Suscrita por siete personas: "No debemos centrarnos en la naturaleza del sostenedor, sino en sus resultados; conviene juzgar aspectos que tienen que ver con calidad y buen uso de recursos..."
Han sido dados a conocer los elementos centrales de la primera reforma sustantiva en materia educacional del gobierno de la Presidenta Bachelet, materializándose los compromisos del programa de la Nueva Mayoría en torno al término del lucro, la selección y el financiamiento compartido. Queremos decirlo en forma clara: se trata de una mala reforma. No solo es técnicamente incorrecta y basada en evidencia no conclusiva, sino que, y más importante aún, es injusta: vulnera la esencia de una sociedad de libertades y responsabilidades, fundada en un concepto de justicia, donde el mérito, la creatividad, el pluralismo y el esfuerzo son componentes clave en el guión que día a día van escribiendo millones de chilenos junto a sus familias.
Es de la naturaleza de un sistema que cuenta con proyectos educativos diversos dar libertad tanto a los padres como a los sostenedores para escoger aquel que quieren desarrollar. Ahora bien, si el diagnóstico es que los padres no saben elegir correctamente el colegio para sus hijos que mejor se ajusta a sus preferencias, la solución no es limitar la diversidad de proyectos educativos, sino mejorar la información que el sistema entrega a quienes toman las decisiones. La clasificación de colegios que por ley debe realizar la Agencia de la Calidad es un primer paso en este sentido. Asimismo, respecto de la selección por criterios académicos, ella está hoy permitida en la ley desde 7° básico y es una forma de dar mejores alternativas de educación a alumnos especialmente esforzados o con talentos específicos (música, ciencia, deportes, etcétera).
Por otro lado, cuando hablamos de lucro en la educación escolar no nos estamos refiriendo a abuso, sino a la legítima ganancia de quienes inician un proyecto educativo para contribuir a desarrollar el talento de nuestros niños, típicamente profesores o ex profesores. Entre los establecimientos particulares subvencionados, hay cerca de 1,2 millones de alumnos asistiendo a los más de cuatro mil colegios de sostenedores con fines de lucro (36% de la matrícula nacional), los cuales registran una mayor proporción de alumnos vulnerables en su matrícula y un menor nivel de copago respecto de los establecimientos sin fines de lucro.
Además de atender a niños en promedio más vulnerables que los que asisten a establecimientos sin fines de lucro, los planteles con fines de lucro son la mayor fuente no estatal de educación laica, aportando de manera decisiva a la pluralidad de proyectos educativos existentes. No debemos centrarnos en la naturaleza del sostenedor, sino en sus resultados; conviene juzgar aspectos que tienen que ver con calidad y buen uso de recursos. Esto último es tarea de la Agencia de Calidad y la Superintendencia, respectivamente.
Para finalizar, creemos que el financiamiento compartido ha sido un importante aporte al desarrollo del sector escolar en los últimos 20 años, recogiendo el anhelo de muchos padres de contribuir en la educación de sus hijos con la esperanza de que ellos accedan a una de mejor calidad. Algunos han criticado que el crecimiento del sector con financiamiento compartido ha generado segregación, no en el sentido de discriminación, sino en el sentido de segmentar a los estudiantes de acuerdo con su capacidad de pago. Respecto de este punto, avanzar en instrumentos efectivos que lleven a que el sistema escolar sea más inclusivo y que, al mismo tiempo, se permita a los padres aportar económicamente a la educación de sus hijos es posible.
Existe consenso acerca de que nuestro sistema educativo es perfectible, pero los esfuerzos deben ir principalmente a aumentar la calidad y no a poner trabas a la educación particular. Hay que respetar las decisiones de las familias chilenas y el desarrollo de proyectos distintos que se adecuen a la diversidad que existe entre los chilenos. Lamentablemente, el proyecto de reforma educacional del Gobierno no va en este sentido, y apunta fundamentalmente a transferir al Estado responsabilidades que hoy son de las familias respecto de la educación de sus hijos.
Jorge Acosta
Instituto Res Publica
Gonzalo Blumel
Fundación Avanza Chile
Antonio Horvath
Instituto Libertad
Jorge Jaraquemada
Fundación Jaime Guzmán E.
Axel Kaiser
Fundación para el Progreso
Luis Larraín
Libertad y Desarrollo
Hernán Larraín
Horizontal
Es de la naturaleza de un sistema que cuenta con proyectos educativos diversos dar libertad tanto a los padres como a los sostenedores para escoger aquel que quieren desarrollar. Ahora bien, si el diagnóstico es que los padres no saben elegir correctamente el colegio para sus hijos que mejor se ajusta a sus preferencias, la solución no es limitar la diversidad de proyectos educativos, sino mejorar la información que el sistema entrega a quienes toman las decisiones. La clasificación de colegios que por ley debe realizar la Agencia de la Calidad es un primer paso en este sentido. Asimismo, respecto de la selección por criterios académicos, ella está hoy permitida en la ley desde 7° básico y es una forma de dar mejores alternativas de educación a alumnos especialmente esforzados o con talentos específicos (música, ciencia, deportes, etcétera).
Por otro lado, cuando hablamos de lucro en la educación escolar no nos estamos refiriendo a abuso, sino a la legítima ganancia de quienes inician un proyecto educativo para contribuir a desarrollar el talento de nuestros niños, típicamente profesores o ex profesores. Entre los establecimientos particulares subvencionados, hay cerca de 1,2 millones de alumnos asistiendo a los más de cuatro mil colegios de sostenedores con fines de lucro (36% de la matrícula nacional), los cuales registran una mayor proporción de alumnos vulnerables en su matrícula y un menor nivel de copago respecto de los establecimientos sin fines de lucro.
Además de atender a niños en promedio más vulnerables que los que asisten a establecimientos sin fines de lucro, los planteles con fines de lucro son la mayor fuente no estatal de educación laica, aportando de manera decisiva a la pluralidad de proyectos educativos existentes. No debemos centrarnos en la naturaleza del sostenedor, sino en sus resultados; conviene juzgar aspectos que tienen que ver con calidad y buen uso de recursos. Esto último es tarea de la Agencia de Calidad y la Superintendencia, respectivamente.
Para finalizar, creemos que el financiamiento compartido ha sido un importante aporte al desarrollo del sector escolar en los últimos 20 años, recogiendo el anhelo de muchos padres de contribuir en la educación de sus hijos con la esperanza de que ellos accedan a una de mejor calidad. Algunos han criticado que el crecimiento del sector con financiamiento compartido ha generado segregación, no en el sentido de discriminación, sino en el sentido de segmentar a los estudiantes de acuerdo con su capacidad de pago. Respecto de este punto, avanzar en instrumentos efectivos que lleven a que el sistema escolar sea más inclusivo y que, al mismo tiempo, se permita a los padres aportar económicamente a la educación de sus hijos es posible.
Existe consenso acerca de que nuestro sistema educativo es perfectible, pero los esfuerzos deben ir principalmente a aumentar la calidad y no a poner trabas a la educación particular. Hay que respetar las decisiones de las familias chilenas y el desarrollo de proyectos distintos que se adecuen a la diversidad que existe entre los chilenos. Lamentablemente, el proyecto de reforma educacional del Gobierno no va en este sentido, y apunta fundamentalmente a transferir al Estado responsabilidades que hoy son de las familias respecto de la educación de sus hijos.
Jorge Acosta
Instituto Res Publica
Gonzalo Blumel
Fundación Avanza Chile
Antonio Horvath
Instituto Libertad
Jorge Jaraquemada
Fundación Jaime Guzmán E.
Axel Kaiser
Fundación para el Progreso
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Libertad y Desarrollo
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