Felipe Larraín y Sergio Urzúa:"Si el objetivo final es cubrir la totalidad del gasto privado en educación superior, el costo podría encumbrarse sobre los US$ 4.500 millones anuales, equivalentes al 1,7% del producto de Chile..."
Poco sabemos aún respecto del detalle de la tan anunciada reforma estructural que ha planteado el Gobierno sobre el sistema educacional chileno. Si bien el ambicioso plan de cambios esbozado en el programa de la Nueva Mayoría incluye modificaciones en cada uno de los niveles, no hay duda de que la propuesta de "gratuidad universal y efectiva en todos los niveles de la educación superior" es la que ha generado a la fecha mayor atención.
¿Cuál es el costo de esta propuesta? Si bien no existe un dato oficial -¿no le parece increíble?-, distintas estimaciones sugieren que al menos esto debería costar US$ 1.500 millones al año, es decir, más del 60% del presupuesto actual dedicado a educación superior. Si bien para estimar el costo incremental es necesario ajustar la cifra por los programas de financiamiento hoy vigentes, en términos agregados este sería el costo aproximado de entregar gratuidad en las universidades del CRUCh. Ahora bien, si como han planteado expertos ligados a la Nueva Mayoría, el objetivo final es cubrir la totalidad del gasto privado en este nivel, el costo podría encumbrarse sobre los US$ 4.500 millones, equivalentes al 1,7% del producto de Chile (OCDE).
Cualquiera sea el caso, estamos hablando de montos históricos, que beneficiarán a la población más aventajada -12 años de educación de pobre calidad limitan las posibilidades de que familias más vulnerables envíen a sus hijos a la educación superior-, y en último término serán pagados por todos los chilenos.
Pero más allá de la regresividad de la medida, tema ya planteado por técnicos de distintas afinidades políticas, es necesario preguntarse por la real conveniencia de que Chile realice tamaño esfuerzo. Pongámoslo en perspectiva: Suponiendo que con la reforma tributaria el Estado logra recolectar en el mediano plazo recursos frescos por US$ 8.200 millones, cosa que parece cada vez más difícil, ¿verdaderamente la idea es gastarse al menos 20% de estos recursos entregando gratuidad? Esto parece al menos cuestionable.
En este sentido, la idea de gratuidad en educación superior -originada en las demandas de los estudiantes, recogida por unos pocos expertos e incluida en el programa de gobierno de una coalición que incluye al Partido Comunista- parece obviar completamente las enormes necesidades de nuestro sistema de educación prebásico, básico y medio. Nadie puede argumentar que el retorno social de cada peso gastado en educación superior es mayor que el retorno social de invertir en primera infancia o en educación básica. Esto refutaría toda la evidencia internacional al respecto. Por supuesto que el costo de oportunidad de los recursos no sería relevante en un contexto en el que los recursos públicos fuesen ilimitados, pero ese mundo ideal no existe.
Por eso cuesta entender, por ejemplo, por qué mientras uno de los anuncios más importantes del programa de la Nueva Mayoría en materia de primera infancia (el aumento de cobertura en salas cuna a través de la incorporación de "90 mil niños y niñas en el tramo 0 a 2 años", tramo de edad en que incluso la literatura no es clara respecto de los efectos positivos de separar al hijo de la madre) tiene un costo anual aproximado de US$ 300 millones, los cambios en educación superior son al menos cinco veces superiores. ¿Qué explica esta desigualdad en la distribución de los recursos públicos? ¿Quizás el derecho social de acceso a educación superior? Difícil. El derecho de un niño a tener educación prebásica y básica de calidad parece más apremiante, por eso la necesidad de invertir en educación temprana es reconocida transversalmente como una prioridad.
De hecho, Educación 2020 ha planteado la existencia de un déficit de US$ 600 millones en cuanto a educación parvularia, para alcanzar lo que en su visión es "la reforma educativa que Chile necesita". A la luz de los resultados recientes respecto del impacto de la educación preescolar en Chile, en donde no se encuentran resultados positivos robustos, probablemente esos US$ 600 millones sean insuficientes.
Un sistema de educación superior de calidad debe ser una viga estructural de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo. Pero gratuidad no es sinónimo de calidad. Los esfuerzos en este nivel deben apuntar a alinear los incentivos de los estudiantes, premiando el esfuerzo y promoviendo la meritocracia. Necesitamos asegurar que ningún estudiante talentoso sea excluido del sistema producto de su origen socioeconómico. Del mismo modo, es necesario resolver los problemas de agencias entre las universidades y el Estado, promoviendo la competencia y transparencia en el sistema. Por supuesto, todo lo anterior requiere una revisión del sistema de financiamiento universitario, pero no es obvio que la gratuidad contribuya a alcanzar estos objetivos.
Ahora bien, si queremos realmente mejorar la distribución de oportunidades, el desafío está en lo que ocurre en los primeros años del proceso educativo. Es en ese período crítico del desarrollo donde debemos priorizar los esfuerzos. Necesitamos predistribuir, para redistribuir.
Felipe Larraín B.
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales,
CLAPES UC
Sergio Urzúa S.
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales,
CLAPES UC
Universidad de Maryland
¿Cuál es el costo de esta propuesta? Si bien no existe un dato oficial -¿no le parece increíble?-, distintas estimaciones sugieren que al menos esto debería costar US$ 1.500 millones al año, es decir, más del 60% del presupuesto actual dedicado a educación superior. Si bien para estimar el costo incremental es necesario ajustar la cifra por los programas de financiamiento hoy vigentes, en términos agregados este sería el costo aproximado de entregar gratuidad en las universidades del CRUCh. Ahora bien, si como han planteado expertos ligados a la Nueva Mayoría, el objetivo final es cubrir la totalidad del gasto privado en este nivel, el costo podría encumbrarse sobre los US$ 4.500 millones, equivalentes al 1,7% del producto de Chile (OCDE).
Cualquiera sea el caso, estamos hablando de montos históricos, que beneficiarán a la población más aventajada -12 años de educación de pobre calidad limitan las posibilidades de que familias más vulnerables envíen a sus hijos a la educación superior-, y en último término serán pagados por todos los chilenos.
Pero más allá de la regresividad de la medida, tema ya planteado por técnicos de distintas afinidades políticas, es necesario preguntarse por la real conveniencia de que Chile realice tamaño esfuerzo. Pongámoslo en perspectiva: Suponiendo que con la reforma tributaria el Estado logra recolectar en el mediano plazo recursos frescos por US$ 8.200 millones, cosa que parece cada vez más difícil, ¿verdaderamente la idea es gastarse al menos 20% de estos recursos entregando gratuidad? Esto parece al menos cuestionable.
En este sentido, la idea de gratuidad en educación superior -originada en las demandas de los estudiantes, recogida por unos pocos expertos e incluida en el programa de gobierno de una coalición que incluye al Partido Comunista- parece obviar completamente las enormes necesidades de nuestro sistema de educación prebásico, básico y medio. Nadie puede argumentar que el retorno social de cada peso gastado en educación superior es mayor que el retorno social de invertir en primera infancia o en educación básica. Esto refutaría toda la evidencia internacional al respecto. Por supuesto que el costo de oportunidad de los recursos no sería relevante en un contexto en el que los recursos públicos fuesen ilimitados, pero ese mundo ideal no existe.
Por eso cuesta entender, por ejemplo, por qué mientras uno de los anuncios más importantes del programa de la Nueva Mayoría en materia de primera infancia (el aumento de cobertura en salas cuna a través de la incorporación de "90 mil niños y niñas en el tramo 0 a 2 años", tramo de edad en que incluso la literatura no es clara respecto de los efectos positivos de separar al hijo de la madre) tiene un costo anual aproximado de US$ 300 millones, los cambios en educación superior son al menos cinco veces superiores. ¿Qué explica esta desigualdad en la distribución de los recursos públicos? ¿Quizás el derecho social de acceso a educación superior? Difícil. El derecho de un niño a tener educación prebásica y básica de calidad parece más apremiante, por eso la necesidad de invertir en educación temprana es reconocida transversalmente como una prioridad.
De hecho, Educación 2020 ha planteado la existencia de un déficit de US$ 600 millones en cuanto a educación parvularia, para alcanzar lo que en su visión es "la reforma educativa que Chile necesita". A la luz de los resultados recientes respecto del impacto de la educación preescolar en Chile, en donde no se encuentran resultados positivos robustos, probablemente esos US$ 600 millones sean insuficientes.
Un sistema de educación superior de calidad debe ser una viga estructural de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo. Pero gratuidad no es sinónimo de calidad. Los esfuerzos en este nivel deben apuntar a alinear los incentivos de los estudiantes, premiando el esfuerzo y promoviendo la meritocracia. Necesitamos asegurar que ningún estudiante talentoso sea excluido del sistema producto de su origen socioeconómico. Del mismo modo, es necesario resolver los problemas de agencias entre las universidades y el Estado, promoviendo la competencia y transparencia en el sistema. Por supuesto, todo lo anterior requiere una revisión del sistema de financiamiento universitario, pero no es obvio que la gratuidad contribuya a alcanzar estos objetivos.
Ahora bien, si queremos realmente mejorar la distribución de oportunidades, el desafío está en lo que ocurre en los primeros años del proceso educativo. Es en ese período crítico del desarrollo donde debemos priorizar los esfuerzos. Necesitamos predistribuir, para redistribuir.
Felipe Larraín B.
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales,
CLAPES UC
Sergio Urzúa S.
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales,
CLAPES UC
Universidad de Maryland
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