ningún delito puede ser justificado o atenuado bajo el argumento que obedece a luchas o reivindicaciones históricas, políticas o territoriales‏

SEBASTIÁN DONOSO, DIARIO LA TERCERA, LUNES 3 DE MARZO DE 2014HTTP://VOCES.LATERCERA.COM/2014/03/03/SEBASTIAN-DONOSO/REFLEXIONES-SOBRE-UN-VEREDICTO/

Reflexiones sobre un veredicto

El Tribunal Oral de Temuco condenó el viernes a Celestino Córdova a 18 años de cárcel por el incendio con resultado de muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay. Como se sabe, el tribunal estimó que no hubo ánimo terrorista en dicho delito, por lo que excluyó la aplicación de la ley antiterrorista.

Es difícil abstraerse de las naturales emociones que impregnan este caso. El veredicto ha estado cruzado por la discusión sobre si correspondía aplicar la ley antiterrorista, que contempla penas más altas. Lo que está claro es que debemos evitar conclusiones apresuradas.

Una primera conclusión apresurada es afirmar que en Chile -y en la Araucanía en particular- no existe terrorismo. Si bien en este caso el tribunal estimó que no había ánimo terrorista, en el caso Seco Fourcade sí llegó a la convicción que se trataba de una conducta terrorista. Chile se ha dado una legislación para combatir el terrorismo, y esa legislación ha sido modificada varias veces en democracia, la última en el 2010. Si de verdad creemos en un estado de derecho, la ley antiterrorista deberá ser aplicada cada vez que los hechos investigados así lo ameriten. Porque podemos discutir si en el caso tal o cual hubo o no ánimo terrorista, pero de una cosa no hay duda: en la Araucanía buena parte de la población vive hoy bajo el temor constante de sufrir hechos similares.

Una segunda conclusión apresurada es sostener que la única solución a la grave situación que afecta a las regiones de la Araucanía y del Biobío es precisamente la aplicación de la ley antiterrorista, el aumento de efectivos policiales y, en general, la aplicación de ‘mano dura’. El trabajo de la policía, las labores de inteligencia y la efectividad de la persecución judicial son condición necesaria pero no suficiente. Reducir el mal llamado ‘conflicto mapuche’ a una cuestión de orden y seguridad, o a una discusión jurídica sobre la aplicación de una ley, es no entender nada de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 20 años o, si queremos ampliar la mirada, desde que Chile es una república independiente.

El debate sobre la aplicación de la ley antiterrorista obstaculiza un diálogo que ya es urgente sobre varias cuestiones que son esenciales para la convivencia en la Araucanía y Biobío.

Primero, no podemos permitir que ningún delito sea justificado o atenuado bajo el argumento que obedece a luchas o reivindicaciones históricas, políticas o territoriales. Aquí se echa de menos un pronunciamiento categórico de todos los actores sociales, incluidas las organizaciones indígenas, porque sin un compromiso total por la no violencia no hay solución posible. Lo anterior exige, en paralelo, que seamos capaces de generar instancias de diálogo sobre una serie de materias que son importantes para los pueblos indígenas: tierras, institucionalidad, representación política, etc.

Segundo, necesitamos un compromiso igualmente absoluto de la policía para ajustar todas sus actuaciones a un irrestricto apego a los derechos humanos, en particular ante escenarios de cumplimiento de órdenes judiciales, manifestaciones públicas, lecturas de veredictos, etc., sobre todo habiendo niños o adultos mayores de por medio. Finalmente, debemos dar un mensaje muy claro en el sentido que en Chile los derechos humanos son de todos; son tan importantes los derechos humanos de los indígenas como los de agricultores, empresarios, carabineros y otros ciudadanos no indígenas.