Huenchumilla y el plan de desarrollo para La Araucanía
El próximo 24 de julio tendrá lugar la interpelación al ministro del Interior en relación a la situación de La Araucanía. Diputados de la Alianza han manifestado que esperan del ministro compromisos específicos, plazos y metas para solucionar el problema en la zona. El gobierno, por su parte, ha anunciado la creación de una “mesa de políticas públicas” para “afrontar la situación de violencia y necesidades” en La Araucanía y parte del Biobío, integrada por el MOP, Desarrollo Social, Agricultura e Interior.
La cruda verdad es que no se puede esperar mucho ni de la interpelación ni de la anunciada mesa. Ambas representan un eslabón más de una forma agotada e inadecuada de enfrentar la cuestión. La interpelación, porque vuelve a reducir un tema país -que debiera tratarse como una política de Estado- a una riña político-partidista, como ha venido ocurriendo durante los últimos 20 años. Y la mentada “mesa de políticas públicas”, porque supone apostar a que la entrega de beneficios materiales todavía puede ser una forma eficiente de apaciguar el “conflicto”, lo que de paso genera un incentivo perverso a la violencia.
Hay conceptos y estrategias que simplemente ya no dan para más.La Presidenta Bachelet, en la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, volvió a hablar de la necesidad de un “nuevo trato”, concepto al que ya han recurrido tres presidentes en el pasado, incluida ella misma. Por su parte, si bien no hay nada malo en proponer planes especiales de desarrollo o paquetes específicos de beneficios estatales, a estas alturas ya no tiene credibilidad alguna presentarlas como una solución a la situación que se vive en la zona. Por lo demás, los gobiernos tienen la obligación permanente de implementar programas de esa naturaleza no sólo por exigencias de focalización de gasto social, sino además porque existe un mandato específico en la Ley Indígena en ese sentido al menos respecto de las Areas de Desarrollo Indígena, de las cuales hay cinco entre el Biobío y La Araucanía.
En contraste con estos desaciertos, ha sido una buena noticia el anuncio realizado por el gobierno del inicio de un proceso de consulta para la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Indígenas, medidas que apuntan a una institucionalidad que otorgue reconocimiento, visibilidad y canales efectivos de participación a los pueblos indígenas. Aunque se trata de una propuesta que mira al interés general de todos los pueblos indígenas y no sólo del pueblo Mapuche, debiera transformarse en un mecanismo potente de mayor inclusión y participación de ese pueblo y, por lo mismo, favorecer una mejor convivencia en la zona.
Donde no se avizoran buenas noticias es en materia de tierras. Los últimos anuncios -”fortalecer” el programa de compra de tierras; desarrollar un catastro de las tierras a comprar en los próximos cuatro años; utilizar el mecanismo de expropiaciones para entregar tierras a indígenas- implican la mantención y profundización del status quo y, por lo mismo, una garantía de que los “conflictos” se perpetuarán indefinidamente en el tiempo, con la secuela intolerable de tensión, violencia y sufrimiento que ya conocemos.
El Intendente Huenchumilla intuyó correctamente el desastre que implica mantener el status quo en materia de entrega de tierras, y por eso sus declaraciones al inicio de su gestión fueron bienvenidas como una evidencia de que el “conflicto” tiene un importante componente político que debe ser abordado como tal. Con el correr de las semanas, sin embargo, ha incurrido en declaraciones desafortunadas y todo indica que ahora es partidario de sumar más recursos y herramientas a una política de entrega de tierras que sólo puede generar más costos humanos. Mejor sería volver a su correcta intuición inicial: sólo un diálogo amplio y con altura de miras entre los pueblos Indígenas, el Estado y los demás actores sociales permitirá acercar posiciones y generar acuerdos respecto a cómo abordar el tema de las tierras en el largo plazo, de un modo que permita cumplir con nuestras obligaciones legales, sin por ello seguir comprometiendo gravemente la paz social en La Araucanía.
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