El Estado, las compras forzadas y los vicios del consentimiento‏

AXEL BUCHHEISTER, DOMINGO 2 DE MARZO DE 2014HTTP://VOCES.LATERCERA.COM/2014/03/02/AXEL-BUCHHEISTER/EL-ESTADO-Y-LAS-COMPRAS-FORZADAS/

El Estado y las compras forzadas

EN LA Araucanía, pocos dudan que el estado de derecho se encuentra severamente debilitado, cuando a diario hay tomas y usurpaciones de predios, robos y amenazas, y a los autores no les sucede nada. Delitos que con frecuencia se cometen a vista y paciencia de quien vaya pasando.

Lo anterior no se ve alterado por la reciente condena de Celestino Córdova, porque es una reacción excepcional a un caso muy grave. Pero la generalidad de los delitos menos graves quedan impunes, porque ha sido política oficial mantener una actitud pasiva, para “no extremar las cosas”. Política que, aparte de injusta para las víctimas, es errada, porque combatir las infracciones menores es clave para impedir que el ambiente delictivo escale. Así, en el sur de Chile, aquel que usurpa un predio y advierte que no hay consecuencias, no será de extrañar que luego robe, queme y quizás mate.

Se suele decir que la responsabilidad del Estado en todo esto ha sido por omisión, al dejar la ley sin aplicación, pero no se advierte que con frecuencia la tiene por acción: infringir la ley directa y conscientemente. Es el caso de la política oficial de varios gobiernos de comprar predios tomados. De acuerdo con la institucionalidad, si el Estado quiere beneficiar a miembros de la etnia mapuche entregándoles tierras que reclaman, debiera aprobar una ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, y pagar el valor real del bien. Ante ello, el expropiado gozaría constitucionalmente de al menos un derecho: impugnar ante los tribunales el valor ofrecido, que debe dejarlo “indemne”. Alternativamente, podría allanarse y vender en un precio voluntariamente acordado.

Pero el Estado prefirió saltarse el camino institucional. Ha tomado palco y creó un fondo para adquirir tierras, que compra aquellas que han sido tomadas o cuyos dueños han sido objeto de una desgastante hostilización. Entonces, a éstos no les queda otra alternativa que vender al Estado y al valor que éste fije, ya que no hay nadie más que se interese en adquirirlas. Se asume que hay una compra normal, pero no es así.

Según el Código Civil, cualquier contrato celebrado bajo “fuerza”, que es la presión indebida para inducir a contratar, está viciado y adolece de nulidad. El mismo código precisa que no se necesita que la coacción la haya empleado la contraparte en el contrato, sino que cualquier persona, para obtener el consentimiento. Tampoco es justificación que el precio sea supuestamente el correcto, porque el vendedor no quiere vender, es obligado a hacerlo. De este modo, la mayoría de las compras de tierras para entregarlas a comunidades mapuches están viciadas. Un caso de texto para que enseñen los profesores de derecho civil los “vicios del consentimiento”. Las víctimas de la coacción podrían demandar la nulidad de los contratos, la restitución de lo suyo y los perjuicios sufridos, en lo cual sin duda tiene responsabilidad el Estado. Eso, si hubiera un estado de derecho en nuestro país, porque todos sabemos el destino que tendrían esas demandas.

Solemos decir que este es un país legalista, pero en realidad lo que campea son las formas de no cumplir con la ley. Y el “buen Estado” no actúa muy distinto si así le conviene.