Señor Director:
El 17 de octubre pasado, la prensa informó que la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, después de un análisis jurisdiccional, llegó a la conclusión de que la fiscalización de esta "no puede incidir en el ámbito privado". Posteriormente, el 24 del mismo mes informó que el titular de dicha comisión, diputado Rincón, refiriéndose a las comisiones sobre el caso Penta y financiamiento de campañas electorales, habría expresado: "Las comisiones ya están creadas y ese acuerdo es de rango constitucional, por lo tanto, es complejo bajar aquello que la sala ya acordó en función de un mandato constitucional".
Quien ha seguido el caso queda entonces atónito. ¿Cómo puede un diputado que forma precisamente parte de la comisión constitucional hablar de un "acuerdo de rango constitucional"? Lo lógico sería que se apresurara en cumplir con lo que manda la Constitución en lugar de perseverar, a sabiendas, en actos inconstitucionales, y hablo en plural porque sé que también están investigando a la Universidad Arcis, que es privada.
Creo que diputados y senadores son los primeros que deben respetar las disposiciones constitucionales y legales que provienen precisamente del Poder Legislativo que ellos representan, máxime cuando se trata de facultades que a ellos les concierne. Lo peor es que pierden el tiempo que debieran dedicar a lo que sí les corresponde, ya que los antecedentes que junten no tendrán valor alguno ante ninguna autoridad por adolecer de nulidad absoluta. Es más, hacen perder el tiempo a otras personas, ya que citan a quienes estiman conveniente, y los citados, ignorando que no están facultados para ello, se sienten obligados a concurrir.
Interesante sería saber cómo obligar a los honorables a no excederse en sus facultades. A lo mejor aparece un movimiento dedicado a este tema.
Raquel Camposano Echegaray
El 17 de octubre pasado, la prensa informó que la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, después de un análisis jurisdiccional, llegó a la conclusión de que la fiscalización de esta "no puede incidir en el ámbito privado". Posteriormente, el 24 del mismo mes informó que el titular de dicha comisión, diputado Rincón, refiriéndose a las comisiones sobre el caso Penta y financiamiento de campañas electorales, habría expresado: "Las comisiones ya están creadas y ese acuerdo es de rango constitucional, por lo tanto, es complejo bajar aquello que la sala ya acordó en función de un mandato constitucional".
Quien ha seguido el caso queda entonces atónito. ¿Cómo puede un diputado que forma precisamente parte de la comisión constitucional hablar de un "acuerdo de rango constitucional"? Lo lógico sería que se apresurara en cumplir con lo que manda la Constitución en lugar de perseverar, a sabiendas, en actos inconstitucionales, y hablo en plural porque sé que también están investigando a la Universidad Arcis, que es privada.
Creo que diputados y senadores son los primeros que deben respetar las disposiciones constitucionales y legales que provienen precisamente del Poder Legislativo que ellos representan, máxime cuando se trata de facultades que a ellos les concierne. Lo peor es que pierden el tiempo que debieran dedicar a lo que sí les corresponde, ya que los antecedentes que junten no tendrán valor alguno ante ninguna autoridad por adolecer de nulidad absoluta. Es más, hacen perder el tiempo a otras personas, ya que citan a quienes estiman conveniente, y los citados, ignorando que no están facultados para ello, se sienten obligados a concurrir.
Interesante sería saber cómo obligar a los honorables a no excederse en sus facultades. A lo mejor aparece un movimiento dedicado a este tema.
Raquel Camposano Echegaray
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