Un cierto clima de crispación

El primero que puso plazos estresantes a los programas de gobierno fue el Presidente Ricardo Lagos, cuando ordenó a su ministra de Salud, Michelle Bachelet, terminar con las esperas en los consultorios en 90 días. La ministra sólo logró acercarse al 90% de reducción al fin de ese período, pero su gestión fue considerada un triunfo y Lagos confirmó a Bachelet en su puesto.

La doble lección de esa experiencia -metas ambiciosas, éxitos limitados- parece haber sido olvidada por las administraciones posteriores. En el 2006, la misma Bachelet inició su gobierno anunciando un paquete de 36 medidas para los primeros 100 días: una cada tres días. En el 2010, Sebastián Piñera subió la apuesta hasta 120 medidas en 120 días (una por día). Este año, Bachelet inició su segundo mandato con una meta más alta que la de su primer mandato, aunque más modesta que la de Piñera: 50 medidas en 100 días, una cada dos días.

La cuestión de los días iniciales ha pasado a ser un fetiche de la política chilena, aunque todos saben que muchas de las “medidas” deben ser proyectos legislativos y no podrán cumplir con tales tiempos. Quizás los ideólogos de estos “paquetes” piensen que sirven para ganar elecciones y no crean de veras en su perfecta viabilidad (sería escalofriante que lo pensaran así). De todos modos, introducen en la gestión de gobierno una especie de frenesí que no parece propio de ninguna empresa colectiva.

En el caso de Bachelet, este ajetreo es ligeramente disonante con su propia valoración de las virtudes de la gradualidad, una conclusión que quizás cristalizó con la desastrosa tesis del big bang en el Transantiago. Sin embargo, también es cierto que su segundo gobierno nace de un diagnóstico acerca de las demandas sociales acumuladas, cuyo concepto subyacente no es la complejidad, sino la urgencia. Es la idea -no tan nueva- del “polvorín social”. Lo que se sigue de ello, lógicamente, es el imperio de apurarse antes de que la incandescencia alcance a la pólvora.

También es lógico que en un diagnóstico político -que sólo puede ser eso, no una verdad revelada- se mezclen observaciones contingentes, aspiraciones de mediana edad y tópicos más bien históricos. La reforma radical de la educación, por ejemplo, tiene sólo unos tres años; el cambio de la estructura tributaria atravesó varios gobiernos de la Concertación (e incluso parte del de Piñera) y alcanza, quizás, unos 10 años; la modificación del sistema binominal procede de fines de los 80, pero su viabilidad sólo se ha hecho posible justo cuando la centroizquierda ha obtenido una fuerte mayoría con el mismo sistema.

A pesar de sus diferencias en alcance y consecuencias, el gobierno ha abierto la discusión simultánea sobre los tres temas -y otros cuantos más- en poco más de un mes, con un modelo conceptual que parece medir su acierto por la reacción de sus opositores: los ricos ante los impuestos, los privilegiados ante la educación, la derecha ante el sistema electoral. ¿Simplificación de aficionados? ¿Sensación de mayoría? ¿Convicción en el diagnóstico? ¿Fin de la voluntad de construir acuerdos políticos?

Cualquiera sea el fundamento de sus decisiones, el hecho cierto es que en seis semanas la conducta del gobierno (combinada con la de algunos de sus parlamentarios) ha instalado un cierto clima de crispación en el espacio público, un ambiente propiciado también por un estado tan penoso de la oposición, que ella aparece liderada sólo por los remanentes del gobierno saliente.

Este clima está haciendo que la reforma tributaria resulte un poco más complicada de lo que parecía -las encuestas muestran que el escepticismo no ha sido derrotado por el discurso-, pero por sobre todo empieza a configurar un panorama difícil para la transformación más importante, la del sistema educacional, y si el ministro Nicolás Eyzaguirre enfrenta muy prematuramente la desconfianza de distintos interlocutores no es sólo porque carezca de un programa preciso -su tarea no era tenerlo, sino construirlo-, sino sobre todo porque un ambiente semejante no es el mejor para suavizar el roce entre intereses y expectativas.

Sería una paradoja sardónica que la urgencia, la marcha forzada o el mito de los 100 días terminaran dañando la profundidad de un gobierno elegido con las mayorías más sustanciosas del último cuarto de siglo.