARZOLA,
A fines de los años 50, en medio de una serie de fracasadas reformas, el ex líder chino Mao Tse-Tung estableció que los gorriones debían ser exterminados, pues los consideró dañinos para el desarrollo de las cosechas. Después de llevarse a cabo una matanza masiva, la escasez de gorriones trajo como consecuencia una proliferación de insectos, que –ahora sí- provocó una plaga que destruyó las cosechas y que contribuyó con la llegada de un período de miseria en el que se calcula murieron más de 30 millones de personas.
La exterminación de gorriones da cuenta de cómo una medida radical que se tomó de forma liviana, sin un diagnóstico riguroso ni estudios que anticiparan sus posibles impactos, terminó con consecuencias lamentables.
Hoy en Chile enfrentamos una situación comparable en materia educacional. El gobierno, basado más en argumentos ideológicos que empíricos, quiere sacar adelante una reforma que, tal como en el caso de los gorriones, se basa en un diagnóstico equivocado y carece de una evaluación rigurosa sobre sus posibles impactos. La iniciativa, que esta semana se vota en general en la sala del Senado, no aborda los verdaderos aspectos que se necesitan discutir para mejorar la calidad de la educación y las oportunidades de las familias. No dice nada sobre los profesores o la necesidad de descentralizar las decisiones técnico-pedagógicas en las escuelas, ni tampoco hace alusión a los elementos que contribuyen a mejorar el clima escolar y los factores que inciden directamente en los aprendizajes de los alumnos. En cambio, toma las consignas de “gratuidad”, “fin al lucro” y “fin a la selección”, sin reparar en las consecuencias negativas que éstas podrían tener en la calidad y diversidad del sistema escolar.
Como país necesitamos atraer más recursos y mejores profesionales al sector educación. Sin embargo, la prohibición del lucro –es decir, de obtener ganancias a partir de esta actividad- desincentiva el aporte de nuevos actores que quieran colaborar en educación, en la medida que no podrán vivir de esto, y fija un techo que viene dado por los ya existentes. Del mismo modo, la restricción a los usos que podrá darse a los recursos (la definición de “fines educativos” en la ley) limita la introducción de mejoras en el proceso educativo, pues quienes intenten hacer algo distinto a lo que la ley impone, se estarán arriesgando a una sanción.
En lugar de mejorar la calidad y la diversidad de la provisión de educación, se terminará por uniformar y estancar el sistema, dejando en exclusivas manos del Mineduc -el mismo que hasta la semana pasada tenía más de mil colegios municipales en paro a lo largo del país- la posibilidad de llevar a cabo cualquier mejora.
En cuanto al financiamiento compartido, no existe evidencia rigurosa que demuestre que éste es negativo para el sistema escolar. En cambio, su eliminación como se propone en el proyecto significará un estancamiento en los recursos con que cuentan las escuelas. Cualquier aumento del gasto público en educación que se haga en los próximos años, sólo irá a cubrir parte del copago y, por lo tanto, no se traducirá en incrementos reales de recursos para las escuelas. En un sistema como el chileno, en que los recursos por alumno son todavía bastante bajos en relación a los mejores sistemas educativos del mundo, no podemos darnos ese “lujo”.
Y respecto al nuevo sistema de selección propuesto por el proyecto de ley, éste pasa por alto la diversidad de los alumnos, desechando la posibilidad de que cada niño reciba una educación distinta según sus necesidades y preferencias. Los colegios no podrán especializarse en la educación de alumnos que compartan ciertas características, ni desarrollar proyectos educativos que promuevan el desarrollo de habilidades específicas que requieran del compromiso de las familias o predisposición de los alumnos.
En cambio, el Mineduc será el encargado de ordenar a los postulantes y definir quiénes deban ser admitidos cuando no alcancen las vacantes para todos.
En el corto plazo, ya hay anuncios de colegios que cerrarán, pues no están en condiciones de cumplir con los nuevos requisitos referentes a la propiedad del inmueble y las restricciones al uso de la subvención, o que no están dispuestos a perder su proyecto educativo, que deberá ser sustituido paulatinamente por aquel que determine el Estado. Sin embargo, es probable que el grueso de los colegios no cierre, sino que busquen la forma de adaptarse a las nuevas reglas.
Así, lo más grave vendrá en el mediano y largo plazo: los establecimientos que sobrevivan dejarán de tener el espacio y motivación para la mejora. Nuestro sistema escolar, que ha sido reconocido por las evaluaciones internacionales (PISA, TIMSS y recientemente TERCE) como uno de los que más progresa no sólo dentro de la región, sino del mundo, se estancará. El gobierno, en lugar de retractarse y buscar un proyecto de consenso consistente con evidencia rigurosa, está empeñado en seguir adelante. Este proyecto está equivocado desde su origen, y si bien con la discusión en particular en el Senado se puede intentar disminuir sus perjuicios, lo cierto es que seguirá siendo un mal proyecto.
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